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Para muchos puede ser común escuchar la palabra pirámide. Y no precisamente las que se encuentran en Egipto o México, sino más bien como un esquema en el cual, luego de invertir un dinero, se prometen valores más altos a la inversión inicial en determinado tiempo. Este modelo ha llevado a miles de personas a la quiebra, y no es usual que a las víctimas de estos fraudulentos procesos les devuelvan la plata que confiaron. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a inversionistas colombianos que perdieron su dinero en la denominada estafa Stanford, el segundo fraude más grande del mercado bursátil en Estados Unidos. Los inversores de Colombia fueron los únicos en el mundo en ser reparados por la totalidad de la inversión más intereses: cerca de $14.500 millones que fueron pagados, por fin, el 30 de diciembre de 2024.
Este expediente, que involucra autoridades judiciales de Estados Unidos y de países de Latinoamérica y el Caribe, tiene sus bases en el fraude liderado por Allen Stanford. A través de su empresa Stanford Financial Group, el empresario estadounidense estafó a cientos de personas en todo el continente, haciéndoles creer que estaban depositando su dinero en certificados de depósitos (conocidos como CDT) con atractivas tasas de rendimiento en dólares. El estafador norteamericano les decía a sus inversionistas que estos créditos de ahorro estarían seguros en un banco de su compañía en Antigua y Barbuda, pero al final ese esquema terminó afectando a miles de inversionistas y generó pérdidas que superaron los US$7.000 millones.
La compañía de Allen Stanford buscó atraer inversionistas en Colombia y, para ello, creó una comisionista de bolsa en el país, encargada de asesorar a los clientes para que confiaran sus inversiones en la compañía con miras a recibir una retribución más alta. Sin embargo, este modelo se trataba de un esquema Ponzi, en el que los intereses y retiros de los clientes antiguos se pagaban con la plata de los nuevos inversionistas. El éxito de la estafa se basó en una combinación de estrategias, incluyendo la utilización de lujosas oficinas, campañas de mercadeo y la creación de una imagen de legitimidad. Además, Stanford cultivó relaciones con políticos y figuras influyentes, lo que le permitió operar sin mayores controles durante años.
Una vez la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se dio cuenta del fraude en 2009, se emitió orden de arresto en contra de Stanford y todas sus filiales en Latinoamérica fueron puestas bajo la lupa de las autoridades. El caso colombiano no pasó de agache, pues, ya a sabiendas de que se trataba de una operación ilegal, la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación de la comisionista de bolsa que funcionaba bajo verificación del Stanford Financial Group. En medio de todo este proceso quedaron las víctimas: cientos de inversionistas que confiaron su dinero en ese esquema fraudulento. El proceso en el país fue asumido ese año por la firma CMS Rodríguez Azuero, que tenía la misión de que el dinero fuera devuelto a sus clientes.
No parecía una tarea fácil, pues en otros procesos similares que se llevaron a cabo en diferentes países, los inversionistas recibieron no más de seis centavos por cada dólar invertido, pues les decían que la culpa de ser estafados era de ellos mismos por haber entregado el dinero de forma voluntaria. “Nosotros sostuvimos una tesis novedosa y señalamos que la responsabilidad era de la compañía porque sus ejecutivos habían inducido al error a los inversionistas, haciéndoles creer que los dineros que captaban estaban respaldados por la organización en Estados Unidos y el banco en Antigua y Barbuda”, le dijo a este diario Sergio Rodríguez Azuero, socio fundador de la firma que llevó el expediente.
Con el fin de que el dinero invertido —sumado a los intereses de más de 12 años— volviera al bolsillo de al menos 42 inversionistas en Bogotá y Medellín, sus abogados, en cabeza de Rodríguez, interpusieron una demanda que llegó al Juzgado 36 Civil del Circuito. No obstante, en un fallo de primera instancia, se indicó lo mismo que le dijeron a inversores extranjeros: que era su culpa por haber entregado el dinero deliberadamente. El equipo jurídico de las víctimas apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tampoco les dio la razón, pero sí dejó claro que hubo un daño. Los juristas, entonces, interpusieron una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, buscaban que el alto tribunal revisara y corrigiera ambas sentencias que no les salieron favorables.
En 2021, la Sala Civil de la Corte Suprema, por fin, les dijo que sí estaban en lo cierto y ordenó a la comisionista de bolsa pagar una indemnización de $14.500 millones a los 42 inversionistas. Según la decisión del alto tribunal, la organización incumplió sus deberes de asesoría y suministro de información a sus clientes, pues los datos que les entregaron para depositar la inversión y que esta estuviera segura eran inexactos y falsos. “Nadie daba un peso por esa demanda porque cuando se va a casación, las estadísticas dicen que se ganan dos o tres casos de cada 100″, apuntó Rodríguez Azuero. El dinero fue repartido entre los inversores colombianos el pasado 30 de diciembre. “Estas familias fueron resarcidas y sentamos el precedente de que en Colombia hay que defender a las víctimas de estas defraudaciones”, agregó el abogado.
La estrategia del equipo jurídico, según aclaró el abogado Rodríguez, se basó en una solicitud que adelantaron ante la Superfinanciera para embargar la plata con la que la comisionista de bolsa se iba a instalar: un total de $14.500 millones. “Los recursos provienen de lo que embargamos. La comisionista acababa de capitalizarse y tenía en caja ese dinero que la Superintendencia embargó. Con esa suma, 15 años después, se le pagó a los inversionistas defraudados”, precisó el jurista. Así pues, se cierra uno de los capítulos judiciales que involucra a una de las estafas más grandes de la historia de Estados Unidos y que dejó como resultado una reparación del 100% a las víctimas colombianas, las únicas en el mundo en recuperar su inversión.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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