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La infraestructura eléctrica y las empresas del sector de los hidrocarburos y extractivas se han visto afectadas por la ola de inseguridad que afrontan importantes zonas del país. Esta situación afecta la economía nacional y regional a través de un menor ingreso de impuestos y regalías para obras sociales.
En lo corrido de este año la actividad petrolera del país ha registrado 577 bloqueos a las operaciones, 33 voladuras al sistema de oleoductos, en electricidad se reportaron tres atentados a las líneas de transmisión de alto voltaje, y en minería algunas multinacionales mineras de oro y cobre alistan salida del país.
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La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) señaló que, en materia de conflictividad y seguridad, las empresas del sector hidrocarburos en el país y sus trabajadores en algunas regiones se ven afectados sistemáticamente con hechos que vulneran sus derechos humanos como la vida e integridad física y salud, y derechos fundamentales al trabajo, libre movilidad y finanzas públicas.
En este escenario, el gremio reportó que, con corte a junio, de este año se han registrado 577 bloqueos a las operaciones, un 25% más que en el mismo periodo de 2022; año en el que en total se presentaron 1.056 bloqueos a las operaciones de la industria, en promedio 2,9 bloqueos diarios; los cuales representaron un aumento del 36% en comparación con 2021; siendo Santander, Meta, Casanare, Putumayo y Arauca, los departamentos con mayor incidencia.
Sobre los ataques dinamiteros contra la red de transporte de hidrocarburos, con cifras del ministerio de Defensa, las cifras muestran que las voladuras de oleoductos ascienden a 33 ataques hasta agosto. Mientras el año pasado se reportaron 20 y en 2021, llegaron a 31.
Según Cenit, la compañía filial de Grupo Ecopetrol dedicada al transporte y la logística de hidrocarburos, de los 33 ataques terroristas a la redes de oleoductos, 28 han afectado a la red Caño Limón Coveñas y cinco al oleoducto Transandino. En todos los casos el derrame de crudo ha dañado el medio ambiente contaminando el agua que surte a los acueductos de las zonas aledañas al atentado. Igualmente, las finanzas de las regiones se disminuyen por la menor producción petrolera impidiendo la realización de obras de beneficio comunitario.
Recuerda ACP que, en lo corrido de 2023, también se ha registrado la toma a las instalaciones de un campo en Caquetá; el secuestro de un contratista de una empresa prestadora de bienes y servicios del sector en Puerto Gaitán; la circulación de panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales. Todos estos actos delictivos no solo afectan a la industria, sino también a las comunidades cuya vida e integridad se pone en riesgo y se les vulneran otros derechos; las regiones y el país también se ven considerablemente afectados en razón a que sus ingresos fiscales por cuenta de la inversión del sector y sus regalías se ven mermados, entre otros impactos.
Otras afectaciones advertidas por la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas tienen que ver con la imposibilidad del suministro de combustibles. El gremio sostiene que los bloqueos, cada vez más recurrentes y prolongados, que se registra en diferentes regiones del país, implica que el abastecimiento de gasolinas, diésel y jet fuel (combustible de aviación) se ha visto afectado por los crecientes cortes de vías. Estos bloqueos se han presentado en Cundinamarca, Meta, Huila, Santander y Cesar.
La ACP señala que en lo corrido del año se han identificado al menos 180 bloqueos con una duración de hasta nueve días, lo cual ha interrumpido el despacho de combustibles líquidos desde las plantas de abasto mayoristas hacia estaciones de servicio y aeropuertos. Estas acciones ilegales han puesto en riesgo el abastecimiento de 20 millones de galones de combustibles (cerca del 1% de la demanda nacional), indispensables para la movilidad de las personas, el transporte de alimentos, medicinas, mercancía, entre otros productos de primera necesidad para los hogares.
Las plantas más afectadas han sido las de Mansilla en Facatativá, Sebastopol en Santander y Apiay en el Meta. La planta de Mansilla abastece de combustibles a Bogotá, al aeropuerto El Dorado y a una parte de la región de la Orinoquía.
Ataques a infraestructura eléctrica
ISA Intercolombia, una empresa de ISA informó que en lo corrido de este año se han registrado tres atentados a dos de sus líneas de transmisión a alto voltaje en el departamento de Antioquia, que no han afectado la normal prestación del servicio y que se han materializado en dos torres derribadas, cuyos trabajos de recuperación avanzan satisfactoriamente.
Explica el informe que los primeros atentados ocurrieron sobre las línea Antioquia Porce y Cerromatoso Porce, las cuales fueron oportunamente reparadas por los técnicos de la empresa ISA Intercolombia.
El más reciente ataque terrorista contra una torre del sistema de transmisión de energía se presentó el 8 de septiembre. Este ataque dinamitero sacó del servicio la línea Antioquia Porce; la compañía estima que la reparación de la torre afectada culmine el próximo 8 de octubre.
Respecto a los costos de recuperación de la infraestructura, actualmente ISA Intercolombia está efectuando las estimaciones respectivas y estas dependerán de diversos aspectos como la ubicación geográfica, la topología del terreno, el nivel de tensión del circuito afectado, el tipo de torre y la cercanía a los centros poblados. entre otros factores, señala la empresa de ISA en un informe.
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Aclara ISA Intercolombia que teniendo en cuenta la proximidad del fenómeno de El Niño, estos ataques no han afectado las líneas de transmisión y que el sistema está preparado para cualquier eventualidad que pueda afectar la prestación del servicio. Este es un asunto que en general compete a toda la cadena, reseña el estudio.
“Desde la infraestructura que administra y opera ISA Intercolombia, la situación expuesta anteriormente no afecta la normal prestación del servicio de energía actualmente, ni de cara al fenómeno de El Niño”, señala la compañía encargada de mantener las líneas de transmisión.
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