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Para producir un kilo de pasta base de cocaína se emplean 75 galones de gasolina, aunque se podrían usar otros combustibles. Los cultivadores de coca la prefieren porque es barata y fácil de conseguir con distribuidores irregulares. Estos, a su vez, la obtienen de varias fuentes. La primera es el contrabando, común en la frontera con Venezuela debido a los históricos precios bajos del crudo en ese país, aunque se redujo mucho en los últimos años debido a la crisis de Pdvsa y de toda la industria petrolera venezolana. Durante 2020 y parte de 2021 el flujo se invirtió: la gasolina colombiana se vendía en las calles de San Cristóbal porque la venezolana escaseaba. La lenta recuperación de esa industria empieza a equilibrar las cosas. (Le puede interesar: Migrantes de la coca: La crisis de los raspachines venezolanos en la frontera)
En contraste, en la frontera con Ecuador, el contrabando de gasolina no es tan frecuente debido a que su costo está sujeto a los precios internacionales y el país vecino tiene su economía dolarizada. En estas condiciones, en departamentos como Nariño y Putumayo, los distribuidores irregulares compran la gasolina a los grupos que se dedican a sustraerla ilegalmente a los oleoductos. Ecopetrol ha informado que ese fenómeno viene en aumento desde hace varios años y que se concentra alrededor de la infraestructura petrolera, particularmente en los oleoductos Trasandino y Caño Limón-Coveñas.
La tercera fuente de obtención del combustible para la cocaína es la que se compra legalmente en las estaciones de servicio (EDS). En las regiones de frontera la gasolina está doblemente subsidiada. En la actualidad está sujeta a la reducción de precios por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que se aplica en todo el país, el mismo que el Gobierno ha anunciado que eliminará progresivamente. (Le puede interesar: El Espectador le explica qué sucede con el precio de la gasolina y de la energía en Colombia)
Además, las ventas de combustible en estas regiones están excluidas de IVA y exentas de arancel e impuesto nacional a la gasolina y el acpm. Ese subsidio se creó en 1995 con la Ley de Fronteras, justamente para combatir el contrabando. Recientemente, su posible eliminación causó debate en el Congreso, pues el ministro José Antonio Ocampo recomendó que se desmontara porque, según dijo el pasado 16 de agosto, la información del Ministerio de Hacienda señala que es aprovechado por contrabandistas y mafias.
Días después, el ministro acogió el llamado de varios congresistas y líderes sociales de las regiones fronterizas que señalaron que eliminar el subsidio terminaría afectando a todos los sectores de la ya golpeada economía de estas zonas, que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad que el resto del país. Por ahora, según ha dicho el ministro, el beneficio para las regiones fronterizas se mantiene.
¿Qué papel cumple la gasolina en la economía de la coca?
La gasolina se utiliza para extraer el alcaloide de la hoja de coca. Siguiendo un proceso químico relativamente sencillo, los cultivadores han aprendido a transformar la hoja que cultivan en pasta base de cocaína, que venden más cara. De acuerdo con el “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020”, realizado en conjunto por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en ese año, el 57 % de los cultivadores de hoja de coca producían pasta básica de cocaína ellos mismos, y se estima que ese porcentaje ha aumentado. (Le puede interesar: Sustitución de coca: las propuestas a Gobierno Petro para reformular el PNIS)
Además, el combustible se usa para el transporte y alimentar plantas eléctricas que se utilizan en lugares apartados en donde crece y se procesa la coca. Por eso el aprovisionamiento de gasolina barata es crucial para esta y otras economías ilegales. La que se compra en las EDS de las regiones fronterizas es una de las más baratas. No es casualidad que Tumaco, uno de los municipios con más hectáreas cultivadas de hoja de coca, tenga el doble de EDS que Pasto, la capital de Nariño, departamento que registra la mayor cantidad de estaciones activas en el país, con 611, superando a Antioquia, que tiene 599.
El Espectador conoció un documento interno del Ministerio de Hacienda, que se presentó en 2018 al entonces ministro Mauricio Cárdenas, en el que se recomendó eliminar esa política de cupos subsidiados en las regiones de frontera. Según el texto entregado al gobierno Santos al cierre de su mandato, “en zonas donde hay presencia de cultivos ilícitos existe evidencia de un exceso de infraestructura de estaciones de servicio respecto al explicado por población, parque automotor y otras covariables. Ese subsidio termina beneficiando a los productores de cocaína”.
El estudio del grupo interno de trabajo del Minhacienda evaluó en especial el caso de Barbacoas (Nariño). Para 2018, este municipio tenía 38.708 habitantes y 21 EDS, una proporción de 54,3 estaciones por cada 100.000 habitantes. En Pasto, esa proporción es de 12,5 EDS por cada 100.000 personas. Durante el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, realizado meses después, hablando del mismo caso Barbacoas, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez manifestó que ese municipio registró un promedio de consumo de gasolina de 86 galones per cápita en 2017, en contraste con 53 galones per cápita en Bogotá ese mismo año. Martínez ratificó el diagnóstico: “El aumento desbordado de consumo de combustible parece estar asociado con el incremento de la producción de estupefacientes en las mismas zonas”.
Para evitar que la gasolina legal que se vende en Colombia termine siendo utilizada para producir cocaína, en distintos momentos el ejecutivo ha desarrollado estructuras de control de esta y de otras sustancias, como el cemento gris y el permanganato de potasio. Este control se aplica hoy en los diez departamentos con más hectáreas cultivadas de hoja de coca. La última actualización, formalizada a través de la resolución 0001 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, encargó al Ministerio de Justicia del componente administrativo para el seguimiento de la información.
En la actualidad, esa entidad expide los Certificados de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, que debe tramitar toda persona natural o jurídica que quiera registrar una estación de servicio en alguno de los departamentos con más hoja de coca cultivada en Colombia. En lo corrido de 2022, Minjusticia ha expedido 380 certificados en Nariño, 168 en Norte de Santander y 81 en Putumayo. Según las estadísticas oficiales, en estos tres departamentos se concentra la mayoría de las hectáreas de coca sembradas en el país.
El control incluye visitas a las EDS para verificar el uso legítimo de las sustancias controladas, entre ellas la gasolina. La actividad principal está a cargo de la Policía, pero debe realizarse en conjunto con las autoridades locales y el Ministerio de Minas y Energía, entidad que finalmente administra la información entregada por los agentes de la cadena de combustibles registrados en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos (SICOM).
En 2019, el Departamento Nacional de Planeación contrató con la firma Econometría S. A. una consultoría para evaluar la capacidad institucional de desarrollar políticas relacionadas con el manejo de combustibles en zonas de frontera. El estudio encontró que esa capacidad es baja. La peor calificación fue para el sistema de control. “No se evidencian indicadores que midan el desempeño con el fin de establecer si se está cumpliendo o no con los objetivos fijados por cada una de las estrategias”, dice el estudio.
Según la firma consultora, una de las razones de este bajo desempeño es la falta de coordinación que existe entre las instituciones que participan del sistema de control. En 2021, con la misma firma Econometría S. A., el Ministerio de Minas y Energía contrató una nueva consultoría, esta vez para determinar los cupos o volúmenes máximos de combustible subsidiado que se entregan a las EDS de los municipios fronterizos. Ese cálculo de los volúmenes máximos tuvo en cuenta únicamente las necesidades de combustible de los municipios sin presencia de cultivos ilícitos o minería ilegal, para evitar que la demanda de combustible que generan estas economías irregulares sesgara el resultado de los cupos a asignar.
El estudio concluyó que por cada kilogramo de pasta de coca que se produce en Colombia se emplean 22 galones de gasolina comercializada legalmente. Así, cerca del 1 % de la gasolina del país estaría siendo utilizada para actividades ilegales. En las zonas de frontera, esa cifra asciende al 6,4 % de la demanda total del combustible, según la consultoría contratada por el Minenergía. A pesar de que estos estudios se hicieron entre 2019 y 2021, y de que el Minenergía es parte del Comité Técnico de Control y Fiscalización de Sustancias y Productos Químicos, los hallazgos del informe de Econometría S. A. no fueron socializados con el Ministerio de Justicia, entidad que lidera la estrategia antidrogas.
Daniel Rico, investigador experto en economías ilícitas, consultor para Unodc y con gestiones en Mindefensa y en Minjusticia para implementar políticas antidrogas, la cantidad de gasolina subsidiada que se desvía para producir cocaína es mucho más que ese 1 %. “Empecé a investigar este tema en 2005 y ya estaba pasando”. Para él, la principal razón de la inacción frente a este fenómeno es que el Estado ha sido capturado por grupos de interés del combustible. “No es solo el narcotráfico el que contrabandea gasolina. No hay acciones de extinción de dominio contra esas estaciones, no hay investigación de policía judicial para eso, porque es un negocio metido con la clase política. Hay dueños de estaciones de gasolina que son propietarios de equipos de fútbol. La lógica de los controles no sirve ante una política de incentivos perversos”, agregó.
Por su parte, Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, organización que agrupa a los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y de gas natural vehicular, aseguró que las EDS que él representa no se prestan para las economías ilegales. Sin embargo, señaló que no les compete a ellas controlar la venta, pues “las EDS le venden al que quiera comprar y no tienen la capacidad para verificar el uso que se le dará al combustible, pero las autoridades sí”.
Alternativas al control
Ante la insuficiencia de acciones de control al desvío de combustible se han emprendido innovaciones tecnológicas para enfrentar el fenómeno. Por ejemplo, durante el citado Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos de 2018, Néstor Humberto Martínez informó que Ecopetrol y la Dijín trabajaban en un proyecto de inserción de una molécula marcador al combustible que podría afectar la extracción del alcaloide hasta en un 50 % y así reducir el potencial de producción de cocaína. Sin embargo, Ecopetrol afirmó que la marcación sirve para reconocer un producto legal de uno ilegal, o una mezcla de combustible legal y de contrabando, pero en ningún caso sirve para inhibir la producción de cocaína.
Otro proyecto que nunca vio la luz fue el que lideraba el teniente coronel retirado de la Policía Miguel Tunjano, quien llevaba varios años trabajando con un equipo de investigación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional en la secuenciación genómica de la planta de coca. Este trabajo se adelantó en los cultivos de la finca experimental Los Pijaos, en Tolima, en donde la Policía mantiene 22 variedades de la planta, identificadas y recolectadas durante más de nueve años de operaciones antinarcóticos.
En 2019, el exoficial Tunjano, esta vez desde la Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia, en asocio con la Universidad de los Andes, presentó un proyecto para producir un inhibidor de cocaína. Esta innovación tecnológica permitiría, según Tunjano, contar con una alternativa a la aspersión con glifosato, pues el inhibidor bloquea la biosíntesis de la cocaína sin matar la planta de coca.
Tunjano sostiene que el proyecto fue presentado a Juan Francisco Espinosa, entonces viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, pero nunca obtuvo respuesta y tampoco fue llevado ante el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) para su discusión y posible financiación. Al ser consultado sobre los proyectos que fueron engavetados, el Minjusticia respondió que ante el CNE no se presentan ideas, sino proyectos estructurados y con evidencia sólida, y que han recibido cientos de ideas que nunca se materializaron.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda asegura que no tiene reportes sobre el problema de la gasolina y la coca. Además, señaló que las declaraciones del ministro Ocampo en el Congreso se referían a bandas de contrabandistas que compran gasolina en departamentos fronterizos y la llevan al interior del país para venderla más cara, pero nunca a mafias relacionadas con el narcotráfico. Es decir, todo parece indicar que las alertas emitidas en el pasado por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, confirmadas por el estudio realizado por Econometría S. A., contratado por el Ministerio de Minas y Energía, no están siendo consideradas para definir si se mantiene el subsidio a la gasolina en frontera en esta nueva reforma tributaria.
Si todos los controles continúan como han venido funcionando, y no se encuentran nuevas fórmulas, lo más probable es que los colombianos seguiremos subsidiando parte de la gasolina que se utiliza para la producción de pasta base de cocaína, como lo hemos hecho por más de 20 años.
Por David Riaño Valencia
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