Democracia light

Semana no aclara de qué información objetiva ha echado mano para aventurar esta conclusión, pero según la revista, Colombia se está cansando del tema. Tal vez, como dije, estar fuera me aleje del pulso de la opinión pública colombiana, pero prefiero pensar que ésta no es tan frívola como para equiparar la destitución del alcalde de la capital, y su desarrollo, con una telenovela de capítulos repetitivos.

Si bien es cierto que los protagonistas, en especial Gustavo Petro, le han aportado una fuerte dosis de dramatismo, y por ello se puede pensar en el tinte novelesco, los medios también han contribuido a esta teatralización de la controversia (la revista Semana, que critica este comportamiento, hace su contribución al titular su portada con signos de exclamaciones e imperativos: “¡No más balcón!”).

Sin embargo, equiparar con una telenovela la destitución del alcalde de la capital, que es en este momento el tema más importante para la institucionalidad del país, es una lectura ligera de un tema que exige mucho más aplomo. No podemos esperar de la democracia colombiana nos proporcione la misma dosis de entretenimiento que una temporada de Juego de Tronos. No importa que el tema canse a los hipotéticos colombianos de la revista Semana: mientras que el tema no se resuelva, será prioridad.

Pero más allá de la desafortunada frase de este editorial, es frecuente la opinión de que no es conveniente intervenir, manifestarse o tratar de controvertir este proceso hasta que los jueces se hayan pronunciado. Las personas que eligieron a Gustavo Petro tienen el derecho a movilizarse cuantas veces quieran a favor del alcalde, y el alcalde tiene también el derecho a llamarlos a la movilización pacífica. Es parte del juego democrático. Otro debate es si se están empleando de forma indebida los recursos públicos para estas movilizaciones, y por supuesto que sería pertinente tratarlo.

Con respecto al hecho de que este debate ha polarizado a la ciudad y al país, es inevitable que esto acontezca cuando un funcionario público toma una decisión tan radical como darle muerte política a uno de los líderes más influyentes de Colombia. Es sano, también, que despierte pasiones e indignación. Estaría más preocupado si la destitución de Petro no hubiera generado mayores convulsiones, y una Bogotá pasiva aguardara la decisión final de los togados, como si la democracia electoral no se definiera en las urnas, sino en los juzgados.

También difiero de la revista Semana cuando dice que los bogotanos tienen la obligación de acatar el fallo. No, no tienen esa obligación. Si sienten que sus derechos fueron vulnerados, al contrario, tienen el deber de manifestarse en contra de la decisión, siempre y cuando sea de forma pacífica. Uno de los aspectos más valiosos de una democracia es que los ciudadanos pueden protestar contra las leyes y las decisiones judiciales que consideran inmorales o antidemocráticas.

Y una de las grandes ventajas de tener un sistema internacional de justicia es que puede equilibrar, o anular, las injusticias que se cometen al interior de un país. Aquí es que entra a jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH puede anular el fallo, y entonces las altas cortes de Colombia generarían su propia controversia si no acatan la decisión de la CIDH.

Twitter: @santiagovillach