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El anunciado regreso a sus territorios de la comunidad embera asentada en Bogotá sigue sufriendo tropiezos que agravan la crisis humanitaria que viven cientos de familias indígenas que llegaron a la ciudad desplazadas por el conflicto armado, oriundas de los departamentos de Risaralda y Chocó. El pasado 16 de julio, la Unidad de Víctimas anunció que el lunes 29 de julio empezaría el retorno de las primeras 92 familias (asentadas tanto en el parque Nacional como en las Unidades de Protección Integral UPI de la Rioja y la Florida), que expresaron su voluntad de volver. Sin embargo, a la fecha no ha salido el primer bus y no hay nueva fecha.
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La urgencia no es menor. Hay un gran grupo que quiere retornar. La Unidad de Víctimas dijo que “de la caracterización que realizó en el primer trimestre del año, de las 779 personas, asentadas en el Parque Nacional, 633 manifestaron su intención de querer volver a sus territorios; 119 pidieron reubicación, y 17 expresaron su intención de integrarse localmente”. Esa cifra, junto a otro grupo de indígenas asentados en las UPI, suman un total de 1.300 personas que quieren retornar.
Hoy, tras el reciente incumplimiento, reina la incertidumbre, que le suma presión a la crisis humanitaria del pueblo Embera en Bogotá. En especial porque el plan lo pactaron directamente con el Gobierno Nacional y el Distrito, pero, al parecer, las fallas de algunas entidades nacionales terminaron por truncar el acuerdo. El pacto tripartito que contemplaba el regreso necesitaba que entidades adscritas a la Nación, como el ministerio del Interior, garantizaran la permanencia segura y sostenible de las comunidades en los territorios de los cuales fueron desplazadas.
Sin embargo, tal y como lo anunció la Consejera de Víctimas del Distrito, dichos organismos no habrían adelantado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos. Lo anterior se confirmó luego de que los representantes de la Nación no asistieran a una reunión programada el viernes 26 de julio, para confirmar que todo estaba listo para empezar la operación. En esos ires y venires ha estado la comunidad Emberá desde el 2018, año en que la alcaldía de Enrique Peñalosa empezó con los planes de retornos a los respectivos cabildos y territorios de la comunidad desplazada.
Desde entonces, los planes anunciados año tras año se han visto truncados, pues la ‘papa caliente’ se la pasan entre Distrito y Gobierno Nacional, sin que se llegue a un retorno digno, con garantías robustas de no repetición. A la fecha, de acuerdo con María Ximena Morales, subsecretaria de Gobierno de Bogotá, van 18 planes de retorno fallidos.
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Tras el nuevo aplazamiento, la Unidad de Víctimas anunció que este miércoles 31 de julio se haría un nuevo anuncio de fechas de retorno y de estrategias enfocadas en asegurar una permanencia digna y segura en los territorios. Además de garantías de no repetición de las condiciones que propiciaron la diáspora de la comunidad. “Desde la Unidad para las Víctimas lideramos la reunión para reprogramar el retorno de la comunidad Emberá. Establecimos nuevas fechas y discutimos las estrategias necesarias, para garantizar un retorno seguro y digno para todos los miembros de la comunidad”, señaló Lilia Solano, directora de la entidad.
Sin embargo, la comunidad señala que aún no hay nuevas fechas. “No hemos logrado un acuerdo general. Lo que se va a hacer, en definitiva, todavía no se sabe. En esta reunión de lo que se habló fue del acompañamiento en materia de seguridad, que tendrá la comunidad, una vez esté en los territorios. Hasta que los compromisos relacionados con la seguridad en los resguardos no se establezcan de manera clara, la comunidad no se va a devolver y por eso no se ha logrado fijar una fecha”, aseguró, en diálogo con El Espectador, Nelson Murry, líder de la comunidad Embera asentada en el Parque Nacional.
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De acuerdo con Murry, el 11 de agosto, representantes de entidades del Gobierno Nacional, como el ministerio de Vivienda y la Unidad de Víctimas, viajarán hasta los territorios para conocer la situación de primera mano. “Habrá una reunión con los gobernadores de las comunidades afectadas, para llegar a un acuerdo que permita que las personas puedan retornar con las garantías de seguridad, que puedan generar garantías de no repetición”, señala el líder.
Por su parte, la alcaldía de Bogotá anunció que realizó un acuerdo con la Banca Nacional, para realizar giros por un valor que oscila entre los l.500 y los 1.800 millones de pesos, cuyo propósito será cubrir los gastos derivados de la salida de la ciudad de más de 300 familias de la comunidad Embera. Esto, si se logra establecer un acuerdo de retorno seguro. Los recursos saldrán de la secretaría de Integración Social y se entregarían en tres transferencias, cada cuatro meses.
El primero, una vez la comunidad regrese a sus territorios y los desembolsos restantes una vez se estén establecidos allí. El Distrito también realizó jornadas masivas de cedulación, bancarización y valoraciones médicas, procesos necesarios para garantizar un retorno en condiciones dignas. En ese sentido, las condiciones para que la comunidad abandone la ciudad, al menos, por parte del Distrito, están dadas. No obstante, sin las garantías de seguridad que debe dar el Gobierno Nacional en los resguardos, “la comunidad no se va a mover de donde está”, agregó Murry. Y, por lo tanto, la agudización de la crisis humanitaria podría continuar escalando.
Según el alcalde Carlos Fernando Galán cerca del 80% de la población Embera de la ciudad ha manifestado su intención de retornar. “Invías, Prosperidad Social, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Tierras, entre otras dependencias del Estado, que tienen alguna responsabilidad en la solución de la crisis, no se han sumado cómo deberían sumarse. Nos parece clave que este proceso sea distinto. No es solamente decir que haya retorno y punto. El reto es cómo garantizamos que esa población tenga la posibilidad de quedarse y no tenga que regresar, contra su voluntad, a Bogotá”, expresó el mandatario.
Pese a las situaciones de riesgo que sufre la comunidad asentada en Bogotá, todos tienen claro que para volver necesitan proyectos productivos en los territorios; soluciones de vivienda, de vías de acceso, proyectos de desarrollo y el acceso a salud, entre otros mínimos básicos, que, por ahora, siguen siendo una mera expectativa. Hasta que no se den las condiciones, seguirán asentados en la capital padeciendo la precariedad y miseria, siendo una de las tantas comunidades indígenas a las que históricamente el país le ha volteado la cara.
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