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Más de ocho horas duró la segunda jornada de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros del Interior y Hacienda, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados a la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ambos están imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los abogados de los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro expusieron sus argumentos para hacerle lado a la solicitud de medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía el pasado 1 de noviembre.
Velasco y Bonilla son señalados por el ente investigador de presuntamente haber hecho parte de una “organización criminal” que en el año 2023 habría comprometido más de COP 612.000 millones en contratos a congresistas, con el objetivo de amarrar sus votos a favor de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso de la República. Según la Fiscalía, los exfuncionarios habrían puesto en juego millonarios recursos del erario público, a través del intento de direccionamiento de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Por esa razón, el día de la imputación pidió la detención domiciliaria preventiva para los exministros.
Durante la diligencia, el delegado de la Procuraduría, Mario Enrique Gómez Jiménez, apoyó la solicitud de medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía, argumentando que es “necesaria y pertinente” para garantizar que el proceso en contra de los exministros siga adelante como es debido. El precedente de esa solicitud es que otros exaltos funcionarios del gobierno Petro salpicados por el entramado de corrupción, como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, están prófugos de la justicia. Justo al tiempo se conocían imágenes de la asistencia de González a una fiesta organizada por la Cancillería de Colombia, en el Teatro Nacional de Nicaragua.
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La defensa del abogado de Bonilla
Tras la intervención del Ministerio Público, el representante del exministro Bonilla, el abogado Mauricio Pava, presentó 52 pruebas y una grabación de más de 50 horas, entregada por la exasesora María Alejandra Benavides. Con ese material, el jurista buscaba argumentar que, en su concepto, no existen pruebas directas para vincular al exjefe de la cartera de Hacienda con el desfalco a la entidad encargada de atender las emergencias en el país. “Las objeciones de la Fiscalía se basan en argumentos que son vagos, gaseosos, replican nuevamente la gravedad de la imputación, las capacidades hipotéticas atribuidas a mi cliente, pero sin un solo elemento que así lo sustente”, señaló el abogado.
El abogado Pava dijo también que hace más de año y medio que Bonilla dejó su cargo como ministro de Hacienda y que, desde entonces, no ha tenido ningún tipo de comunicación con otras de las personas salpicadas por el escándalo de corrupción. Coincidió además con la abogada del exministro Velasco en que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, estaría intentando involucrar a personas sin responsabilidad en el entramado criminal, a fin de buscar negociaciones y beneficios de la justicia. Y concluyó diciendo que “nunca estuvieron en riesgo” los recursos del erario público durante el tiempo en el que Bonilla administró la chequera del Estado colombiano.
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Los argumentos de la abogada de Velasco
En la misma línea se pronunció la abogada Rosa Elena Suárez, quien representa al exministro Velasco. Según sus argumentos, el ente investigador ha intentado “enquistar” una imputación en contra del exjefe de la cartera del interior, fundada principalmente en las declaraciones de Olmedo López. Para la jurista, “hay una falta absoluta en la estructuración del relato” de López, considerado un testigo estrella del caso, y “la teoría de la Fiscalía no resiste un mínimo examen”. Señaló que no hay un riesgo de fuga por parte de Velasco, lo cual se demuestra con su asistencia a todas las diligencias del caso. “El riesgo político-administrativo (argumentado por la Fiscalía) no es un peligro real y concreto”, concluyó.
Suárez también puso en contraste las declaraciones de López ante la justicia con las de Mauricio Lizcano, exministro del gobierno Petro y hoy precandidato presidencial. Señaló que la versión del exdirector de la Ungrd sobre la reunión del 27 de noviembre de 2023, conocida como “el cónclave” y en la que se habría fraguado parte del posible entramado de corrupción por el que están salpicados los congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, es contradictoria. “En la reunión no se habló del supuesto esquema de sobornos. Su testimonio (el del exministro Lizcano) pone en duda el propósito del ‘cónclave’ descrito por el principal acusador”.
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La estrategia de Velasco
El exministro Velasco pidió un espacio para intervenir, antes de que se terminara la audiencia. Durante su declaración, dirigió todos los señalamientos de responsabilidad directamente hacia la Casa de Nariño. Especialmente los relacionados con la forma en la que Olmedo López habría llegado al equipo de funcionarios del gobierno Petro. “Olmedo López llegó a la Unidad, nombrado por el presidente. Lo que ahora sabemos es que desde sus inicios en la entidad, buscó apropiarse de los recursos públicos. Arma un equipo proclive para ello y, viéndose descubierto, usa una estrategia mediática y jurídica para que la responsabilidad recaiga en otros, y él disfrute el dinero y una corta pena”, señaló Velasco.
A renglón seguido, dijo que cada una de sus actuaciones cuando fue ministro del Interior se enmarcaron en las funciones con las que debía cumplir. “Señora, magistrada, actué bien. Todos los acuerdos políticos que adelanté con el Congreso los consulté con el señor presidente y con él los acordé. Nada se hizo sin su instrucción, y vale la pena aclarar que ni él me dio órdenes ilegales ni yo se las hubiera aceptado”, concluyó Velasco. Pese a los argumentos de abogados y exfuncionarios, con los que buscan evadir la medida de aseguramiento preventiva pedida por la Fiscalía y por la Procuraduría, esa determinación aún está por verse. El jueves 18 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, tomará la decisión que está de su lado de la cancha.
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