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El segundo debate de los republicanos tendrá algo en común con el primero: Donald Trump no asistirá. En cambio, como Joe Biden, en su agenda tiene previsto unirse a la huelga de los trabajadores del sector automotor, con la intención de lograr el apoyo de la clase obrera. En Michigan, donde protesta el sindicato de los Trabajadores del Automóvil Unidos, que en 2016 lo respaldó en su llegada a la Casa Blanca, pero que en 2020 decidió apoyar a su contrincante demócrata, Trump optará por rivalizar, nuevamente, con quienes se disputan con él la nominación republicana. En lugar de estar en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, en Simi Valley, California, sentado junto a Mike Pence y Ron DeSantis, entre otros más, esta noche dará un discurso en paralelo al inicio del encuentro entre los conservadores. Sin embargo, su rostro ya venía acaparando los medios de comunicación desde antes, cuando fue declarado responsable, junto con dos de sus hijos, de fraude en la construcción de su imperio inmobiliario.
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Según el juez Arthur F. Engoron, los estados financieros anuales que el expresidente presentó a bancos y compañías de seguros, “claramente, contienen valoraciones fraudulentas que los acusados utilizaron en los negocios”, y con su fallo dio paso a la cancelación de los certificados comerciales que permiten operar algunas de sus propiedades en Nueva York. Aunque esto no implica que su empresa se disuelva por completo, sí podría hacer que pierda el control sobre la Trump Tower en Manhattan y su club de golf en Westchester. Falta ver qué repercusiones pueden tener estas nuevas acusaciones en su carrera por la Presidencia, ya que, según se lee en medios locales, como The New York Times, podrían afectar la narrativa con la que llegó a la Casa Blanca: la de ser un exitoso hombre de negocios.
Por el momento, las encuestas lo siguen mostrando como el favorito para ganar la nominación republicana. De hecho, un sondeo realizado la semana pasada por la Universidad de Monmouth, citada por Politico, muestra que el 48 % de las personas cree que “definitivamente” es el candidato más fuerte para vencer a Joe Biden, mientras que el 24 % asegura que es “probablemente” el más indicado para ello. Por eso, el exdiplomático Lawrence Gumbiner considera que las acusaciones de fraude poco lo perjudicarán: “Dentro de los republicanos, eso no va a afectar en nada. Ellos lo seguirán apoyando porque seguirán creyendo que es una víctima, mientras que del otro lado se reforzará su perspectiva: que Donald Trump ha sido un fraude”. Él, también consultor político, cree que los estadounidenses ya han formado una opinión alrededor de Trump como empresario, y eso desde hace años: “Ellos ya decidieron si es un hombre honesto o no, y si eso importa a la hora de votar”.
Gumbiner recuerda que las discusiones alrededor de sus capacidades en los negocios no son nuevas. Al contrario, vienen desde antes de su vida política. En eso coincide con Sandra Borda, profesora de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, quien recuerda que, incluso en la época de The Apprentice, aquel programa en el que competían personas para ganar un contrato en una de sus empresas, ya se veía algo de eso: Trump se había declarado un par de veces en bancarrota y existía en el país la sensación de que sus negocios no eran los más prósperos. De hecho, según un “fact checking” hecho por el Washington Post en 2016, en medio de un debate presidencial con Hillary Clinton, se lee que su Taj Mahal en Atlanta, junto con dos casinos de la ciudad, así como el Hotel Plaza de Nueva York, Trump Hotels and Casinos Resorts y Trump Entertainment Resorts se declararon en quiebra.
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Borda agrega algo más: la negativa de Trump de hacer pública su declaración de renta, que se logró en 2022, después de una batalla de seis años para conocer la información de sus finanzas tras llegar a la Oficina Oval. En medio de esas tensiones, The New York Times publicó una investigación, a partir de la información que obtuvo de dos décadas de las declaraciones de impuestos antes de su mandato, que muestra que no pagó casi ningún impuesto federal sobre la renta. El Times detalló que desembolsó solo US$750, a pesar de ser multimillonario. Ahora bien, según la docente, “al tipo de votante que es trumpista no le importa mucho eso; más bien, le interesa la dimensión proteccionista de la economía, la reivindicación de la clase trabajadora y el discurso populista. Sirve que todavía alguna gente crea que fue exitoso, pero creo que esa imagen se ha tratado de desvirtuar desde hace tiempo en Estados Unidos. Lo que acaba de pasar no le añade nada nuevo”.
Para Gumbiner, los votantes independientes son claves de cara al 2024. Para Borda, lo son los conservadores que son menos fanáticos de Trump, que aun así no dejan de ser republicanos, pues son quienes pueden reaccionar, aunque de forma moderada, a las diversas acusaciones que tiene el expresidente sobre sus hombros, y ahí incluye las del fraude, pero también las relacionadas con el asalto al Capitolio y la de Stormy Daniels, por mencionar algunas. “Eso, eventualmente, si bien no se verá en las primarias, sí será visible en las elecciones generales. Ahí, donde ellos pueden tomar la decisión de no votar o de respaldar a Biden, se podrá ver el efecto. Ahora, eso dependerá del cuidado con el que se adelanten los procesos y de la capacidad que tengan de dar a conocer información que sea indisputada. Es decir, de que puedan dejar de presentarse los procesos judiciales como asuntos políticos y, en consecuencia, que den pruebas fehacientes de los cargos que se le imputan”, enfatiza la docente.
En Truth Social, su red social, Trump calificó las acusaciones de fraude de “ridículas y falsas”. Además, catalogó al juez Engoron de “trastornado” y aseguró que “esto es ley política demócrata y una caza de brujas a un nivel nunca antes visto. ¡Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacerte esto a ti!”. En medio de eso, utilizó un tono que, según Gumbiner, responde a una táctica típica suya: relacionar sus acusaciones con un supuesto complot. “Eso le funcionará entre sus fieles seguidores, en lo político, pero no va a ser tan efectivo en lo jurídico”. Y eso, de acuerdo con Borda, es algo que estaba en juego desde que se tomó la decisión de abrir los procesos en su contra: “Los demócratas se movieron entre iniciar las cuestiones judiciales, sabiendo que, al momento de imputarle los cargos, él iba a incurrir en la victimización, que es políticamente rentable, o entre no abrir ningún proceso y mandarle un mensaje reprobable al elector suyo, como al indeciso y al conservador, de que un presidente puede hacer lo que sea, sin tener una rendición de cuentas ante el poder judicial. Ahora, eso era algo que el país no se podía permitir, pues el objetivo era transmitir la idea de que las instituciones están fortalecidas y sirven para todos, desde el que tiene el mayor poder hasta el que no tiene ninguno”.
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