Ofrecimiento del Gobierno a las Farc, sólo una pequeña esperanza

En su declaración, Restrepo hizo claridad en el sentido de que los subversivos que son procesados por delitos atroces también recibirían los beneficios. "No hay límite en cuanto al tipo de delito cometido ni hay limite en cuanto a la pena o condena que estas personas deben pagar en las cárceles. De hecho, para nosotros (Gobierno) es bastante claro que este artículo establece un mecanismo adicional de suspensión provisional de la pena, distinto al que ya existe".

El primero en dar la voz de alerta fue el fiscal Mario Iguarán, quien aseguró que la iniciativa presidencial puede aplicarse siempre y cuando tenga en cuenta los principios de justicia, verdad y reparación.

El no investigar y juzgar a quienes están acusados por delitos de lesa humanidad abre las puertas para que en el futuro, la Corte Penal Internacional pueda investigar a Colombia.

El argumento legal lo entregó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en un comunicado recordó este viernes los principios bajo los cuales se define quiénes pueden recibir beneficios para su excarcelación.

La Oficina señala que el decreto "puede facilitar la búsqueda de opciones y alternativas para lograr la liberación de esas personas sanas y salvas y en satisfactorias condiciones de seguridad, y en particular abrir la vía para la liberación de los rehenes".

Sin embargo, considera la alta Comisionada de las ONU para los DD.HH. que es imperativo definir cuidadosamente cuáles condenados podrían recibir beneficios. "El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma cautelan que no debe haber impunidad para los autores de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra".

No sólo la legislación internacional prohíbe conectar los delitos políticos con los delitos de lesa humanidad, también lo hace la Constitución colombiana, ante todo por la obligatoriedad de reconocer los derechos de las víctimas de los crímenes de guerra.

Y por ello, la Oficina exhortó al Gobierno a no otorgar beneficios previstos en dicho Decreto a integrantes de grupos armados ilegales, guerrilleros o paramilitares, procesados o condenados por conductas que, a la luz del derecho internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

No con ello, la representación de las Naciones Unidas negó la posibilidad de la liberación. Por el contrario, pidió de nuevo a los grupos armados ilegales liberar, de manera inmediata e incondicional, a todas las personas tomadas como rehenes.

Lo que ocurre, en palabras del politólogo Fernando Giraldo, es que la Corte Penal Internacional no tiene límites y en cualquier momento podría abocar el caso hasta dejar sin beneficio alguno a los subversivos eventualmente liberados.

Lo que quieren las Farc Después de la última liberación de secuestrados, el grupo subversivo anunció que no se darían más actos humanitarios unilaterales hasta tanto el Gobierno no aceptara el despeje de Pradera y Florida para allí negociar el Acuerdo Humanitario.

Precisamente, este viernes un editorial de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, Anncol, asegura que las Farc ya cumplieron su cuota. Este medio que publica información sobre el grupo insurgente, insiste en que Raúl Reyes estaba trabajando para lograr el acuerdo humanitario, pero "las Farc desde hace rato comprendieron que este acto humanitario con Uribe no prosperaría y había que explorar iniciativas audaces". Por eso, dicen, lograron comprometer a la senadora Piedad, a Chávez y este a otros gobiernos.

Camilo Gómez Alzate, el ex comisionado de Paz en el gobierno de Andrés Pastrana, cree que el decreto por sí solo complica las cosas porque las Farc buscan es hechos políticos y no actos humanitarios.

Para quien representó al Gobierno en las negociaciones del Caguán, es necesario buscar otras alternativas, como por ejemplo que la zona de negociación sea el departamento de Vichada donde se han producido las seis liberaciones de secuestrados. Además, ante la muerte del interlocutor Raúl Reyes, invitó a buscar otros canales, como el de Rodrigo Granda.

El nombre de Granda o el mismo presidente Hugo Chávez debería ser una opción que el Gobierno debe mirar, ante todo porque el canal principal de negociación se perdió y aparentemente no existe una comunicación eficaz en el interior del grupo guerrillero. "Hay que encontrar una fórmula", asegura.

En ello coincide el politólogo Fernando Giraldo, quien dice que en el decreto el Gobierno asume el Acuerdo Humanitario, cuando ello implica por lo menos dos partes. "Es una contradicción, porque sin acuerdo la guerrilla liberó seis secuestrados. En esta ocasión, tendría que haber negociación, lo que en realidad quiere la guerrilla.

Sin embargo, Giraldo cree que la propuesta del gobierno de Uribe deja una puerta abierta, a pesar de las pocas expectativas, porque más que acercarse hacia una liberación, podría significar un acercamiento a la negociación.