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La ONG Temblores ha sido una de las pocas que ha llevado un registro pormenorizado de los posibles excesos policiales en las protestas. Su trabajo no se limita a las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril, sino que ha prendido las alarmas desde meses atrás. Fueron ellos los que registraron con detalle la violencia policial que se vivió en Bogotá durante el 9 de septiembre de 2020, en las movilizaciones tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de la Policía.
Una buena parte de la labor de la organización se ha centrado en ponerle la lupa al actuar de la Fuerza Pública en las ciudades. Como parte de este trabajo, han comenzado a impulsar una propuesta para realizar una reforma integral de la Policía. Por eso, en medio del paro nacional y de cientos de reportes de excesos de las autoridades, El Espectador entrevistó a Alejandro Lanz, su director, sobre dicha reforma y sobre el panorama de la acción policial en las recientes movilizaciones del paro.
¿Qué es lo mínimo que debe incluir una reforma a la Policía?
Estamos apostando a una reforma en la siguiente legislatura. Desde nuestro informe “Bolillo, Dios y Patria” tenemos siete puntos muy importantes. El primero es la prohibición total de las armas de letalidad reducida, porque hemos identificado varias prácticas que demuestran que el uso por fuera de los protocolos ha causado la muerte de manifestantes. Lo vimos con Dilan Cruz, donde el Esmad disparó al pecho y a la cabeza de quienes protestaban. Y ahora, en este paro, hemos visto que se han intensificado los disparos hacia los ojos. El siguiente punto es la prohibición total del porte de armas de fuego de los equipo de patrullaje que acompañan las protestas. Esta utilización de armas de fuego lo que ha hecho es que la Policía las accione de manera indistinta.
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Otro problema estructural es que el Estado no diferencia entre los que cometen actos vandálicos para judicializarlos y quienes participan pacíficamente en manifestaciones. Lo otro que hemos pedido es que los comparendos impuestos por la Policía cuenten con la firma de un tercero civil que haga las veces de testigo y dé fe de la contravención. Esto es importante, porque muchas veces es el primer punto de encuentro entre la Policía y los que están en el espacio público. Estas no son propuestas solo para la protesta, sino un cambio estructural a la Policía. Lo otro es que hay que hacer una reforma profunda a la justicia penal militar y a la ordinaria, para que los crímenes cometidos por la Fuerza Pública sean juzgados por jueces independientes, no por ellos mismos. Es que no es un acto del servicio asesinar, violentar o agredir sexualmente a las personas.
Es decir, que la Policía salga de la esfera de la justicia penal militar…
Es lo que nosotros proponemos y que los crímenes cometidos por uniformados sean juzgados por la justicia ordinaria. En este marco también señalamos que se debe fortalecer el carácter civil de la Policía. Hay que quitarle atribuciones. Planteamos, por ejemplo, que los policías de tránsito no dependan del Ministerio de Defensa, sino del de Transporte. También que las movilizaciones estén acompañadas por la Defensoría del Pueblo y por otras entidades que no estén armadas. Se trata de una reforma al aparato estatal para que la Policía no esté adscrita al ministerio de guerra. Como dice la Constitución, la Policía es un cuerpo civil y creemos indispensable que no sea parte del Ministerio de Defensa, sino del Interior.
¿Cree que la falta de una acción disciplinaria eficaz genera los excesos de la Fuerza Pública?
Esto forma parte del sistema de impunidad de la Fuerza Pública. Los delitos son investigados por fiscales adscritos a la justicia penal militar, muy pocas veces la Procuraduría asume el control disciplinario, y vemos que los procesos en las inspecciones no avanzan mucho cuando se cometen actos de violencia por parte de la Fuerza Pública. Por el contrario, vemos muy rápido cuando un oficial o patrullero desacata una orden de su jerarca mayor. Por ejemplo, en Cali vimos cómo rápidamente le abrieron investigación a un joven policía que rechazó hacer un desalojo. Esta efectividad en estos casos es notoria, pero cuando la policía comete algún tipo de delito, no vemos el mismo actuar.
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Otro problema estructural que hemos visto, y que es la puerta para falsos positivos, es que la Policía, en su interior, tiene un sistema de cuotas de capturas o comparendos para ascensos. Lo hemos visto en esta jornada, pero eso pasa en el día a día. Ellos tienen que llegar con cierta cantidad de comparendos y capturas, y eso es parte de un sistema nocivo que genera mucha violencia. Queremos que se abra un debate nacional. Esta es una gran oportunidad, por lo que está sucediendo actualmente en el país, para sentarnos y pensar en una nueva Policía. No puede ser que no haya un consenso sobre que la Policía no debe matar a la gente y no debe realizar ejecuciones extrajudiciales, como las que hemos visto estos días.
Se ha criticado el papel de los órganos de control, ¿no deberían tener un papel más activo para revisar las actuaciones de la Fuerza Pública?
Por lo menos el año pasado contábamos con un Ministerio Público un poco independiente al Gobierno. Ahora notamos que los organismos de control no están acompañando las movilizaciones. Las alcaldías y las personerías también han dado órdenes de retirarse del acompañamiento por temor a su vida. Entonces, los manifestantes se están quedado solos, sin ningún tipo de mediación. Tenemos una Defensoría del Pueblo completamente desconectada de lo que está sucediendo. El defensor salió en radio a decir que no tenía información de lo que estaba sucediendo y no estuvo presente en el puesto de mando unificado. Todo eso demuestra una desconexión del Estado y las instituciones que deberían estar ejerciendo control.
¿Ustedes han adelantado algo con algún congresista en torno a esa propuesta de reforma a la Policía?
Tenemos conocimiento de que hay cuatro proyectos de ley en el Congreso. Pero nosotros no trabajamos directamente con ninguno de ellos, porque nuestra tarea es dar los insumos y diagnósticos que creemos, y solo se los enviamos a los congresistas y a los que están en capacidad de generar estos cambios. Pero en este Congreso en específico, estamos apuntando a una campaña nacional para generar un debate sobre la violencia policial contra la ciudadanía, porque creemos que si bien es cierto que el momento más visible son las movilizaciones sociales, hay un ataque diferenciado a ciertos grupos poblacionales. Así lo documentamos en el informe “Bolillo, Dios y Patria”, donde encontramos que las personas que usan droga, la población LGTBI, habitantes de calle y los estudiantes viven de una manera diferenciada esa violencia policial.
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¿Es posible adelantar una reforma de este talante cuando el Congreso ha intentado frenar nombramientos de vinculados con falsos positivos y no ha sido posible?
No, creemos que en este Congreso no hay posibilidad de hacer un gran cambio. Este proceso es a un año y medio, porque debe haber una amplia participación de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas de violencia policial del 9 de septiembre de 2020 y de otras acciones del Esmad.
Las últimas marchas han dejado ver una situación que antes no se reportaba: el uso de armas de fuego contra los manifestantes, ¿qué está pasando en la Fuerza Pública?
Es una preocupación que hemos manifestado desde el 9 de septiembre, cuando se dieron las masacres en Bogotá y Soacha. Hemos identificado un uso indiscriminado de armas de fuego desde la Fuerza Pública contra los manifestantes. Esta es una preocupación muy grande porque pensábamos que después del 9S no tendríamos unos eventos peores a los de ese día, pero estamos presenciando algo mucho peor en estas jornadas. Las cosas no van a cambiar hasta que haya una orden clara y directa de los altos mandos, del Ministerio de Defensa y de la Presidencia, de no disparar a la multitud de manifestantes.
En este contexto, uno ve mandatarios locales como Claudia López o Jorge Iván Ospina que dan un discurso en contra de la represión por un lado, pero uno ve la reacción de la Fuerza pública totalmente contraria a los pedidos. ¿Se está cumpliendo realmente la premisa de que el alcalde es la máxima autoridad de la Fuerza Pública en su ciudad?
Aquí hay otro problema estructural y es que el jefe máximo de la Policía no son los alcaldes y gobernadores, pues tienen una capacidad de mando muy reducida. Los que realmente están a cargo de toda la disposición de la Policía y las órdenes de los puntos de mando unificado son el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y los altos mandos militares. Hemos visto esta desconexión de las alcaldías, lo vimos con Claudia López, en donde hubo tres cambios de comandante. Ella dice que nunca dio la orden de disparar y el rastreo de las órdenes de mando de ese día han sido algunos de los obstáculos para determinar lo que pasó. Ellos no guardan registro de las determinaciones, sino que dicen que se tomaron por radioteléfono. No hay actas escritas de las órdenes y entonces el Estado no guarda registro de estos hechos.
¿Cuál es el panorama de la acción de la Fuerza Pública en las movilizaciones de los últimos días?
En la plataforma GRITA hemos venido registrando con preocupación varias cosas. Por un lado, el uso indiscriminado de armas de fuego y el uso de las supuestas armas de letalidad reducida en contra de la humanidad de los manifestantes, sin respetar los protocolos de disparos parabólicos ni de metraje -disparan a menos de 5 metros-. También les están disparando a la cara y 17 personas han perdido uno de sus ojos.
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Hemos identificado una serie de prácticas articuladas con los cortes de luz, a los cuales les estamos haciendo rastreo. Simultáneo a los cortes de luz, hay ráfagas de la Policía en contra de los manifestantes. Otra de las cosas es que hemos visto el uso de mecanismos administrativos para criminalizar la protesta social y judicializar a las personas que están participando. También está el uso desproporcionado de la fuerza. En este caso, vemos la patada de un chico a un policía. Lo máximo que podían haber hecho era judicializarlo por una agresión y no entendemos que la respuesta haya sido dispararle ocho balazos. Nunca se justifica asesinar a un ciudadano por eso. Y vemos con preocupación que la Policía, para dejar en libertad a las personas, les está pidiendo firmar actas de buen trato para impedir una posible judicialización o proceso disciplinario.
Hay un fallo de la Corte Constitucional frente a la estigmatización de la protesta social, ¿cuál es el panorama de su cumplimiento?
Nosotros fuimos coadyuvantes de la demanda en la que quedó demostrado que los procesos de estigmatización del Gobierno y su partido habían contribuído a construir discursos que generaron efectos en las calles. Esto es preocupante porque, mientras que los que gobiernan no separen claramente a los manifestantes pacíficos de los que cometen actos vandálicos, pues no van a poder judicializar a los que cometen los delitos y proteger a los que ejercen a un derecho constitucional.
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