Silencio, instituciones trabajando (II)

Tantos gritos, tanta estigmatización, tanta manipulación del debate público y tantas amenazas veladas por parte del uribismo y los defensores del expresidente Álvaro Uribe se estrellaron con la dignidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En una decisión justa, unánime y bien sustentada, el tribunal remitió el proceso del ahora exsenador a la Fiscalía. Tal y como correspondía en derecho. Mientras el caso continúa y el expresidente investigado sigue con todas las garantías del proceso penal que hasta ahora ha tenido, ¿se ofrecerán disculpas a los magistrados, a quienes no bajaron de mafiosos y secuestradores? La pregunta es, por supuesto, retórica. Reconocer errores no entra en la estrategia política de quienes prefieren incendiar las instituciones antes que verse derrotados.

Lo dijimos: el expresidente Uribe cuenta con todas las garantías procesales. También lo dijimos: la Corte Suprema de Justicia ha actuado con transparencia, disciplina y rigurosidad. Asustado por la medida de detención preventiva, el uribismo activó toda una maquinaria de desprestigio contra el alto tribunal, acusándolo de ser una pieza más en la conspiración de la “extrema izquierda”. Los mismos abogados del exmandatario, cuando finalmente presentaron la renuncia al Senado buscando un cambio de competencia, dijeron en tono amenazante que la Corte tendría que atenerse a las consecuencias si no enviaba el expediente a la Fiscalía.

En medio de ese ambiente hostil, la Corte, en votación unánime, respondió con tranquilidad y claridad: “Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista (…), por tratarse de delitos comunes y, además, por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador, o que fueran su necesaria consecuencia, o el medio y oportunidad propicia para su ejecución, o un desviado o abusivo ejercicio de funciones, (el tribunal) resolvió remitir el proceso a la Fiscalía”.

Ahora le corresponde a la Fiscalía de Francisco Barbosa, la cual ya realizó una imputación por los mismos hechos contra Diego Cadena, el abogado del expresidente, evaluar el expediente y contarle al país la decisión que toma sobre si seguir el caso ante un juez penal o desestimar los cargos. El país entero estará encima de esa decisión, siempre con respeto por las instituciones y exigiéndoles que sean transparentes en su actuar (como lo hicimos con la CSJ).

Entonces, la saga del expresidente Uribe continúa. Por el bien del país, la Fiscalía deberá darle celeridad al caso. Sea cual fuere la decisión, Colombia necesita que los hechos en torno a una figura tan importante sean aclarados para que no nos quedemos estancados en la inane discusión entre uribismo y antiuribismo.

Lo que sí no se borrará es el fuego que decidieron prender los aliados del expresidente y también sus defensores de oficio, incluso en medios de comunicación. La visión que presentaron fue apocalíptica, de una justicia incapaz de tomar decisiones en derecho, de una mafia infiltrada. Se llegó al extremo de comparar una medida de detención con un secuestro. Esas barbaridades lo único que lograron fue afectar la legitimidad de las instituciones, enardecer los ánimos y poner en riesgo la vida de todos los involucrados. ¿Habrá arrepentimiento? Soñamos.

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