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Una de las principales cabezas de escándalos de corrupción en el país vuelve a estar bajo la lupa de los entes de control. El nombre de Emilio Tapia Aldana suena otra vez porque esta semana la Comisión de Disciplina Judicial del departamento del Atlántico abrió formalmente una investigación contra una juez en Barranquilla que le concedió libertad condicional el pasado 11 de abril.
La togada dejó en firme esa decisión mientras Tapia, cerebro detrás del conocido caso Centros Poblados, cumplía una condena de seis años y cuatro meses de prisión tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía con el fin de colaborar con la justicia en la investigación de ese sonado expediente de corrupción.
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La juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla ordenó su libertad condicional bajo el argumento de que el también conocido “zar de la contratación” fue un “recluso disciplinado” durante su paso por la cárcel El Bosque en la capital del Atlántico.
El despacho judicial encontró que el condenado tuvo una buena conducta durante los últimos cuatro años, que estudió y trabajó para redimir la pena y que, además, había cumplido las tres quintas partes de su condena por corrupción tras el desfalco millonario al Ministerio de las Tecnologías y de la Información durante el gobierno de Iván Duque a través de la apropiación de un contrato para la creación de centros digitales en todo el país.
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Tras la decisión de la libertad condicional para Tapia, la Procuraduría apeló. El procurador, que para ese momento seguía el caso, presentó un recurso contra el fallo de la togada y le solicitó al juzgado de Barranquilla tener en cuenta si la Contraloría o el Ministerio de las TIC iniciaron un incidente de reparación para recuperar los dineros apropiados por Tapia y sus socios, quienes lograron acceder, con información falsa al Ministerio, al acuerdo público que terminó declarándose desierto y dejó una deuda de $70.000 millones correspondiente al anticipo contractual. Sobre este punto también pesa la reciente investigación de la Comisión de Disciplina Judicial.
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El proceso está relacionado con la demora para conceder el recurso de apelación de la Procuraduría y, según detalla esa instancia, como antesala, la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias para iniciar una actuación disciplinaria.
En mayo, la Comisión abrió la investigación preliminar con el fin de recopilar información. Posteriormente, se tomó la decisión de iniciar una investigación formal en contra de la juez el pasado 17 de septiembre “por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional, como por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público”.
Emilio Tapia y los casos de corrupción en los que está involucrado
La primera vez que se conoció el nombre de Emilio Tapia fue tras el escándalo de corrupción en Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno (2008-2010), en la que se creó un entramado para entregar al mismo grupo de contratistas millonarios recursos para construir infraestructura.
El caso se conoció como el carrusel de la contratación y cayeron pesos pesados de la política como el mismo alcalde Moreno, su hermano Iván, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, Liliana Pardo, hasta empresarios, abogados y corruptos. Desde ese momento, Tapia es conocido como el “zar de la contratación” y fue el principal delator ante la Fiscalía en ese caso, convirtiéndose primero en un testigo estrella.
Mientras colaboraba con la justicia para desentramar ese caso de corrupción, al mismo tiempo hacía gestiones para esconder los millones que había captado de esa red. Según la Fiscalía, a través de terceros, Tapia habría realizado movimientos y maniobras financieras para ocultar el dinero que recibió como pago por su gestión durante el carrusel de contratos.
Por este motivo, el 24 de febrero de 2014, perdió los beneficios que había adquirido por su colaboración. En ese momento, fue recluido en la cárcel La Picota en Bogotá y frenó su participación como testigo estelar.
Sin embargo, el entramado de Tapia también ha estado marcado por sus insistentes intentos para negociar con la Fiscalía y lograr preacuerdos cada vez que su nombre aparece en investigaciones judiciales.
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Además, en ese caso del carrusel de la contratación, en 2016 Tapia fue condenado en primera instancia a 17 años de prisión, pero un recurso en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá la fijó en siete años y cinco meses de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en celebración de contratos.
A mediados de 2021, cuando se conoció el escándalo por los documentos falsos que presentó la Unión Temporal Centros Poblados para quedarse con un contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información (Mintic), nuevamente sonó el nombre de Emilio Tapia.
La Fiscalía lo recapturó y lo señaló de ser quien controlaba las compañías que conformaban la unión temporal. La justicia logró comprobar que era el cerebro detrás de ese otro entramado de corrupción. En noviembre de ese mismo año, Tapia aceptó ser el principal responsable. Hoy por hoy, su nombre vuelve al ojo público luego de que la libertad condicional que le concedieron en ese caso ahora esté en entredicho.
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