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La justicia de Ecuador ha ordenado la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, tras haber confirmado su condena a ocho años de prisión por corrupción en el escándalo conocido como Sobornos 2012-2016, informó el tribunal que dictó la sentencia.
El miércoles, la justicia estableció que Correa, procesado en ausencia, y varios de sus excolaboradores, también condenados, recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas.
¿Cuál es el escándalo que sacude a Correa?
Correa es acusado de haber liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual recibió “aportes indebidos” en el palacio presidencial de Carondelet, para la financiación irregular de su movimiento político, el izquierdista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.
Por este escándalo se abrió el caso conocido como “Sobornos 2012-2016”. En las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo.
¿Qué ha dicho Correa?
El expresidente sostiene que es inocente argumentando que fue vinculado al caso por US$6.000 que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido. Las penas por peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles en Ecuador.
¿Y ahora qué viene para Correa?
La decisión judicial implica también la inhabilitación de por vida de Correa a desempeñar cargos de elección popular, cuando el exmandatario aspira a participar en los comicios previstos para febrero.
Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, solicitó por internet al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia, que es llevada en representación de un frente de izquierda y en binomio con el joven economista Andrés Arauz, exministro de Correa. El ente electoral deberá calificar posteriormente esa postulación.
La ejecución de la condena acaba prácticamente con la inmunidad que habría logrado Correa al ser aceptada su candidatura y que le permitiría regresar a Ecuador para las elecciones.
La justicia ordenó a la Policía la “inmediata localización y captura” del exgobernante socialista, quien vive en Bélgica -de donde es su esposa- desde que dejó el poder en mayo de 2017 tras el triunfo electoral de Lenín Moreno, su exaliado.
También dispuso al ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo vitalicio de unos US$4.200 mensuales que recibía Correa como expresidente, que pierde al ser condenado por corrupción.
La resolución judicial además comunica al CNE sobre la pérdida de los derechos políticos del exmandatario, que según la Constitución, quedaría inhabilitado para los comicios por ser sentenciado por cohecho.
“Sí, fuimos notificados” con la resolución judicial, dijo a la AFP el abogado de Correa, Fausto Jarrín.
“Nos estamos enfrentando a un proceso de venganza a través de la función judicial”, agregó, en momentos en que el exmandatario sostiene ser un perseguido político de Moreno, con quien mantiene una pugna que debilitó al oficialismo, en el gobierno desde 2017.
Moreno, exvicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, promovió en su administración reformas para prohibir la reelección por más de una vez, con lo que se empezó a cerrar el camino de regreso al poder para su antecesor.
“La sola mención de la posibilidad de que él (Correa) sea candidato genera este tipo de reacciones en toda la institucionalidad del Estado”, señaló Jarrín.
Sobre Correa, quien dice que afronta una treintena de juicios en Ecuador, pesa otra orden de prisión para ser procesado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser juzgado en ausencia.
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