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Háblenos sobre usted y su relación con los derechos humanos.
Esta historia empieza por allá en 2012 con el entonces vicepresidente Angelino Garzón, quien tenía la tarea, por designación del presidente Santos, de la política pública nacional de derechos humanos 2014-2034. En esa oportunidad arrancamos un recorrido por todo el país con el vicepresidente para construir esa política de una manera participativa y que finalmente se le entregó al entonces primer mandatario. Es una propuesta muy amplia, con muchos sectores que participaron y que fue una experiencia invaluable para mí, porque ese trabajo son los cimientos de la política pública de derechos humanos, pero que, tengo que decirlo, le falta más impulso, porque no tiene un plan de acción que es necesario para el país. Luego de este trabajo tuve la oportunidad de laborar en la Procuraduría y allí estuve casi cuatro años como profesional en la delegada para el apoyo a víctimas del conflicto armado y paz. Allí fue una experiencia valiosa porque claramente se tenía contacto con las víctimas: tomarle declaración -algo que no es fácil realizar- y hacer el acompañamiento de los casos con el fin de determinar que fueran reparadas. Mis estudios en maestría también me ayudaron a trabajar, junto a Angelino Garzón, en el tema de empresa y derechos humanos. También estuve en el Ministerio del Interior, llegué allí en marzo de 2019, cuando estaba la entonces ministra, Nancy Patricia Gutiérrez, y allí trabajé como director de derechos humanos del Ministerio. Ella me encargó la construcción de la política pública para la protección de líderes sociales, que es una necesidad clara, pero que ha caído en una dispersión normativa que dificulta ser aplicada.
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¿Por qué?
Usted encuentra una política pública de prevención, otra de protección colectiva y otra que es la más conocida, que es la que nació de los Acuerdos de Paz con las Farc, son decretos que hay antes del proceso y lo que hay ahora. Usted suma eso y le va a dar igual número de mesas de participación con la sociedad civil, y pasa que involuntariamente se crea una confusión por parte de las organizaciones sociales. Por ejemplo, la Mesa Nacional de Garantías es para tratar temas sobre prevención y protección de líderes sociales. En la Mesa Nacional de Garantías se hacían acuerdos entre la sociedad civil con el Ministerio del Interior. Desde 2009 también conocí el Proceso Nacional de Garantías en donde todas las plataformas de derechos humanos se sientan con el Gobierno y plantean las cuáles son las medidas para proteger a los representantes de la sociedad civil en todo el país. Y elGobierno está ahí, quienes quieren escuchar lo hacen. Un caso muy significativo de protección colectiva, que el Gobierno debería pararle más bolas y las organizaciones sociales deberían replicarlo más: el de programa integral de garantía de mujeres defensoras de derechos humanos. Ese programa empezó con unas mujeres en Putumayo y otras de Montes de María y ellas solas le propusieron al gobierno desde hace 10 años las medidas que para ellas las hacía sentir más seguras. Con muy poquitas cosas, porque no se ha cumplido el programa, ellas siguen haciendo su labor pero sin todas las garantías que se merecen. Han crecido unos pinitos de confianza. A mí me dicen que esta protección es insuficiente y sí, está a la espera que dé resultados.
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¿Cómo llegó a la Defensoría y en qué va a enfocar su labor?
Con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, nos conocimos cuando él lideraba Fedepartamentos y él desde allí aportó para la protección de líderes sociales, porque una de las problemáticas es que las entidades territoriales acogieran esas medidas de protección. Y fue a punta de trabajo, en la construcción del Conpes para líderes sociales, que nos conocimos y supo del trabajo de protección de líderes sociales. Estudiamos qué elementos tenían que ser parte de esa política pública, donde también construimos una gran y constructiva relación con el anterior defensor y el delegado para las alertas. El actual defensor ahora quiere mejorar lo que ya venía funcionando bien, y una de esas cosas es el Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Sin embargo, hace falta un eslabón: el seguimiento a las recomendaciones que se dan en los documentos de las alertas tempranas. Eso es demasiado frustrante, y vengo a cumplir esa tarea.
¿Con que SAT se encuentra actualmente?
Aquí contamos con un equipo extraordinario de analistas regionales, nacionales y de seguimiento que ya lo quisiera todo el mundo. Cuando empezamos a hacer una revisión del sistema, este era muy robusto a la hora de registrar los documentos iniciales. También en el monitoreo con presencia en todos los departamentos del país: 43 analistas regionales, siete nacionales y uno de seguimiento, al cual se le encomendó seguir el tema de líderes sociales. Todo este equipo en la labor de emitir alertas tempranas para que se pueda prevenir un desplazamiento forzado, un asesinato, una amenaza, un desaparecido. Nuestras alertas cumplen un papel fundamental para el país. Hay gente que puede decir que ese seguimiento está en manos del Ministerio del Interior, y sí, pero dígame cómo vamos a dejar que el seguimiento lo haga otro sobre nuestras alertas. Nosotros debemos tener la capacidad de decirle al país: vea, nosotros emitimos estas recomendaciones y tales se cumplieron o no se ha cumplido nada. Esa es la crítica que se nos hace hoy. La Defensoría quiere y confía en ella, pero tiene el temor -que es válido- de que todo quede en papel. Es que un líder social puede salir a denunciar, claro; luego uno puede ir allá y recoger esas denuncias, pero los que se quedan son ellos a merced de lo que pueda suceder en ese punto del país.
Hace poco estuvo en Buenaventura haciendo seguimiento a la situación de orden público en la ciudad. ¿Qué visión tiene al respecto?
Entre nuestras alertas tempranas, la primera del año fue sobre esta situación y advierte de la lucha entre las bandas locales por el control territorial sobre la ciudad. Aquí hay que aclarar algo: Buenaventura no es solo un puerto, es una ciudad con puerto. Las dos bandas que nacieron de la división de La Local atemorizan las comunas 7, 10, 11 y 12, es decir, la parte urbana, a tal punto que hay un control en el acceso y la comercialización de productos de la canasta familiar y que pueden terminar siendo más costosos que en cualquier ciudad del país. Esto es gravísimo. Hubo una respuesta inmediata del Gobierno y la Fuerza Pública. Según el propio alcalde, no se había visto tanta presencia militar y de Policía en la ciudad.
Pero la presencia de Fuerza Pública es apenas una parte de la solución y es algo que ya se ha hecho en el pasado.
Por supuesto, entonces la gente dice en estos momentos: “Ahora nos sentimos seguros y con confianza, pero se va la Fuerza Pública y, ¿nosotros cómo quedamos?”. Esto tiene que venir acompañado de un brazo social, y el que lo quiera negar está equivocado. Hay una deuda histórica de acuerdos que se han hecho con la sociedad civil de Buenaventura. El paro cívico en el puerto viene reclamando inversión en el municipio, que según el Gobierno ya está, pero la gente necesita ver eso que se haga realidad. Sentirlo. La gente está esperando que esta vez sí se cumpla. Nosotros vemos que hay buenos acuerdos entre la sociedad civil y el Ministerio del Interior. 130 de 160 proyectos ya fueron consultados con las comunidades y ellos están a la espera. De ahí a que se avance en eso no se puede estabilizar la población de tal manera que cuando la Fuerza Pública se tenga que ir a otras zonas, pues esta gente tenga una oportunidad distinta que la delincuencia y el narcotráfico. Y son los jóvenes los que más hablan allá y dicen que quieren una alternativa diferente a la que nos dan los criminales, y claramente esto no se suple solo con Fuerza Pública.
La semana pasada la ONU prendió las alarmas sobre la situación de orden público en zona metropolitana de Cúcuta. ¿Cómo ven esta situación en este punto?
Nosotros hemos emitido 12 alertas tempranas para el Norte de Santander y allí el SAT tiene puestos sus ojos prioritariamente. Esta situación hay que dividirla en dos, lo que pasa en la parte rural, sobre todo el Catatumbo, como donde sabemos es preocupante la vulneración de derechos humanos, pero que tampoco está al margen de lo que pasa en Cúcuta y los contextos urbanos del departamento. Aquí se junta la pelea del Epl y Eln por el territorio. También aparece el frente 33 de las disidencias. Súmele además la tragedia migratoria venezolana, que además de venir a contribuir al país y a sus familias -que son la mayoría-, hay otros que se sumaron a grupos criminales. También esto es un paso estratégico en el narcotráfico que genera estos brotes de violencia es cascos urbanos que inevitablemente repercute en las poblaciones a las que hacemos seguimiento, como los pueblos Barí y Yukpa.
Hace un mes los habitantes de El Salado volvieron a ser amenazados. ¿El SAT qué ha visto desde entonces?
Allí hay mucho temor de contar cuáles son la razones de por qué quieren a su población fuera y han dejado que la Fiscalía investigue, pero que a su vez el ente investigador se ha acercado para que la gente rinda declaraciones. Las amenazas no paran. Ellos tienen mucho temor porque también vivieron lo que pasó hace 20 años (se refiere a la masacre perpetrada por los paramilitares de Jorge 40). Se lo digo: la gente quiere abandonar El Salado, y eso no puede ser. Un Estado tiene que garantizar la seguridad para que la gente pueda permanecer en sus hogares. Este es un corredor óptimo para las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), para grupos narcotraficantes que tienen en los Montes de María una ruta estratégica para sus negocios en el golfo de Morrosquillo.
Este lamentable episodio de El Salado también produjo como una suerte fricción entre la Fiscalía y ustedes cuando le pidieron al ente investigador que priorizara este caso y Barbosa respondió con una dura carta. ¿Qué piensa del tema?
Creo que los dos estamos haciendo nuestro trabajo, no entendí la controversia porque la Defensoría está realizando su papel, su deber: poner en conocimiento de las autoridades de estos casos tan delicados.
¿Cuáles son las zonas del país que más le preocupan a la Defensoría?
El Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Municipios como Nechí, El Bagre, Tarazá, Montelíbano, San José de Uré, y ojo con el sur de Bolívar, que tiene unas dinámicas distintas de violencia. Pero luego miremos el Pacífico en zonas como el Urabá, Chocó, el norte del Cauca, que tienen su problemática más cruda en los municipios del interior del departamento. También está el sur del Cauca. Putumayo y Caquetá tienen una conflictividad que de prestarle toda la atención se podría prevenir con mucha rapidez, porque todo gira alrededor de las tierras y el uso de cultivos de uso ilícito. La situación de Arauca también. Creo que es en estas ocho zonas donde existen mayores riesgos de violación de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo es de las pocas entidades que se anima a mencionar la influencia de carteles mexicanos en varias zonas del país. ¿Qué está sucediendo?
Hay presencia pero a través de terceros y de dinero. Por ejemplo, usted ve con las Agc u otros grupos armados organizados que funcionan para distintos carteles. Pero usted va a lo profundo del Catatumbo y hay prácticas desde niños cantando corridos prohibidos o presos mexicanos en Tumaco. Se ha recibido información de las comunidades pero a la hora de esclarecerla aún falta mucho.
Usted habló ante la JEP sobre la situación de los excombatientes en Colombia, ¿qué dijo ante esa justicia especial?
Nosotros caímos en la trampa, lo digo como Estado, de ponerle una cifra al tema de los líderes sociales. No importa a quién asesinen, ya eso es un tema que debe poner el país en función de proteger a cualquier persona. Nosotros, como se lo dije antes, estamos en mora de tener un seguimiento a nuestras recomendaciones más robusto que pueda incluso darle insumos a la JEP para que pueda conocer cómo va el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de nuestras alertas emitidas. Por otro lado, nosotros creamos este año la Ruta de Derechos Humanos 2021, la cual va a recorrer todos los departamentos del país con el objetivo de acelerar el cumplimiento de nuestras recomendaciones en las alertas, y lo haremos por ejes temáticos: violencia de género, reclutamiento, migración y excombatientes. Sobre este tema, que se hará en el Meta, encontramos un gran rezago en el cumplimiento de recomendaciones para proteger esta población en ese departamento.
Ya que habla de cifras, cuéntenos sobre la polémica unificación de cifras sobre asesinato de líderes sociales que realizará la Defensoría, la Fiscalía y Presidencia. ¿Qué piensa al respecto?
Creo que hay una confusión en relación con esto, porque todavía no se ha explicado la metodología de ese proceso, de hecho nosotros todavía no lo sabemos.
Varios sectores han puesto en duda cómo será su labor de seguimiento a las alertas tempranas ante sus antiguos jefes, es decir, ante el Ministerio de Justicia. ¿Qué opina?
Las organizaciones sociales son nuestros reales jefes.
Por David Escobar Moreno
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