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Tres tutelas que estudia la Corte Constitucional podrían llevar a que se declare un incumplimiento mayúsculo del Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las Farc -hoy Partido Comunes-. Las demandas tienen que ver con la seguridad y protección de los excombatientes del grupo guerrillero, pues a la fecha han sido asesinados 276 (denunció hace dos días el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes) y persisten obstáculos para que se les brinden garantías básicas, como esquemas de seguridad. En documentos del proceso, que revela El Espectador, se evidencia que la Corte está estudiando si declarar un estado de cosas inconstitucional en torno al Acuerdo, a lo que el Gobierno se opone.
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Un estado de cosas inconstitucional (ECI), según ha dicho la Corte, es una “vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas”. El alto tribunal ha declarado estas violaciones masivas de derechos fundamentales en temas que se vuelven “papas calientes”: son tan complejos que terminan siendo responsabilidad de un puñado de entidades y, a la vez, de ninguna. Se ha declarado ECI, por ejemplo, alrededor de la crisis carcelaria, del sistema de pensiones o de la situación humanitaria en La Guajira. Pero esta sería la primera declaratoria que toque directamente al Acuerdo de Paz.
El caso lo tiene la magistrada Cristina Pardo -de las más conservadoras- y está todavía en una fase muy preliminar. “Debe la Sala dilucidar si teniendo en cuenta las circunstancias expuestas por las y los accionantes en sus demandas, y el material probatorio allegado al expediente, se sigue la necesidad de declarar el estado de cosas inconstitucional”, se lee en un auto conocido por este diario, que apenas fue notificado a las partes esta semana y en el que se impartieron 27 órdenes. Todas buscan recabar información relacionada con las condiciones de los excombatientes, el proceso de reincorporación y las acciones contra los grupos armados que los están matando.
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Las tutelas fueron seleccionadas y acumuladas a partir de una solicitud que enviaron abogados del Partido Comunes, en la que aseguraron que hay una violación sistemática del derecho a la vida de los firmantes del Acuerdo ¬asunto en el que organismos como Naciones Unidas han expresado preocupaciones¬ y que no hay jurisprudencia alrededor de la reincorporación. Su carta inicial recogía 11 tutelas que han tenido que presentar ex-Farc desde diversos puntos del país contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Procuraduría y otras entidades. De ese escrito, la Corte Constitucional entró a estudiar tres: dos de Nariño y una de Guaviare.
Aunque con hechos distintos, las tres tutelas guardan similitudes: excombatientes asentados en zonas donde hay actores armados le pidieron protección a la UNP. La entidad hizo un estudio de riesgo, pero en dos de los casos ni siquiera llegó a asignar los esquemas de seguridad, y en el tercero, de reincorporados de Tumaco (Nariño), sí les pusieron escoltas y carros blindados, solo que menos cantidad que los que la misma UNP había concluido eran necesarios. Aunque los jueces que revisaron las tutelas en primera y segunda instancias les dieron la razón a los excombatientes y ordenaron mayor diligencia de las autoridades, se encontraron con evasivas. En una respuesta, por ejemplo, la UNP dijo que la pandemia dificultaba que hubiera escoltas disponibles.
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“Cuando nos han sido asignados los esquemas es porque hemos acudido a tutelas, derechos de petición, desacatos. A veces nos cumplen, pero muy parcialmente”, le dijo a este diario un excombatiente de las Farc del departamento de Nariño que ha participado de las tutelas que hoy estudia la Corte. Además, dijo que los esquemas de seguridad tampoco lo solucionan todo: “Nosotros estamos pendientes de salir adelante con la reincorporación, pero por fuera está ocurriendo de todo. Hay un problema social que es del que se origina el riesgo: hay pobreza, negocios ilícitos”.
La Corte concluyó en el auto de esta semana que en el caso hay varios asuntos por esclarecer. Uno de ellos tiene que ver con “los alcances de la implementación del componente de reincorporación del Acuerdo de Paz y la incidencia de su posible incumplimiento -en particular, la garantía de seguridad-, en la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz de las y los excombatientes que suscribieron el Acuerdo”. Ya todas las entidades del Gobierno que han intervenido en el proceso pidieron no declarar un ECI, aunque no se refirieron de fondo a lo que denuncian los excombatientes.
Presidencia, en una respuesta conjunta del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería para la Estabilización, dijo que “los asuntos relacionados con las garantías de seguridad no son del resorte directo de esa oficina, pues existe una entidad encargada de dicha función, la Unidad Nacional de Protección”, según reseña la Corte. La UNP, a su vez, dijo que “responder por todos los hechos alegados en la demanda podría significar una extralimitación de funciones”. Y el Ministerio del Interior dijo que ha cumplido con sus funciones. La magistrada Pardo vinculó esta semana proceso al Ministerio de Defensa, al comando de las Fuerzas Militares y a la Policía, las que aún no responden.
La respuesta de la Fiscalía llegó firmada por la vicefiscal Martha Mancera, quien a su vez sigue fungiendo como directora de la Unidad Especial de Investigación -no hay una cabeza nombrada en propiedad-, dependencia creada con el Acuerdo para investigar crímenes contra excombatientes y desmontar el paramilitarismo. Según reseñó la Corte, la alta funcionaria dijo que los hechos de los que tratan las tutelas, como la presencia de grupos armados y los más de 270 exguerrilleros asesinados, forman parte de investigaciones penales en curso y que, para lo que piden en las demandas, los interesados “cuentan con instancias y mecanismos procesales”.
Pero las preguntas de la magistrada Pardo a estas entidades, así como a la Procuraduría, al Departamento de Planeación, a la Comisión de Garantías creada con el Acuerdo, entre otras, dejan ver que una lavada de manos no bastará. La Corte preguntó por cumplimiento de metas en la implementación, por protocolos que ya deberían estar en marcha, por la situación financiera de la UNP, por cuántos de los homicidios de ex-Farc han sido esclarecidos con imputaciones en firme. También quiere saber en qué van los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y qué tanto atienden la Fiscalía y la Policía las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo.
“Se reconoce que el problema es estructural y no depende de una única entidad”, dijo a El Espectador un abogado del equipo jurídico de los ex-Farc que pidió no ser nombrado. Y agregó: “La protección no depende de carros y escoltas de la UNP o de policías, es estructural. El auto reconoce eso: la integralidad de lo que implica la implementación del Acuerdo”. Además, contó que recientemente le pidieron al alto tribunal que convoque a una audiencia pública y que los magistrados vayan a las zonas donde hay excombatientes. Aún con mucho trecho por delante, confían en que este proceso pueda definir otro rumbo para la implementación de la paz.
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