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Desde el inicio de la crisis sanitaria desatada por la COVID-19 uno de los focos más problemáticos ha estado en las residencias de adultos mayores, quienes han tenido que sufrir el abandono físico y legal de numerosos gobiernos. Un informe de Médicos sin Fronteras (MSF), de hecho, asegura que durante la gestión del rebrote del virus, España ha dejado vulnerable a esta población. Las consecuencias todavía están por verse.
La organización advirtió en su documento que durante la peor parte de la crisis “se estima que las personas mayores fallecidas en estos centros (27.359 entre el 6 de abril y el 20 de junio, según el Ministerio de Sanidad) representan el 69% de las personas fallecidas por COVID-19 en toda España”.
Todo esto “revela una desatención a los mayores debido a graves problemas tanto del modelo de gestión de residencias, como de coordinación entre las diferentes administraciones competentes y empresas gestoras, principalmente en lo referente a la asistencia sanitaria y cuidados dignos que se deben brindar en coordinación con los centros de atención primaria y los hospitales. El resultado fue el abandono en las residencias de las personas más vulnerables a la COVID-19, los mayores, y la desprotección del personal que los cuidaba”, aseguro MSF.
Sobre el déficit de recursos, supervisión sanitaria y plan de contingencia, Ximena Di Lollo, responsable de la respuesta en residencias de MSF afirmó: “Esta combinación hizo inviable responder a la epidemia. Al ser, como su propio nombre indica residencias, es decir hogares para los mayores, no disponían de recursos sanitarios y asistenciales, lo que tuvo un impacto directo en la salud de los residentes”.
El pasado abril Di Lollo ya advertía a este diario: “Muchas personas han muerto solas, asustadas y en un estado terrible. Las personas han sido aisladas de sus familias y han enfrentado el final de sus vidas sin apoyo y casi sin contacto familiar. Eso es totalmente inaceptable. Nadie debería tener que morir así”.
¿Qué se necesita ahora?
Según MSF, una de las prioridades es fortalecer la capacidad en la prevención y control de infecciones (PCI), cosa que tampoco se ha hecho en el país europeo. “La falta de formación en la utilización de los EPI para el personal ha sido una de las grandes fallas de esta respuesta, agravada por el hecho de que los EPI, que llegaron tarde, además de ser insuficientes, no siempre estaban adaptados a las necesidades de las residencias”, señala Di Lollo.
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Todo esto ha generado la implantación de férreas medidas de aislamiento de los residentes y a la restricción o denegación de despedidas, visitas o movilidad dentro de la residencia. Si bien es necesario mantener medidas de bioseguridad la organización recomienda flexibilizar los reglamentos en estos centros, sobretodo en los periodos más críticos.
Esto, además, debe ir acompañado de mecanismos de apoyo psicosocial, tanto para personal y residentes como para sus familiares, lo que no fue el caso durante la pandemia. De hecho, una de las denuncias de MSF advierte “una gravísima carencia de protocolos para cuidados paliativos, final de la vida, despedidas y visitas”.
Di Lollo señaló al respecto: “Deben permitirse las visitas de familiares y las despedidas en los momentos finales, siempre con las medidas de protección adecuadas. Para ello, es imprescindible que las residencias cuenten con suficientes equipos de protección personal, para que los mayores no vuelvan a pasar momentos tan duros lejos de los suyos”.
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