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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) terminó de elaborar, el pasado 12 de febrero, la priorización interna que utilizará para seguir con las pesquisas del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), crímenes cuya cifra oficial elevó a 6.402 casos entre 2002 y 2008. La estrategia busca, primero, identificar a los determinantes y máximos responsables a escala regional y local y, luego, con base en la información obtenida, apuntar a los máximos responsables, altos mandos, si los hay, a escala nacional. Y, para empezar, definió seis subcasos que abarcan siete departamentos en los que se registra el mayor número de víctimas durante el período en examen.
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De esta manera, la justicia transicional abordará el fenómeno macrocriminal que ha sido objeto de pesquisas, pero caso a caso, en la justicia penal ordinaria, basándose principalmente en los informes que entregaron la Fiscalía General y organizaciones sociales que representan víctimas en todo el país, quienes se pusieron en la tarea de estudiar los patrones que la cantidad de casos indica. Una delimitación semejante, aunque construida con una metodología diferente, solo está presente en el examen preliminar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hace sobre la situación de violaciones de derechos humanos en Colombia desde 2012.
En 2016 la Fiscalía de la CPI anunció la identificación de los casos en los que podría llegar a existir una apertura de investigación formal, a partir de la estrategia de ese organismo “de investigar y procesar a los máximos responsables por los crímenes más graves”. En el informe de actuaciones de 2017, el organismo internacional los hizo públicos, reseñando a diez brigadas de cinco divisiones en Cesar, Norte de Santander, Magdalena, Meta, Casanare, Vichada, Huila, Antioquia y Córdoba. Dejando en claro las diferencias metodológicas, El Espectador hizo una comparación entre ambas estrategias que expone varios elementos en común.
(Consulte aquí el informe de actuaciones de la Fiscalía de la CPI para 2020)
Si ambas delimitaciones se superponen en un mapa, coinciden al menos territorialmente. La diferencia sustancial está en la forma como se pone el foco sobre el fenómeno, pues la JEP apunta a una estrategia de “abajo hacia arriba” en busca de “patrones, planes o políticas criminales que dieron lugar a la ocurrencia de los crímenes más graves y representativos para, así, poder atribuirlos a los máximos responsables”. Y la Fiscalía de la CPI, que también se basó en fuentes de información oficiales y de organizaciones sociales, se centró en cinco divisiones del Ejército, que involucran a 29 altos mandos, que le permiten hacer un seguimiento de las actividades judiciales locales en el marco de su examen preliminar, dejando siempre abierta la posibilidad de abrir nuevos casos.
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“A la fecha, el análisis que está haciendo la JEP está a un nivel bajo de la jerarquía militar, de batallón, mientras que la Fiscalía de la CPI focaliza niveles de brigada y división”, explicó el abogado Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. ¿A qué se refiere? A que mientras la Fiscalía de la CPI, por ejemplo, apunta a toda la Brigada Décima de la Primera División (esta última con jurisdicción en la costa Caribe), la JEP se centra solo en el Batallón de Artillería N.° 2 La Popa, que hace parte de esa brigada (en Cesar). También hay diferencias evidentes en la delimitación, pues la justicia transicional abordó Meta y Casanare por separado, mientras que el organismo internacional los tiene en un solo caso potencial junto a Vichada, que no hace parte de esta primera priorización de la JEP.
Antioquia
Para representar el 25 % del total de víctimas en todo el país entre 2002 y 2008, con al menos 1.611 casos, la JEP decidió priorizar hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño, siendo el caso del cementerio de Dabeiba uno paradigmático. La justicia especial precisó que la Cuarta Brigada (con sede en Medellín), adscrita a la Séptima División, podría ser la responsable del 73 % de muertes entre 2000 y 2013, con 1.242 casos, y anunció que enfocará sus esfuerzos en el Batallón de Artillería N.° 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez, el Grupo de Caballería Mecanizado N.° 4 Juan del Corral, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 5, el Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío, el Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot y el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4 General Pedro Nel Ospina.
Y para el caso Dabeiba, específicamente, la JEP se centrará en tres unidades que tuvieron jurisdicción allí: Brigada Móvil N.° 11, Batallón Contraguerrillas N.° 79 y Batallón de Contraguerrillas N.° 26 Arhuacos. En este caso, quince integrantes de la fuerza pública, entre quienes están comandantes de batallón y de brigadas, ya han rendido versiones voluntarias ante la JEP. Este primer subcaso en la JEP tiene correlación con el quinto caso potencial de la Fiscalía de la CPI que, en esa estrategia, abarca también el departamento de Córdoba. Acá, el organismo internacional abarca el período 2002-2008 y pone el foco no solo en la Cuarta Brigada, sino también en la 11 y la 14, para un universo inicial de 614 homicidios.
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Costa Caribe
La JEP señaló que, para el período de estudio, 2002-2008, el 7,7 % del universo de las víctimas se encuentra en el Cesar (173 casos) y el 4 % (noventa casos) en La Guajira, zonas en las que tiene jurisdicción el Batallón de Artillería N.° 2 La Popa, perteneciente a la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional, división que representa el 15 % de las bajas cuestionadas a escala nacional. El Batallón La Popa hizo parte de la Segunda Brigada durante 2002 y 2004, año en que pasó a la Décima Brigada. Según la justicia especial, “a pesar de ser solo uno de alrededor de 200 batallones que componían el Ejército para el período analizado, el Batallón La Popa concentraba el 9 % de los comparecientes que habían suscrito acta de sometimiento a la JEP para marzo de 2018”. Y la mayor cantidad de casos investigados: 166.
La Sala, en su estrategia de abajo hacia arriba, priorizó en este primer momento al batallón La Popa para el período entre enero de 2002 y julio de 2005, y anunció que luego lo hará sobre el Grupo Mecanizado Juan José Rondón, la Fuerza de Reacción Divisionaria (creada en 2006) y el Comando Conjunto Caribe, que aglutinaba a la Primera y a la Séptima División, pero ya para el período 2005 y 2008. Este segundo subcaso de la justicia especial corresponde al primer caso potencial que identificó la Fiscalía de la CPI, que se enfoca en la totalidad de la Brigada Décima Blindada. De nuevo, la diferencia entre ambas delimitaciones es el rango de años, pues el organismo internacional se centra entre 2004 y 2008, con 146 casos.
Norte de Santander
El segundo caso potencial de investigación que identificó la Fiscalía de la CPI corresponde a Norte de Santander y Magdalena, que abarca el período 2002-2009 y a la Brigada 30 y la Brigada Móvil 15 de la Segunda División del Ejército, con al menos 145 casos. Según el reporte de 2020, en investigación previa estaban 48 de esos casos, noventa en apertura de instrucción o imputación y siete en juicio en la justicia ordinaria. En la JEP, Norte de Santander es el subcaso número tres, ocupando el sexto lugar en el ámbito nacional en número de víctimas, luego de Antioquia, Meta, Cesar, Caquetá y Huila. Se identificaron 420 víctimas, pero en un período más amplio al objeto de estudio: entre 1985 y 2016.
La JEP anunció que priorizará solo los años 2007 y 2008. En ambas estrategias coincide la Brigada Móvil 15 como centro de foco, pero en la JEP, más que en la Brigada 30, se centrarán en el Batallón de Infantería N.° 15 Francisco de Paula Santander. En contraste, el departamento del Magdalena, en donde también tienen jurisdicción la Primera y Segunda División, no está incluido en esta primera priorización de la JEP ni en los departamentos que serán objeto de una segunda parte: Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.
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Huila
El foco sobre este departamento es el cuarto caso tanto en la JEP como en el examen de la Fiscalía de la CPI. Mientras que el organismo internacional detalla el período entre 2004 y 2008, con énfasis en la Novena Brigada, adscrita a la Quinta División, en su totalidad, la JEP priorizó los casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2005 y 2008 y se enfocará en el Batallón de Infantería N.° 27 Magdalena, con sede en Pitalito, y en el Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, con sede en Garzón. Según la JEP, ambos municipios concentraron el 40 % de las víctimas de “falsos positivos en el departamento”.
Casanare y Meta
Otra diferencia sustancial de ambas delimitaciones tiene que ver con la forma de estudio y el foco sobre Casanare y Meta, que corresponden a los subcasos cinco y seis de la priorización de la JEP, pero que están concentrados en un solo —el caso potencial tres— en la estrategia de la Fiscalía de la CPI, junto a Vichada. Así, el organismo internacional focaliza el examen y con ello está pendiente de las actuaciones de las autoridades nacionales, en los tres departamentos, con respecto a 224 homicidios perpetrados entre 2002 y 2008. Ese caso potencial se refiere, de nuevo, desde la perspectiva de los máximos responsables, a la Cuarta División y en concreto a las Brigadas 7, 16 y 28.
Pero la JEP, en su estrategia de abajo para arriba, los separa. El caso Casanare se centrará en el período 2005-2008, por casos de falsos positivos presentados por integrantes de la Brigada 16 (275 casos), a pesar de haber reconocido en el auto de priorización que, de la Cuarta División, esa y la Brigada 7 fueron las que concentraron 230 procesos en la Fiscalía para el período 2001-2011, por la muerte de 415 personas. Y de esa Brigada 16, el foco se lo llevarán el Batallón de Infantería N.° 44 Ramón Nonato Pérez y el Grupo Gaula de Casanare.
Y en el Meta, la JEP priorizó el Batallón de Infantería N.° 21 Pantano de Vargas, por haber presentado “el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005”. Son 104 víctimas, en casos que relacionan a 153 militares, siendo dicho batallón el que mayor cantidad de investigados y comparecientes voluntarios hay en la justicia especial. Dicha unidad hace parte de la Brigada 7, que está en el foco del examen de la CPI, pero desde la perspectiva de máximos responsables.
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