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Mientras el presidente Gustavo Petro guarda silencio sobre un caso de posible corrupción que ha revivido los fantasmas del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en torno a él se tejen versiones de conspiraciones, traiciones y movidas políticas que podrían terminar en un nuevo remezón de cargos a siete meses y 21 días del final del Gobierno. Entre tanto, en los órganos de control, la Fiscalía y hasta el Congreso siguen con lupa los nombramientos y contrataciones de la entidad en cuestión.
Se trata del Fondo de Adaptación, que, como lo reveló El Espectador, se convirtió en un foco de interés para algunos sectores políticos desde que, a finales de 2023, recibió COP 1,1 billones para invertir en los 11 municipios de cuatro departamentos que conforman La Mojana, subregión históricamente golpeada por las inundaciones. De hecho, como confirmó este diario, en los últimos meses la entidad fue un fortín burocrático para varias fichas de los partidos La U y Alianza Social Independiente (ASI).
La polémica derivó rápidamente en la implosión de una importante ala del gobierno de Gustavo Petro, pues dos altos funcionarios, Angie Rodríguez (directora del Dapre y gerente encargada del Fondo) y Carlos Carrillo (director de la Ungrd y exgerente del Fondo), con el ministro Armando Benedetti de por medio, se trenzaron en una batalla campal en la que se acusaron mutuamente de ser responsables de malos manejos. En medio de la pelea hablaron de “cortinas de humo”, “ineptitud”, “campañas de desprestigio” y hasta de presuntas “coimas” en contratos. El mandatario, aunque no ha publicado ningún trino al respecto, tácitamente respaldó a quien es considerada su mano derecha en la Casa de Nariño.
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Rodríguez, Carrillo y Benedetti en la pelea del Fondo de Adaptación
La directora del Dapre asumió la gerencia del fondo, en calidad de encargada, desde el 4 de noviembre de este año. Justo por esas fechas tomó fuerza la versión de un distanciamiento con el presidente y de su posible salida de Palacio. De hecho, fuentes del Gobierno comentaron que ella parecía estar trasteándose al Fondo como si se tratara de un “premio de consolación”. Las diferencias con Petro sí existieron, puntualmente por la oposición de ella a nombrar a José Alexis Mahecha en un importante cargo del Ministerio de Hacienda.
Aunque estuvo por algunas horas fuera del cargo, Rodríguez contraatacó señalando que existía un complot en su contra para sacarla del puesto y denunciando seguimientos e incursiones a su casa porque, según dijo, estaba a punto de revelar los hallazgos de una investigación de presunta corrupción en el Fondo de Adaptación. En su momento le dijo a El Espectador que las pruebas eran “graves” y que estaba trabajando con sus abogados en un informe extenso.
En medio de este pulso salió a relucir el nombre de José Raúl Moreno, quien llegó a la Presidencia de la mano de ella y se consolidó como uno de los hombres de confianza de Petro, manejando su agenda en el cargo de jefe de despacho. Fuentes palaciegas señalaron que Moreno y Rodríguez chocan constantemente por estar a la derecha del presidente e incluso desde el entorno de la funcionaria lo señalaron a él de estar detrás del supuesto plan para sacarla.
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Finalmente, la directora del Dapre sumó los apoyos de varios ministros e incluso de congresistas del Pacto Histórico —este martes fue condecorada por varios de dicha coalición— y se afianzó en el cargo. Una de sus primeras muestras de poder tras los choques fue organizar una declaración ante medios para presentar su mencionado informe sobre el Fondo de Adaptación. Durante más de 30 minutos, Rodríguez habló por los canales de la Presidencia sobre lo que consideró irregularidades y bajos niveles de ejecución en la entidad que tiene los recursos para La Mojana. Más allá de las especificidades de su denuncia, la presentación fue leída como un ataque directo a la gerencia de Carlos Carrillo, a quien le pidió responder por las irregularidades.
Según explicó, solo se ha ejecutado el 3 % de los COP 1,1 billones y se registran por obras inconclusas, inversiones cuestionables y retrasos en estudios. “La baja ejecución también es corrupción, ya que se está omitiendo una de las funciones que por Constitución y por ley corresponden. Ahí es donde yo pongo la alerta, porque se están dejando de prestar bienes y servicios a una comunidad que los necesita; y eso pasa por malos manejos o falta de planeación en la ejecución de estos recursos, que son prioridad”, le dijo la funcionaria a este diario.
Carrillo respondió calificando como “canallada” la declaración de Rodríguez y citó a su propia rueda de prensa para, durante casi una hora, defender su gestión y señalarla a ella y al ministro Benedetti de fraguar un “ataque político para minar mi legitimidad”. En entrevista con El Espectador aseguró que se fueron contra él porque se opuso a que el jefe de la cartera política “arme sus paquetes, sus acuerdos políticos tras bambalinas”.
Benedetti, por su parte, señaló a Carrillo de querer desviar la atención y sembró una duda sobre él y posible corrupción en contratos. “¿Es cierto que el señor Genaro Celia y el secretario Maykol Oyola (secretario de Carlos Carrillo) son los encargados de pedir coimas a cambio de los pagos represados en la entidad? ¿Es verdad que no sale un pago sin una coima?”, dijo en su cuenta de X.
Las esquirlas de este pulso entre los funcionarios, todos cercanos a Petro, han dejado en el aire otros nombres que parecen claves para aclarar el escándalo. Además, han generado cismas en el gabinete. Carrillo, con amplia trayectoria en la izquierda, encarna la oposición de los llamados petristas “purasangre” al aterrizaje en el Ejecutivo de figuras de la política o ajenas al proyecto, como el mismo Benedetti, Laura Sarabia, Jaime Dussán, entre otros. Por el otro lado, el ministro y la directora tienen el respaldo del sector pragmático del Gobierno, que de hecho ya piensa en las alianzas y en el “frente amplio” para retener el poder después del 7 de agosto de 2026.
Las huellas de los congresistas
En la defensa de Carlos Carrillo, que apuntó contra Armando Benedetti, saltó el nombre de Julio Elías Vidal, senador que hace parte del bloque del Partido de La U que apoya los proyectos de Petro. Vidal heredó el caudal político de su hermano, Bernardo Elías, exsenador conocido como el Ñoño y condenado por los casos de corrupción de Odebrecht y Fonade, este último relacionado con el hoy ministro del Interior. Julio Elías Vidal busca reelegirse el próximo año y ya lanzó la famosa campaña de la “ñoñomanía” en Córdoba.
El legislador fue citado en la trama de uno de los contratos más polémicos del Fondo, el de la llamada “Ruta del arroz”, estrategia para reactivar la economía de La Mojana. Como lo reveló El Espectador, este proceso, de COP 36.211 millones, fue adjudicado hace más de un año, pero a la fecha no presenta avances. Entre los contratistas está la Fundación San José, la misma del escándalo por el título falso de Juliana Guerrero cuando fue nominada para ser viceministra de Juventudes.
Este diario encontró que el contrato tiene la sombra de incumplimientos y, según dijo Carrillo, la gerencia que lo sucedió, en cabeza de la funcionaria Katherine Rojas, habría intentado favorecer al consorcio a pesar de las fallas. Tras la declaración de Rodríguez, Carrillo también vinculó al senador con el contrato y dijo que recibió denuncias de que el dinero sería usado para las campañas de 2026. “Los ñoños han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”, dijo Carrillo.
Las denuncias fueron anónimas y llegaron días antes de la adjudicación y, como lo contó este medio, en su momento (finales de diciembre de 2024) la administración de Carrillo las remitió a la Fiscalía. Este diario conoció la denuncia y en esta se relata que Jorge Alberto Zabala, representante del consorcio, sería “amigo íntimo” del senador y su hermano y que incluso tendrían “personal en el comité evaluador” de la licitación.
Consultado por este diario, Zabala dijo que representa a un grupo de empresas que prefieren no declarar en medios, pero defendió la ejecución del convenio. El senador Vidal, por su parte, le pidió retractación a Carrillo y dijo que nunca ha tenido algo que ver con el Fondo de Adaptación.
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La línea del Congreso también conecta con la senadora Berenice Bedoya, presidente del partido ASI. En la primera entrega de este diario sobre el caso se contó que su yerno, Johan Steven Londoño, fue nombrado en una oficina clave del Fondo, la Subgerencia de Proyectos, y que desde ahí les entregó millonarios contratos a aliados, asesores e incluso financiadores de su suegra.
Ella le dijo a El Espectador que no tuvo que ver con el nombramiento de Londoño y que no le “sorprende” que sus asesores puedan ser considerados para trabajar en otros espacios. Al ser consultado por la existencia de una alianza con ese partido y con La U, que incluiría puestos para la aprobación de los proyectos del Gobierno, el ministro Benedetti lo negó, aseguró que las relaciones con los partidos están rotas y que él no puede responder por todos los nombramientos.
Por este caso, la Procuraduría recibió hace algunos días una solicitud de indagación preliminar contra Carrillo, Rodríguez, Londoño y Katherine Rojas, también exgerente del Fondo y quien hace parte del otro capítulo de esta trama. Esta semana, el Ministerio Público, al igual que la Contraloría, abrieron expedientes para investigar todas las denuncias e identificar si hay recursos públicos en riesgo.
Los funcionarios y contratistas mencionados
Otra de las piezas fundamentales en este rompecabezas es Katherine Rojas, quien fue, antes de Rodríguez y por algunas semanas, gerente del Fondo. Según Carrillo, ella sería cercana a Benedetti y la ficha para entender los intereses de éste en la entidad. El ministro también negó esa versión y señaló que no conoce a Rojas. Eso sí, como lo contó este diario, sí conoce al esposo, Tito Lovo Carretero, quien está en uno de los principales cargos de la cartera que maneja Benedetti, ya que es subdirector de proyectos.
Katherine Rojas ingresó a la entidad en 2014, razón por la cual algunos integrantes del petrismo la tachan como parte del gobierno de Iván Duque y agregan que es cercana a Aníbal Pérez, funcionario a quien Petro directamente ha pedido no contratar. Este diario conoció que, tras su salida del Fondo en medio de los enredos de la “Ruta del arroz”, Rojas volvería en los próximos días al Gobierno como contratista de la Agencia Nacional de Minería.
Otro nombre en la lista es el de Jorge Andrés Charry, quien, según Carrillo, debe responder por la adjudicación del contrato de COP 36.211 millones. De acuerdo con los documentos que antes había presentado este medio, Charry efectivamente firmó la resolución y los estudios previos en calidad de subgerente de Regiones. Aunque Charry no se ha pronunciado al respecto, en sus redes ha respaldado a Angie Rodríguez en las denuncias.
En cuanto a los contratistas, además del mencionado Jorge Zabala, la presencia de la Fundación San José también conecta con el caso a Francisco Pareja González, fundador y representante legal de la San José y uno de los representantes del consorcio que opera la “Ruta del arroz”. Pareja es cuestionado por su relación en el pasado con el Partido de La U y con Benedetti, pues de hecho fue su fórmula a la cámara en 2014. El jefe de la cartera política ha dicho que no tiene un concepto favorable de Pareja, pero que no ve desde hace 10 años. Sin embargo, en 2018 también hicieron alianza para las elecciones.
Desde la Casa de Nariño y las oficinas de la Ungrd reconocen que la pelea continuará y que Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carillo no piensan ceder. Lo que está en juego no solo son los millonarios recursos del Fondo, sino también la posición de cara a las próximas elecciones. Rodríguez, por ejemplo, señala a Carrillo de querer pavimentar una candidatura a la Alcaldía de Bogotá, mientras este responde que lo quieren sacar porque está blindando los recursos de la Ungrd. Tras los episodios públicos, el pulso se daría sigilosamente, abriendo otro boquete en la cohesión del gobierno Petro —que se suma a los que han protagonizado el mismo Benedetti, Laura Sarabia, Francia Márquez, Augusto Rodríguez, Eduardo Montealegre, Alfredo Saade, entre otros— y amenazando la unidad para 2026.
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Por David Efrén Ortega
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