Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La semana pasada, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó un informe en el que pronosticaba lo que podría costarle a Colombia dejar de depender económicamente del petróleo y el carbón. Una cifra puede resumir el impacto que tendría esa transición si se reduce la producción en los próximos siete años para depender de otros sectores: se perderían unos 260.000 empleos relacionados con estos sectores. (Le puede interesar: Esta es la nueva especie de pangolín que, hasta ahora, era desconocida para la ciencia)
De acuerdo con las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, se prevé, además, que la demanda de carbón y petróleo a nivel mundial disminuya drásticamente. Hablando solo del carbón, para 2050 el país podría dejar de recibir USD$ 280.000 millones.
Ante este escenario, el Gobierno colombiano se ha comprometido en diferentes ocasiones a hacer un tránsito hacia una economía que dependa de otros sectores, como el agrícola o el turismo, mientras se abandona poco a poco la producción petrolera y de carbón, pues la explotación de combustibles fósiles es uno de los principales responsables del cambio climático. Como ha recordado en múltiples ocasione el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), de no reducir su consumo el planeta pasará serios aprietos a final de este siglo.
Una de las muestras de lo inquietante de la situación es lo que sucede en Colombia. En el país, cada año hay población víctima de una inundación o un deslizamiento de tierra. Según el Banco Mundial, a 2023, en departamentos como Boyacá o Risaralda, cuatro de cada 10 personas tienen un acceso limitado a servicios como acueducto y alcantarillado debido a deslizamientos de tierra. Lo mismo le ocurre a una de cada cinco personas en Huila, Cundinamarca o Boyacá, cuando enfrentan una inundación. (Le recomendamos: “No podemos humanizar a los animales”: exdirectora de la IPBES)
Este martes 26 de septiembre, el Grupo Banco Mundial presentó un informe en el que señala un camino para lograr esa transición de los combustibles fósiles a otro tipo de economía sin renunciar al desarrollo económico. El gran desafío es que, para hacerlo, es necesario acelerar varias de las estrategias que ya se están implementando y poner a andar otras que, hasta ahora, están solo en el papel.
La acción climática debería acelerarse
Este año, el Ministerio de Ambiente presentó con orgullo las cifras de deforestación correspondientes a 2022: después de 10 años, el país logró disminuir el número de hectáreas (ha) deforestadas. Se talaron unas 123.000 ha de manera ilegal. Aunque el panorama parece esperanzador, aún es una meta que está lejos de lograr las 50.000 ha que se planteó el Gobierno para 2030.
El interés por alcanzar este objetivo está relacionado con otra meta que se trazó el país: reducir sus emisiones de carbono a un punto neutro para 2050. Sin embargo, esta pretensión requiere de acelerar los esfuerzos que se hacen en materia ambiental. (También puede leer: De las colillas a los cigarrillos electrónicos, ¿otro problema ambiental?)
Julian Lee, especialista senior de cambio climático en el Banco Mundial, explica que el país debería disminuir para 2024 a 37.500 ha deforestadas por año, para que los bosques contribuyan con la mitad de la reducción de emisiones de carbono proyectada para 2030. Además, sería necesario restaurar 5.8 millones de ha de tierras y aumentar los sistemas de ganadería sostenible a un ritmo de dos millones de ha al año.
Hay ejemplos que muestran modelos que han tenido éxito. Uno de ellos está en Caquetá, en donde el Comité de Ganaderos de ese departamento ha restaurado 8.000 hectáreas bajo modelos de ganadería sostenible. Pero es apenas una parte minúscula de lo que se necesitaría para alcanzar las metas propuestas.
Las otras estrategias que hay que implementar, añade Lee, deben estar enfocadas en los sectores que más emisiones generan. Uno es el transporte, en el que para 2030 sería necesario tener cerca de siete buses eléctricos por cada 10 que estén en circulación. Además, para ese año, menos de la mitad de los carros particulares deberán ser a gasolina o gas.
El transporte de carga también debería disminuirse. El Gobierno actual ha propuesto reactivar la red ferroviaria del país, algo que es fundamental para mitigar el cambio climático. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cómo se pondría en funcionamiento ni cuándo iniciaría. El informe sugiere que para 2030 el 20 % del transporte de carga vaya sobre rieles. (Le recomendamos: Los países amazónicos perdieron grandes cantidades de agua en los últimos 10 años)
El objetivo de acelerar estas acciones es que Colombia disminuya sus emisiones de carbono un 3 % cada año, de aquí a 2050. Solo así se lograría alcanzar la meta de reducirlas a un punto neutro.
El costo de la transición climática
Conservar los bosques, traer buses eléctricos y echar a andar de nuevo los trenes es algo que hoy supera la capacidad económica del país. El informe estima que se necesita una inversión de USD$92.000 millones de aquí a 2050 para lograrlo.
Este dinero no solo estaría destinado a potenciar las metas ambientales, sino también al establecimiento de proyectos de energías renovables. De acuerdo con Manuel Luengo, líder del programa de infraestructura para el Banco Mundial en Colombia, el país tiene tres tipos de energía a su disposición para esto: la solar, la eólica y la eólica costa afuera.
En La Guajira es donde está la capacidad de producción más alta de las dos primeras. “El desafío, en el caso concreto de esas dos tecnologías, es la implementación, porque el recurso se encuentra en la zona noreste del país, que es una zona compleja a la hora de dar permisos tanto sociales como medioambientales”, sostiene Luengo. En este aspecto, las negociaciones con comunidades Wayuu y el difícil acceso son puntos en los que deberá trabajar el Gobierno.
Sobre la energía eólica costa afuera, “estamos hablando de una potencialidad que excede muchísimo lo que podría consumir la economía colombiana y, por lo tanto, puede permitir no solamente pensar en descarbonizar el país, sino también ayudar en estos procesos de descarbonización a los países vecinos exportando energía eléctrica limpia”, explica Luengo. Desde principios de 2023 se está estructurando un proyecto piloto en Barranquilla, en el que participará Ecopetrol. Sin embargo, esta es una energía que es muy costoso producir y depende de encontrar alternativas para hacerla más económica.
Entre estos proyectos, la conservación ambiental y las demás estrategias de transición, se podría generar entre 2023 y 2030 unos 347.000 empleos. Eso, aunque supera ampliamente la proyección del DNP sobre los empleos que se perderían en el sector del carbón y el petróleo, tiene varios matices.
El primero es que la producción de carbón y petróleo está concentrada en algunos departamentos, como Norte de Santander, Córdoba, Cesar o Casanare. Por eso, allí, explica Lee, es necesario que el Estado llegue a garantizar el acceso a servicios básicos y alimentación, para evitar un incremento en los índices de pobreza.
El segundo es que Colombia no tiene la capacidad para subsidiar la pérdida de empleo en esas zonas sin aumentar los impuestos. Por esto también es necesario impulsar el crecimiento de otras alternativas económicas, como la agricultura y el turismo, en regiones que tradicionalmente no han dependido de esos sectores.
Esta transición “tiene que ser planificada de forma integrada y con la participación de las poblaciones y las regiones afectadas”, apunta Lee. Además, será fundamental implementar una “paz duradera e inclusiva”. Esta recomendación tiene que ver con la capacidad de las regiones para participar de la transición sin estar condicionados por la violencia a tener actividades económicas que impacten a la transición.
Teniendo en cuenta todo esto, el informe estima que la inversión antes de 2030 debería ser de alrededor de USD$ 30.000 millones. Un 80 % de esa inversión debería venir del sector privado.
Otro de los retos, añade Lee, está en fortalecer la confianza para los inversionistas, pues se trata de proyectos que darían rentabilidad solo en el largo plazo. Entre 2030 y 2050, esa inversión inicial generaría ganancias netas de USD$ 37.000 millones.
El problema, como lo ha advertido la Organización de las Naciones Unidas en la cumbre climática más reciente, es que naciones como Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y otras potencias, que son los que más emisiones de carbono emiten, tampoco están avanzando al ritmo que se necesita para lograr sus metas para 2030 y 2050.
Sin eso, reconoce el Grupo del Banco Mundial, es difícil que Colombia pueda disminuir la producción de carbón y petróleo sin tener un impacto considerable en su economía en el corto plazo.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
Por Andrés Mauricio Díaz Páez
Conoce más