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Este 30 de julio, varias organizaciones se unieron para presentar un informe que muestra cuáles son los principales desafíos que tiene Colombia para enfrentar la violencia en entornos escolares. También hace una síntesis de los avances que ha hecho el país para prevenirla.
En el documento participaron varias organizaciones que se han esforzado por comprender ese complejo fenómeno que está afectando a unos 246 millones de niños y niñas en todo el mundo. Entre ellas están Aulas en Paz, Red Papaz y Coalition for Good School.
En pocas palabras, el informe, llamado “Sin miedo en la escuela”, presenta el “panorama de Colombia con respecto a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en los colegios y sus alrededores: rumbo a la escuela, dentro del recinto escolar, en las aulas y en los espacios virtuales de aprendizaje”.
Con violencia, se lee en el documento, se refieren a acoso escolar (bullying), violencia sexual y de género, violencia física y psicológica, ciberacoso, (cyberbullying), hostigamiento digital, o violencia ejercida por profesores o cualquier tipo de funcionario escolar.
Para poder detallar cuál es el panorama en el país, los autores revisaron más de 40 documentos, entre los que se encuentran leyes, documentos de política, directrices, reportes, libros, páginas web, guías pedagógicas y materiales didácticos. También hicieron 20 entrevistas y 2 grupos focales con funcionarios del Ministerio de Educación, secretarías de educación, organizaciones de la sociedad civil, entre otras. Así mismo, llevaron cabo encuestas a 524 padres y cuidadores, a 206 profesores y a 38 personas de las secretarías de educación.
¿Qué encontraron en su investigación?
Tras analizar la información recopilada, las organizaciones decidieron agrupar los temas en 5 grandes categorías, en las que indican si ha habido progreso o no en el país, frente a una serie de indicadores que tiene cada una.
La primera categoría se refiere a la implementación de leyes y políticas en Colombia que tengan que ver con la prevención de violencia en las escuelas. Allí encontraron, por ejemplo, que el indicador “la prevención de la violencia en las escuelas y sus alrededores” se ha implementado a nivel nacional. Sin embargo, otra cosa muy distinta ocurre en el escenario regional, donde está “parcialmente implementado”. Lo mismo sucede en las escuelas.
Otro de los indicadores que componen esa categoría se refiere a la prohibición explícita de castigos corporales en las escuelas y a la existencia de políticas que apoyen la disciplina positiva. A nivel nacional, hallaron que esa es una apuesta parcialmente implementada.
“Colombia ha logrado avances significativos en cuanto a la promulgación de leyes y políticas a nivel nacional relacionadas con la protección de la infancia, la prevención de la violencia y la respuesta a ella (…) Sin embargo, existen vacíos en la implementación de dichas leyes y regulaciones que crean una brecha entre estas políticas y la realidad. No se ha consolidado plenamente un programa con una metodología a gran escala que permita la implementación efectiva de estas políticas”, concluyen en el documento.
Entre sus sugerencias, dicen que es necesario una “estrategia nacional, cohesiva, integrada y multisectorial para atender los incidentes de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todo el país”.
Frente a la categoría 2, que se refiere al “fortalecimiento de la prevención y la respuesta a nivel escolar”, también hallaron algunas fortalezas. Entre ellas, la existencia de “documentos, materiales, guías, lineamientos y recursos curriculares han sido desarrollados por el Ministerio de Educación, organizaciones de la sociedad civil, educadores y personas pertenecientes a la academia, para la enseñanza de habilidades socioemocionales, educación para la ciudadanía, para la paz y para la reconciliación”.
Pero, a su vez, el país enfrenta varios desafíos, como los vacíos en la formación de los docentes y de las directivas, y en el uso de materiales pedagógicos.
Por ese motivo, recomiendan, entre otras cosas, “estrategias de educación para la Ciudadanía, Socioemocional y para la Reconciliación en las escuelas, por medio de formación docente efectiva y el uso de herramientas pedagógicas probadas y contextualizadas”.
Frente a la categoría 3 (”Transformar las normas sociales y los comportamientos”), las organizaciones hallaron que “cada vez hay más consciencia en la sociedad y la comunidad educativa sobre las consecuencias de la violencia escolar y la importancia de prevenirla”. Educación para la paz, la resolución de conflictos y la educación ciudadana son algunos de los recursos que encontraron que están ayudando a lograr esa transformación.
Pese a esas buenas noticias, observaron un gran reto: “Se evidencia la carencia de suficientes orientadoras escolares y profesionales de salud mental”, señalan en un apartado. El otro gran reto que detectaron fue que la “violencia sigue siendo aceptada y normalizada” en Colombia, y aún se legitima el castigo físico.
Su sugerencia es que se divulgue información sobre la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia y la prevención de la violencia. También que se fortalezcan las habilidades de padres, cuidadores, líderes locales y diversos agentes sociales que participan en los entornos educativos.
Invertir más recursos y emplear la evidencia
Las categorías 4 y 5 del informe hacen referencia a otros dos temas claves a la hora de prevenir las violencias en los entornos escolares: la inversión de recursos de manera efectiva y la de generar y emplear la evidencia.
Frente a la primera, el documento muestra que hay una brecha en la financiación pública y privada. Hay Secretarías de Educación que no cuentan con “presupuesto o capital humano para apoyar la implementación de leyes y políticas relacionadas con la prevención y respuesta a la violencia escolar”. Es un vacío que, en algunas ocasiones, ha entrado a llenar organizaciones de la sociedad civil o fundaciones. Entre sus recomendaciones está que el Ministerio de Educación aumente los recursos destinados a la prevención de violencia.
Respecto a la última categoría, resaltan el hecho de que el país cuente con un Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) para reportar, analizar y monitorear casos de abuso y violencia escolar a nivel nacional. De hecho, dicen, hay Secretarías de Educación que tienen sistemas de monitoreo y seguimiento propios.
Sin embargo, hay un “pero”: “existen retos como la baja utilización del SIUCE por problemas de conectividad, falta de información o temor a afectar la reputación escolar”.
Aquí puede ver el informe completo:
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