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A partir de hoy el Distrito tiene dos meses para hacer los ajustes necesarios para el regreso a clases presenciales de los 399 colegios públicos de Bogotá. Y el reto no solo implica llegar a un acuerdo con padres y maestros para empezar un año (que definitivamente será diferente) o pensar en cómo llenar los vacíos en calidad educativa, sino replantear los escenarios tanto físicos como virtuales, ya que la pandemia continua y, como lo ha indicado Unicef, amenaza con causar daños irreversibles en la educación.
Hasta el momento se han habilitado 163 colegios y jardines infantiles privados para empezar las pruebas pilotos y volver a clases presenciales. Por su parte, en las instituciones oficiales, según la Secretaría de Educación, alrededor de 2.500 niños han regresado a 25 centros educativos. La meta para el próximo año será que todos vuelvan a partir del 25 de enero, con alternancia, y se arranque con refuerzos de lo que se enseñó en lo corrido de 2020.
Para facilitar la transición a la nueva realidad educativa, de momento el Distrito dio vía libre a los colegios para elegir los mecanismos de evaluación de este año académico. No obstante, recomendó establecer el nivel de avance de cada estudiante, construir planes de trabajo para ayudar a los niños en las áreas que se les dificultaron y determinar con las familias cómo hacer seguimiento a los avances y ritmos de aprendizaje. “Se sugirió al equipo docente priorizar los aprendizajes fundamentales de cada grado y trabajar en una cultura de evaluación, que se convierta en herramienta de acompañamiento permanente”, afirma Edna Bonilla, secretaria de Educación.
En materia de infraestructura, también hay desafíos. El Distrito tendrá que atender una de las principales preocupaciones de los docentes: el mejoramiento de las instalaciones para garantizar los protocolos de bioseguridad, en especial la de los colegios donde hay pocos baños. Para ello, la Secretaría de Educación invertirá recursos propios y del Sistema General de Participación en las adecuaciones necesarias para el retorno a clases.
Por ejemplo, se destinaron $7.444 millones para el mantenimiento de planta física, $3.250 millones para acondicionar colegios a los protocolos de bioseguridad y casi $5.200 millones para la compra de toallas, jabones y demás elementos que permitan una estancia segura. “Suministraremos lavamanos portátiles, termómetros, tapabocas, dispensadores, gel, entre otros, a las instituciones oficiales”, dice Bonilla.
A pesar del esfuerzo, la Asociación Distrital de Educadores sigue con dudas. William Agudelo, presidente del sindicato de maestros, insiste en que ese esfuerzo es insuficiente, pues cree necesario reducir el número de estudiantes por curso y aumentar los maestros para tener condiciones dignas y seguras. “Mientras no bajen los contagios y sigan los muertos, no tenemos por qué exponer a nuestros niños y jóvenes”.
Como alternativa al reclamo, el Distrito contempla pagar horas extras y permitir que los maestros mayores de 60 años y con comorbilidades (que representan el 25 % de la planta docente) y los menores con algún nivel de riesgo puedan seguir enseñando y estudiando de manera virtual. “Este año tuvimos unos costos en la calidad que tenemos que medir, pero hay otras ganancias como que la familia ahora está más presente en el proceso de formación. Nos toca revisar esos aprendizajes y fortalecer lo que está débil”, resalta Bonilla.
Al respecto, Ómar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos, considera que la única solución es que haya verdaderos consensos entre el Distrito y los educadores, pues la administración tiene todo por perder. “Lo ideal era que la alcaldesa presentara la ruta para el próximo año después de hablar con educadores y personal administrativo, pero ahora, con la necesidad de fortalecer sus modelos pedagógicos y de tecnología, no tienen que descartar contratar más personal y generar nuevos espacios. Tiene como alternativas contratar una planta provisional, pagar matrículas en colegios privados, asumir primas de riesgo para los profesores que regresen a clases presenciales o pagar una prima extra de incentivo como se hizo en el sector salud”.
En la lista quedan muchos pendientes, como la entrega de tabletas y conectividad a los niños más vulnerables, o planear nuevas dinámicas en los colegios con doble jornada, pues ya no se podrán volver a cruzar los estudiantes que salen y entran al mediodía. Y sin lugar a dudas, la obligación de profesores y familias de acoplarse a la alternancia y al uso de las tecnologías que, para Oróstegui, debería ser prioridad, pues el nivel de acceso puede ampliar las brechas en la educación.
“Aquí hay varias cosas y una en la parte operativa. Hay que fortalecer el pensum pedagógico y el contenido curricular, porque el aprendizaje no es lo mismo a través de un computador. También debe pensarse en que en el centro de todo esto quedarán los padres, porque son los más vulnerables los que están en mayor riesgo, pues para algunos menores el regreso al colegio representa su única comida diaria, así como para otros se convierte en su lugar de cuidado”, afirma Oróstegui.
En el caso de los colegios privados también restan interrogantes, pues si bien estaban más preparados para la virtualidad, vendrán para ellos otras discusiones como los costos de las matrículas ante la alternancia de clases, así como la pertinencia en el tamaño y ocupación de las rutas escolares. Por lo pronto Bonilla manifiesta que lo claro es que “nos toca mezclar la no presencialidad con familias más participativas en la formación de los niños. Lo fundamental es garantizar su salud mental y por eso estamos buscando nuevos significados a nuestro quehacer”.
Por Mónica Rivera Rueda
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