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“Por problemas de liquidez, la institución no podía hacer el pago como estaba previsto y se realizará de manera escalonada”. Ese fue el mensaje que recibieron hace unos días algunos profesores de la Universidad de Antioquia (UdeA), la segunda universidad pública más grande del país. Era una muestra más de la crisis financiera que atraviesa la institución, y que, según dice John Jairo Arboleda, rector del plantel, se “viene arrastrando desde los últimos seis años. Hemos tratado de solventarla con estrategias y gimnasia financiera para que no lleguemos a la situación de no tener con qué pagar salarios”.
El incumplimiento en los pagos, sin embargo, no es un tema nuevo en la institución, como lo habíamos contado en esta nota, en mayo ya se habían presentado los primeros retrasos. Además, como era de esperarse, para el 20 de julio estaba previsto el desembolso de una nueva quincena para los maestros vinculados. Sin embargo, al correo no llegó el comprobante de pago, sino un texto en el que les avisaban que, una vez más, estaban retrasados los salarios.
Este aviso estuvo acompañado por una serie de medidas de austeridad propuestas por Arboleda, que han generado malestar entre la comunidad educativa. Primero, porque, según cuenta un profesor de la Facultad de Comunicaciones que prefiere reservar su nombre, han dado la sensación de que los “maestros terminan pagando los platos rotos de una crisis de la que no somos responsables”. Y, segundo, porque fueron anunciadas en medio de un viaje del rector a Europa para asistir a un evento académico, aun cuando habían asegurado que, entre las medidas, estaban limitar los viajes y recortar rubros administrativos. “No conocemos muchos datos precisos de a cuánto asciende ese recorte ni en qué áreas de la rectoría lo están haciendo. Falta transparencia en estos aspectos”, añade el docente.
A los ojos de los maestros, una de las razones de esta crisis financiera podría ser la reducción de estudiantes matriculados en posgrados y pregrados, así como la apertura de nuevas sedes, sin tener en cuenta la sostenibilidad financiera y el déficit financiero del Hospital Alma Máter, que si bien es una entidad privada, el mayor accionista es la UdeA. Desde la mesa ético-política aseguran que el hospital tiene con la institución una deuda de $130.000 millones.
Además, la UdeA, como las 32 universidades públicas del país, ha sufrido un desfinanciamiento progresivo desde 1992, porque en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 quedó estipulado que el Gobierno solo debe ajustar anualmente el dinero que les transfiere con el valor de la inflación. El problema, como ha explicado varias veces en este diario Sergio Lancheros, del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, es que la regla que esta fórmula no contempló otros factores de gastos que tienen anualmente las universidades, como la renovación de infraestructura física o el salario de docentes y administrativos.
Esto ha llevado a un déficit histórico que, en el caso de la UdeA, asciende a los $350.000 millones. Por eso, Arboleda hace un llamado para modificar estos artículos, pues cree que es un camino para “tener una tranquilidad financiera”.
Radiografía de una crisis en la Universidad de Antioquia
A finales del año pasado, la UdeA recibió la acreditación de alta calidad multicampus, para la cual debía cumplir con una serie de requisitos, como tener excelencia académica y garantizar la sostenibilidad financiera de cada uno de los proyectos. Luego de ese proceso, inició la campaña a rectoría, cargo al que Arboleda aspiraba por tercera vez consecutiva. En ese proceso, él propuso buscar otras fuentes de financiación para que el funcionamiento del plantel no dependiera del dinero que gira el gobierno nacional y departamental.
“La UdeA empezó a crecer de una manera que no sé si fue exagerada o sin proyección”, dice una maestra de la mesa ético-política y de la asamblea general del profesorado. “Esto dio indicios de que la universidad estaba teniendo éxito”. De hecho, la universidad pasó a ofrecer 94 pregrados en 2017 a 114 a 2023, según las cifras del segundo semestre del año pasado. Pero en mayo de este empezaron a presentarse los primeros retrasos en los pagos.
A raíz de esta situación, y sumada a la emergencia que declaró el plantel por los casos de violencias basadas en género, durante cerca de dos meses los profesores se declararon en asamblea permanente. Es decir, durante este tiempo no se dictaron clases, porque se estaban realizando análisis y propuestas para atender estas problemáticas. Tras varias reuniones, en las que se socializó la situación financiera del plantel, “empezó a circular el discurso de que tenía serios problemas financieros”, señala la docente que prefiere reservar su nombre.
En uno de esos informes financieros, presentado en el Consejo Superior Extraordinario, la institución explicó cuáles eran sus ingresos y gastos semifijos mensuales, que dejaban ver que se estaba gastando más dinero del que estaba entrando. Por ejemplo, en una tabla, el consejo desglosaba los ingresos recurrentes que, en la mayoría de veces, suman $77.000 millones. Estos recursos provienen de la Ley 30 (que son $38.000 millones, los cuales pueden llegar a sumar $77.000 millones en febrero, junio y diciembre. Este dinero adicional se destina para las cesantías, primas y otras prestaciones sociales).
En esta bolsa también están , de los aportes del departamento ($4.000 millones), la venta de bienes y servicios ($25.000 millones), las estampillas ($8.000 millones) y los servicios educativos (los cuales son $2.000 millones, pero pueden llegar a ser $8.000 millones, sobre todo en julio y diciembre). Además, la universidad cuenta con dos giros al año, que representan cada uno $13.000 millones, y hacen referencia a los aportes de gratuidad. Sin embargo, este rubro no ha sido suficiente para atender los gastos mensuales, que pueden ascender a $87.000 millones. Esta cifra no incluye los pagos a proveedores, que pueden variar entre $20.000 millones hasta $40.000 millones.
Para ir “tapando” el hueco que les quedaba mes a mes, según los informes publicados en los consejos extraordinarios, la institución tomó una serie de medidas, como gastar todas las inversiones que tenía. Al no ser suficiente, entró a hacer uso de los fondos patrimoniales, a gastar los recursos adicionales que tenían las unidades académicas por los trabajos que hacían. Y, finalmente, al ver que el dinero no alcanzaba, de acuerdo con los documentos, hizo créditos de tesorería que se pagan en un año y a aplazar el pago a proveedores. Esto provocó que el déficit de la institución solo para 2024 ascendiera a $76.884 millones.
La UdeA, entonces, terminó “volcando más del 50 % de su financiación en esos recursos que son inciertos y que dependen de externos que nos contraten o no. Esta es quizás una de las principales razones que nos han llevado a esta crisis”, apunta otra de las profesoras de la Facultad de Economía, y que es parte de la mesa ético-política, y añade que la institución siguió abriendo sedes en las diversas subregiones de Antioquia sin tener los recursos necesarios. “No supieron cuando parar. De hecho, siguen haciendo construcciones. Hace poco se contrató la renovación de una pista atlética por casi $6.000 millones”.
Con el propósito de tener un “salvavidas”, en junio se firmó una resolución rectoral que autoriza a Arboleda gastar los fondos. En el caso del Fondo Patrimonial de Seguridad Social en Salud, solo lo podrá hacer “de ser requerido para el pago de las obligaciones inaplazables del corto plazo, en relación con las necesidades de liquidez de la Universidad”.
El problema con este documento, añade otra docente de la facultad de Ciencias Agrarias y quien también está en esta mesa, es que en el documento quedó mal el valor de ese fondo. “Aparece que es de $3.000 millones y, en realidad, es de $26.000 millones. El rector se podría gastar ese dinero y poner en riesgo la salud de todo el personal docente y administrativo de la universidad, inclusive los jubilados”, advierte.
¿Medidas a medias para la crisis financiera de la Universidad de Antioquia?
En su defensa, Arboleda cuenta que desde hace un año han venido empleando una serie de medidas de austeridad importantes, como “no asistir a reuniones presenciales, tratar de desarrollar muchas de las actividades a través de las conexiones, disminuir viajes, reducir hasta donde sea posible y sin afectar el servicio la seguridad y el aseo, además tenemos suspendidos temporalmente las actividades especiales con fondos generales de la universidad y redujimos enormemente el tema de promoción o publicidad, ylas horas cátedra que no están estrictamente relacionadas con dictar clases presenciales”.
Sobre este tema, la UdeA, en cabeza de Arboleda, publicó un informe con los lineamientos para la recuperación financiera. En el documento, la institución señaló que la principal estrategia a corto plazo se centra en reducir en 253.152 las horas cátedra contratadas, es decir, pasar de 951.075 horas cátedra en el segundo semestre de 2023 a 697.926 para el segundo semestre de 2024. Con esta reducción, plantea Arboleda, se daría un ahorro de $20.995 millones para el segundo semestre de 2024.
Todas las facultades deben reducir sus horas cátedra para este segundo semestre. Así lo mostró Arboleda en una tabla, la cual, señalan desde la mesa ético-política, ha generado inquietudes. Un caso es el de los posgrados en medicina, que no tienen costo. En la actualidad, allí se dictan 40.000 horas cátedras, las cuales quedarían eliminadas para lo que resta del año. Entonces, se preguntan desde la mesa, ¿quién entraría a asumir estas horas cátedra?, ¿de dónde saldrían los recursos para los posgrados de medicina?
Desde el sindicato Asiproua, Ramiro Giraldo, presidente, abogado y economista, asegura que están “peleando para que se respete el contrato laboral de los profesores de cátedra, porque esa figura de cátedra no se ha dedicado a la docencia directa, sino que se ha utilizado para manejar contratos administrativos”. Resalta que hacen un llamado a los docentes para proponer ideas de cómo resolver la situación e insisten en la importancia de reformar la Ley 30.
Otra de las medidas que comentó Arboleda se centró en no pagar las horas por actividad especial y que esas labores adicionales de los docentes (como las de investigación) estén incluidas en el plan de trabajo. Las actividades especiales se conocen por ser una forma de contratación que se hace a los maestros de carrera ocasionales, que ya tienen copados su plan de trabajo y son requeridos para otras funciones, entre ellas las consultorías. Este punto, dice la maestra de Economía, se resume en que se va a sacrificar “parte de ese buen nombre que nos ha dado la investigación, la extensión, la participación con las comunidades, simplemente para trasladarnos a la cátedra”.
En cuanto al tema de regionalización, hasta ahora se está planteando que los profesores reduzcan sus horas presenciales en las sedes y traten de dictar algunas de las clases de forma virtual, lo que, anotan, es complejo porque la mayoría de las comunidades de estas subregiones son vulnerables y no disponen de los recursos tecnológicos ni de la infraestructura.
Mientras se siguen debatiendo estas medidas de austeridad, desde la asamblea de docentes dicen que Arboleda “les está trasladando el problema a los profesores. Él sigue invirtiendo, gastándose la plata en tecnología, en obras de infraestructura, como si no estuviera pasando nada”. Arboleda, por su parte, hace un llamado de tranquilidad a la comunidad educativa y asegura que sus proyecciones le apuestan a lograr una estabilización financiera en dos meses. Para conseguirlo, asegura el rector, están buscando la forma de incrementar los recursos de la universidad, como, por ejemplo, poner en venta algunas de las propiedades del plantel.
* Los profesores consultados y citados para este artículo prefirieron reservar su nombre, pues temen que no les renueven su contrato en medio de estas medidas de austeridad.
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