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Durante la última semana, la policía y Alcaldía de Bogotá nos han dado ejemplos perfectos de todo lo que está mal en el sistema de denuncias por violencia sexual y de los tratos violentos, ineficientes y revictimizantes de las instituciones que tienen la responsabilidad de cuidarnos.
El 31 de octubre un hombre aprovechó que una chica de 17 años se había quedado a solas con él en una estación de Transmilenio para robarla y abusar de ella. La joven fue finalmente rescatada por dos varones que pasaban por ahí, ya que la policía brillaba por su ausencia. Luego trató infructuosamente de poner una denuncia por todos los medios y durante dos días la pasearon por estaciones y líneas de denuncia que no sirvieron para nada.
Con mucho dolor y frustración la joven decidió hacer un escrache en redes sociales. Cuando se hizo viral y los medios de comunicación empezaron a cubrirlo (por ser viral), salieron a relucir otros casos de abuso sexual en el transporte público. Así que un grupo pequeño de mujeres (que nos representan a muchas) hicieron una protesta vandalizando una estación de Transmilenio. Este tipo de protesta se conoce como acción directa y suele ser un último recurso de algunos grupos feministas cuando la justicia y el Estado nos fallan sistemáticamente. En respuesta, la alcaldesa Claudia López les mando el ESMAD, mostrando que sus prioridades son claras: los buses inertes del transporte público son más importantes que la seguridad de las mujeres y niñas.
Luego, la policía encontró al presunto agresor, un hombre que ya había sido denunciado en redes por comportamientos obscenos y capturado el 24 de octubre (pero ya estaba en libertad). Lo anunciaron con mucho orgullo pues en la investigación estuvieron dos fiscalas y dos patrulleras, y hasta dieron un “parte exitoso” por “haberlo capturado en tiempo récord”. Para sumar a las malas prácticas, la alcaldesa reveló las fotos del detenido usando el hashtag “#NiUnaMás”. El brigadier general Carlos Triana tuiteó usando los hashtags “#NoDescansamos” y “#DiosYPatria”, y prometió, en vano, que “lo llevarán ante la justicia”. Esto fue un gran descaro pues solo se movieron cuando la denuncia se hizo viral en redes sociales y hasta Petro tuvo que pronunciarse.
Este lunes, estando en manos de la policía en la URI de Puente Aranda, el presunto agresor “apareció muerto”, justo después de haber sido llevado ante un juez de garantías el domingo por la tarde (el acusado no aceptó los cargos). Primero dijeron que presuntamente fue suicidio porque “no presentaba signos de violencia”, que es básicamente lo que dice la policía siempre que una persona “muere” mientras está detenida. Luego, Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, le contó a El Tiempo que “el detenido llegó muy alterado a la URI” y que “estuvo tomando mucha agua y de un momento a otro entró en un aparente paro”. Finalmente tuvieron que aceptar que fue un homicidio porque el cuerpo mostraba politraumatismos.
No nos sorprende, las mujeres llevamos ya casi una década con la arenga de “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”. La única diferencia es que este caso, por ser mediático, puso la cadena de errores y violencias en el ojo público, y esto demostró una vez más que a la policía y a la alcaldesa les importa más parecer eficientes que serlo, más cuando se trata de crímenes relacionados con violencias machistas. Al final y a pesar de todo, el caso queda en la impunidad y esa impunidad sistemática es la garantía cómplice que la policía les brinda a todos los agresores.
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