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Se tiraron la tutela

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Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la tutela ha sido un instrumento invaluable para garantizarles el pleno ejercicio de los derechos fundamentales a miles de ciudadanos que los han visto amenazados o vulnerados

Tan cierto es esto, que la tutela se convirtió en la única arma que ha permitido que muchos compatriotas hayan visto garantizados derechos como la salud, la educación, la vivienda justa y el derecho al desarrollo de la libre personalidad, etcétera.

Y tal vez por eso muchos hemos sido defensores de la tutela, pues en un país en que el Estado es el enemigo número uno de los gobernados, lo cierto es que esta herramienta constitucional fue y ha sido fundamental para miles de colombianos atropellados por el Estado y por sus conciudadanos. Quienes en la reforma de la Constitución plasmaron allí la tutela tenían perfectamente claro que se necesitaba una herramienta expedita que permitiera a los colombianos soluciones inmediatas a sus problemas relacionados con sus derechos fundamentales.

Tenían claro que a través de los mecanismos ordinarios esos derechos transgredidos jamás serían tutelados o lo serían demasiado tarde. Y la verdad, con la historia tuvieron toda la razón, desde 1991 hasta ahora.

Y digo hasta ahora porque ahora se ha vuelto un instrumento utilizado por los políticos, y específicamente por el alcalde Petro. Y si bien creo que todos los ciudadanos tienen derecho a usar este instrumento, lo que no pueden hacer es abusar del mismo como lo han hecho el alcalde y sus seguidores. En un país en donde pocas cosas funcionan, lo único que faltaba es que esta herramienta acabara puteada, cosa que logró Petro para perpetuarse en un puesto que, por lo demás, ha ejercido pésimo.

Esto en plata blanca quiere decir tres cosas. La primera, que de ahora en adelante todos los funcionarios de elección popular son intocables, que están por encima de la ley, que nadie los puede disciplinar o sancionar. Como quien dice, que quedan con patente de corso para hacer lo que bien se les dé la gana. Robar, mal administrar, atropellar.

La segunda, que todos los funcionarios de elección popular que han sido inhabilitados y destituidos podrán demandar al Estado por billones de pesos. Es decir, que deberán ser indemnizados porque fueron investigados y sancionados por un funcionario incompetente en el decir de algunos de los magistrados que le concedieron las tutelas a los petro-tutelantes.

Y la tercera y tal vez la más lamentable de todas es que por cuenta de esto se va a tener que revisar la tutela y millones de colombianos podrían perder el derecho a ver protegidos sus derechos de manera eficiente, porque pasó lo que siempre pasa: y es que cada vez que los políticos tocan algo, lo vuelven literalmente mierda y este caso no fue la excepción a la regla. ¡Gracias, señor Petro!

Me perdonarán el lenguaje, pero prefiero llamar las cosas por su nombre, así suene políticamente incorrecto.

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