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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, vivió la jornada más complicada de su gobierno ante una posible inhabilitación de su cargo como mandatario de la comunidad autónoma. Mientras asegura que dicho resultado es una “venganza del Estado por defender la libertad de expresión”, algunos sectores políticos afirman que este proceso ratifica su culpabilidad frente al delito de propaganda electoral durante la época de elecciones del pasado 28 de abril, al no retirar elementos de simbología independentista colgados en el Palacio de Gobierno como muestra de apoyo a los presos condenados en el juicio del procés. Dicha acción está prohibida por la Junta Electoral Central.
El problema es que la inhabilitación de Torra daría inicio a un proceso incierto que, en algún momento, debería acabar en unas elecciones parlamentarias cuya fecha de ejecución estaría lejos de definirse y que abriría la puerta a un gobierno interino justo en medio de los rebrotes de COVID-19 en todo el país, que ya acumula más de 600.000 casos desde el inicio de la pandemia. Pese a que el mismo presidente lo descartó en medio de su comparecencia en Madrid, asegurando que “no llevará a Cataluña a una carrera electoral irresponsable”, algunos ven dicho escenario como la opción más razonable.
“Lo lógico sería que se convocaran elecciones para poder manejar los tiempos, pero se ha decidido no hacerlo e intentar alargarlas lo más posible. Parece que es la manera que ellos ven más factible porque, si bien se va a dictar la sentencia de Torra, los plazos empiezan a correr cuando al presidente sea notificado, lo que puede tardar entre una y dos semanas”, comentó la diputada del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Beatriz Silva.
Una vez que se comunica la inhabilitación, el presidente del Parlamento de Cataluña tiene 10 días para convocar un pleno de investidura y elegir otro mandatario. Sin embargo, Silva destacó que, en vez de eso, se pretende “dejar que los plazos corran y quedar sin presidente dos meses más, que es lo que más o menos marca el reglamento. Luego de eso, se disuelve de manera automática el Parlamento y se convocan las elecciones que, a su vez, serían dos meses más, hasta febrero y marzo de 2021”.
Para la parlamentaria, esto envía un mensaje de inestabilidad. “Nos vamos a quedar sin presidente, pero él dice que pretende seguir ejerciendo un papel simbólico y que haya un presidente en funciones, que en este caso se supone que recae en el vicepresidente del gobierno, pero esto es grave, porque estaría gestionando una pandemia y no puede hacer todo lo que un presidente si podría”.
No obstante, para el diputado y presidente del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, “estamos todavía en hipótesis, pero yo creo que la mejor certeza es que, efectivamente, se pudiera disponer en el plazo más breve posible de un gobierno elegido democráticamente por todos los ciudadanos y con todas las capacidades de responder a las urgencias y a la situación de gravedad en la crisis sanitaria”.
Y es que los retos del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña no son menores, pues debe adoptar de una manera explícita y, tanto como sea posible, estrategias para lograr una recuperación económica en Cataluña después de la pandemia, para lo cual “es muy importante que haya gobiernos estables, que velen y prioricen las políticas sociales, que prioricen el bienestar de la ciudadanía porque realmente vivimos un momento crítico”, según comentó Silva.
Antes de la pandemia, Cataluña contaba con una tasa de pobreza de 20% y pobreza infantil de 28,5%. Ahora, Save the Children calcula que la comunidad autónoma llega a 36% en ese indicador, del cual 16% llega a niveles severos, lo cual no cubre las necesidades básicas de un niño. “Si esto va a peor, es importante tener un gobierno que trabaje para resolver estos problemas. Hace tres años, la situación económica era bastante buena. Habíamos salido de la crisis de 2008, había buenos indicadores y la ciudadanía no estaba padeciendo, pero ahora lo está pasando muy mal y lo va a pasar peor”, agregó Silva.
Al respecto, Maragall mencionó que, si bien el tema de la pandemia ocupa el primer lugar, y es natural que sea así, “ni borra ni aleja la preocupación y necesidad de encontrar soluciones en el conflicto político que se ha planteado en los últimos años entre Cataluña y el Estado”.
Tanto Silva como Maragall coinciden en que las próximas elecciones no serán un referente sobre la independencia de Cataluña, pero eso no quiere decir que los partidos independentistas vayan a tener menos soporte. Precisamente, será lo contrario. “Los ciudadanos también van a votar a los partidos que crean que están en mejores condiciones para dar respuesta a la pandemia, con sus consecuencias. De momento, todas las encuestas indican que eso va a reforzar o mantener la mayoría independentista”, agregó el parlamentario.
Según las últimas encuestas realizadas por la consultora de investigación social GAD3 y al diario La Vanguardia en los primeros días de septiembre, el conjunto de los partidos independentistas superaría el 50% de los sufragios. Sin embargo, también es cierto que no es la primera vez que un sondeo pronostica un resultado superior, pero a la hora de votar, incluso cuando hubo mayor movilización en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y nadie pensaba en otra cosa diferente al tema político, los partidos independentistas obtuvieron 47%.
“En todas las encuestas desde entonces, ese porcentaje ha ido cayendo. Es más lógico pensar que no van a volver a alcanzar el resultado de las elecciones de 2017 más que lo vayan a superar”, dijo Silva.
En todo caso, la encuesta de GAD3 y otras que han aparecido en los últimos meses reflejan también que la población está menos polarizada. De hecho, este sondeo mostraba que más de 65% de los consultados defendían un acuerdo sobre el autogobierno, mientras que aquellas que prefieren referendo de autodeterminación llegan a 26% cuando, en algún momento, ha sido una opción con amplia acogida.
Otro aspecto importante se refería a la posibilidad de que se proclamara nuevamente la independencia de Cataluña, aunque los datos de la encuesta revelaron que solo 14% de las personas consultadas eran partidarios de que se volviera a intentar. Este número representa la cifra más baja que ha habido ante esta pregunta desde hace años.
Una de las razones para explicar dicho fenómeno es la división que tiene el bloque independentista en la actualidad. Mientras que ERC va junta como colectividad, no sucede lo mismo con partidos como JuntsXCatalunya (JXCat), al que pertenece el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se ha dividido en otras escisiones más pequeñas en los últimos años, lo que podría generar tres o cuatro alternativas que saldrían de ese espacio político.
A su vez, Maragall apuntó que el periodo de redistribución interior en torno al mapa político en el campo del soberanisme barcelonés viene de lejos. “Ahora, en función de cómo se acabe consolidando el conflicto interno dentro del espacio de lo que antes era convergencia democrática y que ahora es JXCat, PDeCat y otras voces que también están ahí presentes, creo que va a suceder en torno a dos o tres grupos, máximo. Es evidente que eso conlleva al riesgo de que se pierdan muchos votos independentistas”.
Frente al conflicto político en Cataluña, Silva comentó que, en efectos prácticos, la tensión política no será como en diciembre de 2017, pues “nadie va a pensar que en este momento se está jugando la independencia de Cataluña. En 2017, la gente realmente creía que se podía hacer, y ahora nadie ve que eso sea posible”.
A su vez, la diputada señaló que, si bien el electorado no va a considerar estas elecciones como un evento trascendental desde el punto de vista político, si lo serán para sus vidas a futuro porque “ahora estamos en medio de una pandemia que además está generando una crisis económica y social sin precedentes. No se vivía una crisis así desde hace un siglo, entonces es muy importante que haya un gobierno en la comunidad que sea capaz de gestionar esta crisis de la mejor manera posible, porque la gente va a sufrir muchísimo”.
Por otro lado, Maragall visualiza estas elecciones como un evento imprescindible para poder gestionar el diálogo con el Estado, que está abierto, pendiente de reiniciarse y de avanzar. “Todo esto requiere un gobierno, un presidente, un proyecto de facultades, de funciones y que asuma todas las responsabilidades”, puntualizó.
El diputado también se refirió a los políticos condenados en el juicio del procés y manifestó que no se puede olvidar el hecho de que sigue habiendo presos políticos que están en la cárcel en unas “condiciones durísimas” debido a la pandemia y porque hay una “actitud vengativa” por parte del Tribunal Supremo. A su vez, denunció que la persecución se renueva cada día mediante la aparición de nuevos casos en la Fiscalía, que apuntan tanto a servidores públicos como profesionales y empresarios. En cuanto al diálogo con el Estado, defendió la necesidad de retomarlo, pero con un objetivo claro: la amnistía.
“Todas las decisiones que se van tomando en Europa demuestran que el Estado español está obsesionado, encasillado y ubicado en un error judicial de primera magnitud, en una vulneración de derechos básicos de nuestros representantes democráticos. Seguimos instalados en mantener una defensa activa de los derechos desde los movimientos pacíficos”, concluyó.