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Hace 20 años los extraditables anunciaron que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos y desataron una ofensiva narcoterrorista que dejó centenares de muertos. Hoy, los extraditables prefieren una cárcel en Estados Unidos a una tumba en Colombia, porque los trámites de negociación de penas en la justicia norteamericana están terminando por volver inofensiva una herramienta que ayer era el ‘coco’ de los narcotraficantes colombianos.
El tema será abordado mañana por funcionarios del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano y el Ministerio del Interior y de Justicia, en respuesta a las inquietudes que han surgido en el Ejecutivo, en el sentido de que es fundamental evitar el debilitamiento de la extradición, y esta situación es inevitable si no establece una dosificación mínima de las condenas de las personas que son enviadas a Estados Unidos por requerimientos de cortes federales.
“Ni las autoridades colombianas ni las de Estados Unidos pueden permitir que el poder intimidatorio de la extradición se envilezca”, comentó el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, quien participará en la reunión prevista para mañana, entre otros aspectos, convocada para que de la manera más pronta y rápida se apliquen los correctivos que sean necesarios y eviten que la extradición, contrario a lo que significó en el pasado, ahora sirva para escapar al rigor de la justicia.
De manera simultánea, el encuentro entre especialistas del Departamento de Justicia de E.U. y sus homólogos de Colombia apunta también a examinar hasta qué punto se está cumpliendo en el país del norte el compromiso de sus autoridades judiciales para desarrollar las audiencias contra 14 jefes paramilitares extraditados el pasado mes de mayo, con el fin de que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación de Colombia puedan participar en tales diligencias.
En criterio del vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, es paradójico constatar cómo el Gobierno ahora está preocupado por algo que él mismo provocó. En su opinión, el presidente Álvaro Uribe desantendió el llamado de las víctimas a no extraditar a los jefes paramilitares hasta tanto hubieran reparado a sus víctimas y confesado todos sus delitos ante la justicia colombiana. Ahora tiene que asumir una posición coherente, “lo cual revela su doble juego en el caso”.
En contraste, el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, considera que es muy positivo que el Gobierno revise de manera integral el tema de la cooperación judicial con Estados Unidos, pues además está en su derecho de reclamarle a la justicia de ese país que se determinen unas penas mínimas para los extraditados y que además los bienes y la información aportada por éstos debe ser compartida plenamente entre las dos naciones que forman parte del tratado.
Sin embargo, el ex viceministro Nieto Loaiza cree que por ahora no hay motivo para preocuparse, porque tiene la convicción de que ninguno de los ex jefes de las autodefensas extraditados va a pagar penas inferiores a los 15 años de prisión. En Colombia, según la Ley de Justicia y Paz, tenían previsto cumplir condenas entre 5 y 8 años de cárcel. Un homicidio doloso, según el Código Penal, en Colombia puede tener hasta 40 años de prisión.
El propio ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en entrevista con El Espectador, pidió que las penas para los extraditados en Estados Unidos sean mucho más severas. Lo curioso es que sea hoy el Gobierno el que reclame condenas de más años para los delincuentes enviados al país del norte. Hace dos décadas el panorama era totalmente al revés. Los narcos se hicieron matar para no ser extraditados. Hoy, al parecer, es un buen negocio.