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En 2018, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al exsenador de La U Mauricio Lizcano por su presunta participación en el cartel de la toga. Se trata del político más joven en llegar a presidente del Senado, que además es hijo del excongresista paisa Oscar Tulio Lizcano, quien sobrevivió a un secuestro de las extintas Farc. No obstante, para la Fiscalía no hubo pruebas que vincularan a Lizcano hijo en el entramado de corrupción que torcía procesos en las más altas esferas de la justicia. El Espectador conoció el documento de finales de 2018 con el que se ordenó archivar ese proceso.
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El caso contra Lizcano nació, como la mayoría en el cartel de la toga, por las declaraciones del exjefe Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno. Según su relato, junto a exmagistrados y abogados tenían montada una organización criminal que a cambio de millonarios sobornos favorecía a políticos en decisión judiciales. En una declaración que Moreno dio en octubre de 2017 en la Corte aseguró que el expresidente de ese alto tribunal, Leonidas Bustos, quien ha negado cualquier vínculo con el cartel, le habló una vez en una reunión en Miami sobre Lizcano.
“Se viene un caso importante, vamos a cobrar unos $5.000 millones de pesos. Es el caso de Lizcano”, relató Moreno que le había dicho Bustos. Para esa época, Moreno y el exmagistrado Francisco Ricaurte tenían una firma de abogados y, según los dichos del exfiscal, muchos de los congresistas, gobernadores y demás políticos que defendieron pagaron para sacar decisiones a su favor. Tras escuchar esto, los magistrados que estaban tomando el testimonio de Moreno compulsaron copias para investigar a Lizcano.
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El congresista paisa no se presentó a las siguientes elecciones legislativas en 2018. Al no ser más senador, la Corte perdió la facultad de investigarlo y el proceso pasó a la Fiscalía ese mismo año. Su defensa le pidió al entonces coordinador de fiscales delegados, Fabio Espitia, que investigara con la mayor premura el caso para esclarecer lo ocurrido y el funcionario, que luego pasó a ser fiscal general, tomó una decisión en noviembre. “No es posible afirmar la existencia de delito”, concluyó Espitia en un documento de ocho páginas.
Y es que, escribió el fiscal Espitia: “precisó Moreno Rivera que para el proceso del senador Lizcano él no recibió poder, ni instrucciones, ni información sobre algún proceso en el que específicamente se iría a representar al referido congresista, razón por la que nunca tuvo honorarios. Es más, ni siquiera pudo indicar si se produjo, como él mismo señaló, ‘una decisión desfavorable’, como tampoco pudo referir en cuál de las actuaciones en las que la Sala Penal de la Corte Suprema investiga al exparlamentario habría actuado su oficina de abogados”.
De hecho, cuando le preguntaron directamente a Moreno en ese interrogatorio si tenía más información sobre el caso de Lizcano, el exfiscal respondió que se lo mencionó una vez el abogado Gerardo Torres. En específico, su colega le mencionó que tenían “un nuevo mejor amigo”, pero la Fiscalía señala que nunca se agregó a esta frase una connotación “que pudiese tener alcance delictual”. Es decir, el testigo estrella del cartel de la toga no tuvo conocimiento alguno de que esa organización criminal hubiera manejado el caso de uno de los congresistas más conocidos del país.
En cualquier caso, el fiscal Espitia ordenó inspeccionar los siete procesos que había en ese momento en la Corte en contra del exsenador Lizcano. “No se encontró poder otorgado por el investigado a Moreno Rivera, ni de ningún otro de los abogados que a lo largo de su declaración indicó hacían parte del concierto. Ni siquiera Leonidas Bustos Martínez, quien le habría transmitido la información a Moreno figura como defensor en alguna de estas investigaciones”. Por ende, a juicio de la Fiscalía, la mera mención de Lizcano en este escándalo no tiene relevancia penal.
“Para evitarle a Mauricio Lizcano un largo y penoso banquillo, al que someten a tantos colombianos, le pedimos a la Corte y a la Fiscalía que fueran muy intensivos y detallados en las investigaciones, las hicieron, archivaron y quedó demostrada la probidad del hoy exsenador”, le dijo a este diario Mauricio Pava Lugo, el abogado del excongresista de La U. Lizcano es el segundo salpicado por el cartel de la toga al que le archivan la investigación. Solo había ocurrido antes con el exsenador conservador Hernán Andrade.
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