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El 6 de febrero, en El Espectador, bajo el título “El caricaturista del rey”, Juan Gabriel Vásquez confunde lo ocurrido en Ecuador en el caso de Bonil.
Lo que hizo Bonil fue salir en defensa de supuestos responsables de un caso de “chuzadas” (en el término colombiano) contra las comunicaciones personales del presidente y otros altos funcionarios, tergiversando un hecho: dijo que el allanamiento a la casa de uno de los presuntos autores se produjo para llevarse “documentación de denuncias de corrupción” (contra funcionarios de Gobierno), Fiscalía y Policía de mentir sobre la verdadera motivación del acto.
La realidad es que el allanamiento, judicialmente ordenado, sirvió para recopilar pruebas sobre las “chuzadas” a las comunicaciones personales de funcionarios del Gobierno, realizados en beneficio de la petrolera Chevron, que tras producir un desastre ambiental en Ecuador en el caso, en menoscabo de nuestros intereses como país, y en ningún momento ha revelado corrupción gubernamental. El problema no fue que Bonil se burlara del accionar de las instituciones públicas, sino que mintió en defensa de los presuntos “chuzadores” y de los intereses que ellos representan.
Como consecuencia, a Bonil se le aplicó un proceso administrativo, en el cual pudo presentar su defensa, y una vez demostrada su responsabilidad se lo obligó a rectificar; el medio de comunicación fue castigado con una multa proporcional y manejable, equivalente al 2% de su facturación mensual promedio. Estos son procedimientos establecidos en Ecuador por mandato ciudadano, que aseguran que el ejercicio de la libertad de expresión no vaya en detrimento de otros derechos fundamentales, sin imponer censura, sino estableciendo la responsabilidad ulterior, como lo exige el marco jurídico internacional.
Lo que sucede es que a algunas personas les interesa conservar la tiranía de los medios de comunicación vinculados a los grandes poderes económicos. Estos medios se autoproclaman independientes, pero en realidad responden a intereses particulares, no a los intereses de los de la mayoría. Cualquier intento de regular los abusos de estas empresas mediáticas, aunque sea por la vía administrativa, les parece inaceptable a los defensores de ese gran poder económico y mediático ilegítimo.
Raúl Vallejo. Embajador de Ecuador en Colombia.
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