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El homicidio en 2012 de Efraín Ovalle Oñate, exconcejal y diputado de La Paz (Cesar), ha sido atribuido por años a la organización del narcotraficante Marcos Marquitos Figueroa. Una de las personas que están en el radar de la Fiscalía con respecto a este crimen, que tiene tintes políticos, es el reconocido cantante vallenato Jorge Oñate, oriundo del municipio y primo de la víctima. Y en documentos conocidos por El Espectador se pone en duda, además, la integridad de un funcionario que ha investigado a Marquitos por años: el agente de la Dijín Wadith Velásquez, quien coordinó las interceptaciones a José Ñeñe Hernández, audios que se volvieron el punto de la partida de la neñepolítica.
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Al sargento Velásquez le abrieron investigación formal porque, al parecer, junto al mayor Yefferson Tocarruncho, interceptaron ilegalmente a cinco de sus subordinados de la Policía, haciendo pasar sus números como de integrantes del grupo delincuencial de Marquitos. Habría ocurrido mientras Velásquez conducía las investigaciones por el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, crimen cometido en 2011 por el que se inculpa a la estructura del narco Figueroa, en el cual se indaga la hipótesis de que habría sido ordenado por el Ñeñe para esquivar una deuda con el padre de la víctima. Velásquez también estuvo al frente de las pesquisas por el asesinato de Efraín Ovalle Oñate.
En este caso también se le cuestionan algunas actuaciones al sargento Velásquez. En la investigación que estuvo a cargo suyo y que en la Fiscalía ha saltado varias veces de Bogotá a Valledupar, se maneja la hipótesis de que a Ovalle lo mandó a matar su primo, Oñate, porque se negó a apoyar a la esposa de este, Nancy Zuleta, en su aspiración a la Alcaldía de La Paz. Jorge Oñate -medio hermano de Gustavo y Jesualdo Gnecco Oñate-, supuestamente quedó molesto y endeudado por la campaña, al punto que uno de sus hijos fue a la casa de los Ovalle y, pistola en mano, amenazó al exconcejal y diputado más popular del municipio.
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Presuntamente, Oñate y su sobrino Armando Gnecco, conocido como Mandarino, buscaron el apoyo de Marquitos a través de uno de sus lugartenientes, alias Gasolino, para matar al político Ovalle. O tal vez de los Rastrojos. O del Clan del Golfo. La Fiscalía no ha concluido hasta ahora cuál grupo ilegal era exactamente. Testigos, sin embargo, han declarado bajo juramento ante la Fiscalía y ante jueces que el sargento Wadith Velásquez ofreció y dio dinero para enlodar al cantante Oñate y a su sobrino Mandarino, quien ya está en juicio por el homicidio de Ovalle. Desde 2017 se ordenó una investigación a los pagos que, según se pudo comprobar, se hicieron a nombre del policía Velásquez, sin que a la fecha haya mayores resultados.
Además, la justicia tumbó la hipótesis central del expediente de que detrás del asesinato estaba la estructura de Marquitos Figueroa, o en su defecto, los Urabeños (hoy llamados Clan del Golfo) o los Rastrojos. Así lo pudieron concluir tanto el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca como el Tribunal de Cundinamarca, que estuvieron al frente de la judicialización de Eduar Alberto Rodríguez, Jorge Enrique Ochoa, Johni Alberto Otero y Efraín Jesús Feria. Según la Fiscalía, estos cuatro hombres respondían, respectivamente, a los alias de Eduar Chía, Marton, Lunar y Chori, y fueron ellos quienes asesinaron a Ovalle.
Dos de los testigos que los incriminaron murieron antes de que pudieran declarar en juicio. El tercer testigo es Manuel Ricardo Benavides, integrante del Clan del Golfo. En medio del proceso cambió su versión y dijo que, “encontrándose privado de la libertad, acudieron al establecimiento de reclusión los investigadores Wadith Velásquez y Michael Yezid Pérez, diciéndoles tanto a él como a su compañero (de celda) John Carlos Landeros (uno de los dos testigos que murieron) que iban de parte del hijo de Efraín Ovalle, Chu Ovalle, quien les solicitaba colaboración para que declararan en contra de unas personas determinadas comprometidas en la muerte de su padre”, se lee en la sentencia.
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Es decir, Benavides no solo se retractó de sus señalamientos contra los cuatro hombres que estaban en juicio por la muerte del diputado Ovalle, sino que explicó que su primera declaración, en la que los enlodaba, la motivó el dinero que supuestamente recibió de la familia de la víctima a través del policía Wadith Velásquez. Según Benavides, le pagaron $6 millones por ir a declarar, aunque le prometieron $60 millones. En el proceso se pudo demostrar, con los registros de las consignaciones de Efecty, que el agente Velásquez le giró, por lo menos, $832.524 a la esposa de Benavides, lo que sentó una mayor duda en el juez del caso sobre cómo se llevaron las investigaciones y pidió investigar a Velásquez.
“No es admisible bajo ningún punto de vista que funcionarios de policía judicial se separen de labores propias de su cargo para girar considerable suma de dinero a personas con vínculos con individuos involucrados en una actuación penal”, se lee en la sentencia de primera instancia. De allí que compulsara copias, ordenando que se investigara tanto a Wadith Velásquez. Así como al agente Michael Yezid Pérez y al hijo de la víctima, Chu Ovalle. En segunda instancia, el Tribunal le bajó la caña al tema, pues Velásquez aseguró que hizo las consignaciones para ayudar a la esposa de Benavides, quien supuestamente tenía a su hijo hospitalizado.
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La investigación ordenada por el juez continúa en firme, sin que haya arrojado mayores conclusiones cuatro años después. Por su parte, Oñate y Mandarino denunciaron por extorsión a uno de los cuatro hombres señalados de asesinar a Ovalle y, en el marco de esas pesquisas, han salido a flote más posibles irregularidades de Wadith Velásquez. El Espectador tuvo acceso a transcripciones de conversaciones telefónicas entre Mandarino y Efraín Feria, alias Chori, en las que este último le pide dinero a cambio de no declarar en su contra y le dice, además, que detrás del plan para incriminarlo está Chu Ovalle, el hijo de la víctima.
En las conversaciones, que están en poder de la Fiscalía, Chori le dice a Mandarino que está “trabajando para agarrar a un bandido Wadith” y que “Wadith y esa gente lo quiere ver perjudicado (a Mandarino) como sea”. Por estos hechos, aunque Feria resultó absuelto de asesinar al diputado Ovalle, ahora es investigado como presunto falso testigo. El Espectador tuvo acceso a ese expediente y allí se observa, por ejemplo, que el abogado de Oñate, el exdirector del CTI Julián Quintana, ha pedido celeridad en las pesquisas para demostrar, una vez se procese al supuesto testigo mentiroso, que el cantante vallenato es inocente.
Este diario consultó a la defensa del sargento Wadith Velásquez, la cual aseguró que estos señalamientos responden a una estrategia de Oñate y Mandarino para desprestigiar al investigador, que fue quien primero puso el ojo en la estructura de Marquitos. Según aseguraron, tienen evidencias, como interceptaciones telefónicas, que demostrarían una coordinación en contra del agente de Policía, a quien, añadieron, ya le habrían archivado las investigaciones disciplinarias y penales por esto. La defensa aseguró que enviaría los soportes de esta versión, pero al cierre de esta edición esos documentos no habían llegado.
En 2019, Diomedes Villamizar, el sicario que jaló el gatillo en contra de Ovalle, fue condenado a 36 años de prisión. La Fiscalía dijo en ese momento que podía conectar el caso con otros –como el asesinato de Yandra Brito– atribuidos a la estructura de Marquitos, ya que se utilizó en todos un arma similar, pero no ha habido más avances. A la fecha, Oñate no ha atendido a los llamados de la Fiscalía a interrogatorio y continúa en cuidados intensivos en Valledupar por COVID-19. De su supuesta amistad con Marquitos se ha hablado mucho en el Cesar, pues, según recoge La Silla Vacía, lo ha nombrado hasta en canciones por el apodo que le tienen en esa región: el Perrero de los malcríaos.
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Mandarino, por su parte, ha negado cualquier vínculo con el crimen e insiste en su inocencia. En 2019, la Fiscalía incautó decenas de propiedades avaluadas en $1,2 billones, que estaban a nombre suyo y de José Ñeñe Hernández, porque habrían sido adquiridas con dineros ilícitos de la estructura de Marquitos. Por otra parte, la familia del diputado Ovalle recientemente cambió de abogado: ahora el proceso lo llevará Miguel Ángel del Río, el mismo que defiende al agente Velásquez en el caso por presuntas interceptaciones ilegales y quien dio a conocer los audios de la ñeñepolítica.
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