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Es difícil olvidar las palabras de Brad Parscale, estratega digital de Donald Trump para las elecciones de 2016 en Estados Unidos, cuando tuiteó que la campaña del entonces candidato republicano era cien o incluso 200 veces más efectiva que la campaña de Hillary Clinton. Su afirmación solo fue un abrebocas que culminó con el escándalo de Cambridge Analytica, el primer gran terremoto electoral en el país que puso a las plataformas digitales como cómplices de un tenebroso juego de intereses internos y externos.
Las enseñanzas que dejaron esos comicios son muchas, pero en el centro queda una que se mantiene vigente hasta el día de hoy a escala mundial: la necesidad de regular y controlar la información y las cuentas falsas en la red, mucho más frente a los comicios presidenciales de este 3 de noviembre.
Durante épocas de crisis política, económica o sanitaria, es natural y necesario querer saber cómo actúan los gobiernos. Eso sí, nuestra forma de indagar ha ido cambiando con el paso del tiempo. Como asegura el profesor emérito en estudios de guerra del King’s College London, “en el pasado, la gente esperaba transmisiones de radio, veía un programa de televisión o compraba la última edición de un periódico. Ahora miran una pantalla esperando que aparezcan fragmentos de información en un ‘feed’ de Twitter o en una página de Facebook”.
Aunque el ruido mediático se ha centrado en Estados Unidos, pues las grandes compañías tecnológicas provienen de ese país, las denuncias de campañas de desinformación llegan desde todos lados del planeta. Si la premisa de las redes es conectar al mundo, también deben responder por preservar la democracia digital y las garantías de procesos electorales para mantenerlos lo más limpios posibles. Por ahora el panorama es borroso, pues cada plataforma tiene sus aproximaciones diferentes al problema.
Además del primer caso mencionado, hay muchos otros que han sido duramente cuestionados. En Argentina hay informes periodísticos que revelan masivas campañas digitales a punta de fake news, bots y trolls del macrismo para llegar al poder en 2015. En Reino Unido el camino hacia la votación del brexit, el 23 de junio de 2016, estuvo plagada de desinformación. Lo mismo ocurrió en Italia hace unos años cuando se afirmó que los migrantes terminarían colonizando el país. Incluso, en julio pasado, Facebook anunció el cierre de 35 cuentas, catorce páginas y 38 usuarios en Instagram, vinculados al gabinete de Jair Bolsonaro y dedicadas a difundir contenido falso.
Por supuesto, el caso de Colombia también es célebre. “Andrés Sepúlveda creó un programa en el que era posible sabotear al presidente Juan Manuel Santos a través de las redes sociales y espiar sus comunicaciones personales. Se le enviaban millones de preguntas que, básicamente, eran imposibles de contestar. Se crearon memes para desprestigiarlo”, afirmó en 2014 el español experto en informática Rafael Revert, quien grabó el video en el que aparecía el hacker Andrés Sepúlveda en compañía del entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.
Twitter, por ejemplo, se ha encargado desde hace meses de cerrar numerosas cuentas falsas y poner sellos en tuits con información dudosa. En medio de la guerra con Trump, quien intenta regularlo argumentando la libertad de expresión, el gigante tecnológico anunció nuevas reglas para eliminar o sellar tres tipos de comentarios: los mensajes que crean confusión sobre el proceso democrático o las autoridades a cargo del escrutinio, los que minan la confianza con informaciones no verificadas sobre presuntos fraudes y los que interfieren con el conteo, como cualquier anuncio de victoria antes de los resultados oficiales o incluso “los comportamientos ilegales dirigidos a impedir una transición pacífica”.
Google, por su parte, dijo que podría dar pasos para asegurar que su función de búsqueda de autocompletar no haga sugerencias equivocadas. Eso sí, su aproximación a los contenidos falsos es diferente a la de los demás. Durante un anuncio en 2019 afirmó en un comunicado: “Ya sea que se postule para un cargo político o venda muebles de oficina, aplicamos las mismas políticas de anuncios a todos; no hay diferencia. Es contra nuestras políticas que cualquier anunciante haga un reclamo falso”.
Y es que las alarmas se encendieron aún más la semana pasada, cuando Microsoft denunció que en las últimas semanas detectó y frustró ciberataques provenientes de Rusia, China e Irán contra personas y organizaciones vinculadas a las elecciones de Estados Unidos y que apuntaban también a objetivos adyacentes, como el Partido Popular Europeo, grupos de defensa, think tanks, partidos y consultores políticos. “Hemos estado monitoreando estos ataques y notificando a los clientes objetivo durante varios meses, pero solo recientemente llegó a un punto en nuestra investigación en el que podemos atribuir la actividad a Strontium (el grupo de ciberespionaje ruso Fancy Bear) con gran confianza”.
Pekín desmintió este viernes las acusaciones y las calificó de inventadas. “No tenemos ninguna gana de ingerir y jamás lo hicimos. Microsoft no debería inventar hechos, ni utilizar a China para crear polémicas», dijo Zhao Lijian, portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, que acusó a Estados Unidos de ser “el verdadero imperio de la piratería, las escuchas telefónicas y el espionaje”.
Si bien una red social como Twitter es capaz de difundir información valiosa y tener impactos positivos, también es capaz de amplificar mensajes falsos y discursos de odio. Así lo afirma el informe “Escalada por tuit: gestión de la nueva diplomacia nuclear”, del King’s College London, publicado el pasado año. El documento resume más de 18 meses de investigación en los que se concluyó que hay tres escaladas del conflicto que Twitter puede acelerar.
“La escalada deliberada; es decir, amenazas o campañas de desinformación; escalada catalítica, en la que un tercero, que puede ser un bot, funcionario del gobierno presiona para intensificar el conflicto, y la escalada inadvertida, en el que se mandan señales que son malinterpretadas por los demás”.
Estos elementos se inscriben en un área gris cobijada, para bien y para mal, por la libertad de expresión. Para la organización Derechos Digitales, “el discurso de odio pone en tensión la necesidad de ofrecer garantías para el discurso incómodo y minoritario, al tiempo que se protege un entorno donde los derechos de las minorías, los grupos en desventaja y los históricamente discriminados no se vean afectados por la hostilidad y el potencial peligro de sufrir ataques a su dignidad o su integridad”. Aunque este no haya nacido en lo digital, las plataformas sí logran diseminar mensajes negativos a muy bajo costo y a mucha más gente.
El punto caliente en este momento está en Estados Unidos, un claro ejemplo de lo difícil que es sancionar el tema, definir cuándo sí y cuándo no. A diferencia de la publicidad comercial, que sí penaliza los contenidos falsos con los que se atacan las marcas, el discurso político está protegido por encima de cualquier cosa por la primera enmienda. Se puede denunciar por difamación, sí, pero es un proceso largo al que ningún candidato está dispuesto a someterse. El punto más conflictivo es justamente que las redes sociales son compañías privadas que podrían censurar el contenido que quieran, por uno u otro motivo, lo hacen o no.
Las declaraciones hace unos meses de la directora de elecciones globales de Facebook, Katie Harbath, plantean serias dudas sobre lo que pueda venir en las próximas elecciones: “Nuestro enfoque se basa en la creencia fundamental de Facebook en la libertad de expresión, el respeto por el proceso democrático y la creencia de que, en las democracias maduras con una prensa libre, el discurso político ya es posiblemente el discurso más escrutado que existe”.
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