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Los indicadores de seguridad ciudadana en Bogotá, salvo el robo de bicicletas, vienen mejorando, dice el Distrito. Pero al margen de las estadísticas, otra dinámica viene ganando terreno, según lo vienen describiendo desde hace meses analistas de seguridad, los entes de control y recientemente el propio Gobierno. Los hechos de extrema violencia que se han registrado, en especial en los barrios periféricos, llevan a preguntarse si los grupos armados organizados, que azotan las zonas rurales del país, finalmente están tomando formalmente asiento en la capital.
Como acontecimientos recientes se puede mencionar el hallazgo ayer de un cuerpo desmembrado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, y otro hace dos semanas en las mismas condiciones al norte, en El Codito, parte alta de Usaquén, métodos que, por lo general, no son propios de la delincuencia común. Otro de los indicios son las declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, quien ha dicho que el terrorismo urbano es la nueva forma de operar de los grupos residuales de las guerrillas y el paramilitarismo, aunque no solo en Bogotá.
“Los grupos ilegales entraron en un nuevo escenario de confrontación, que consiste en llevar la zozobra, el terror y el caos a nuestras principales ciudades”, dijo Barbosa en un foro sobre seguridad, donde agregó que estas organizaciones son las promotoras del vandalismo que ha vivido Bogotá en los últimos meses. Un punto más fue que esa “doctrina de guerra urbana” se basa en el reclutamiento de jóvenes para capacitarlos en tareas ligadas a la violencia, punto clave, pues es lo que viene alertando la Defensoría del Pueblo desde 2018, mediante su sistema de alertas tempranas.
Según este organismo, puede que en Bogotá exista algo aún más grande que el vandalismo, y es la lucha por el control de los corredores para acceder a la capital entre grupos armados organizados. Esto lo ratificó en la alerta que lanzó la Defensoría a mediados de este año, en la que expuso el riesgo en cuatro sectores de Usaquén (Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte y Toberín), donde no solo se hablaba de microtráfico, sino de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y amenazas.
Detrás de eso, según la información que obtuvo la Defensoría, está la instalación en diferentes sectores de Cundinamarca y Boyacá de laboratorios móviles para producir cocaína. Estos laboratorios los estarían ubicando en las goteras de Bogotá y cerca de localidades como Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. La hipótesis la sustenta el hallazgo de un laboratorio en zona rural del municipio de Guasca (Cundinamarca), en una finca vinculada a la familia de Fernando Sanclemente exembajador de Colombia en Uruguay, y otro laboratorio móvil en Sibaté (Cundinamarca).
Pero, ¿qué llevaría a estos grupos a trasladar sus operaciones cada vez más al centro del país? Para la Defensoría, la primera razón es la disminución de riesgos y costos de transportar diferentes estupefacientes hasta la capital. Otro motivo es la ubicación estratégica de la ciudad, pues es punto clave para dos rutas de tráfico ilegal: una que conduce de los Llanos Orientales a Urabá y que es controlada por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas (Agc), y otra que va del Putumayo a la frontera con Venezuela, de la que es dueña un grupo de crimen organizado conocido como la Constru. Una tercera razón que explica este movimiento es la posibilidad de sacar droga hacia el exterior, mediante el aeropuerto El Dorado.
Analistas en conflicto y seguridad coinciden en que ese movimiento tiene sentido desde lo estratégico para esos grupos ilegales, pues explican que el narcotráfico, como motor de la guerra, siempre buscará la forma de expandir sus límites. Sin embargo, hay discrepancia en si la finalidad es dar grandes golpes en las ciudades o simplemente mantener el negocio del narcotráfico en zonas de más rentabilidad.
Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, en sus análisis ha encontrado que hay una nueva espiral de violencia, que se dio después de la desmovilización de las Farc. “Se descentralizó el conflicto y eso era lo más riesgoso, porque se rompe la jerarquía y hay muchas disidencias. Ya no hay una base ideológica y política, sino portafolios de economía ilegal que están peleando negocios. En su momento, todos los grupos ilegales intentaron tomarse las ciudades, pero hoy poco les importa tomarse el centro, porque los negocios están en las fronteras”, dijo.
Para Henry Cancelado, experto en seguridad, “tiene todo el sentido que lleguen grupos ilegales, ya que nuestro conflicto está mediado por el narcotráfico y casi todos los actores están ligados a eso. El armamento, los uniformes y las municiones cuestan”. El analista, quien coincide en que hay un escenario de convergencia entre actores violentos, sí cree que puede haber una posibilidad de que esas estructuras piensen en dar “golpes de poder”. “El conflicto en el campo duró 60 años y, si se ve ahora, no fue mucho lo que lograron. La ciudad es un centro de poder importante y no es lo mismo atacar un municipio rural que más de 50 CAI en Bogotá”.
Otra voz, como la de Johan Avendaño, experto en políticas públicas, afirmó que el tema se puede tratar de una estrategia preelectoral. “Es grave traer discursos de un enemigo sin forma y sin cabeza. Ahora todo son las disidencias y eso es preparar un ambiente preelectoral. Sin duda hay una delincuencia organizada que busca mandar mensajes como hacen las mafias, pero no se puede decir que por eso el conflicto esté llegando a las ciudades”.
Si bien son cada vez más los hechos que alertan sobre una reconfiguración del conflicto en Bogotá, para expertos no debe ser motivo de alarma y podría bastar con una reconfiguración de las estrategias de seguridad. Sin embargo, en ese camino surge otro problema, que es la desarticulación evidente entre los gobiernos nacional y distrital, algo que podría incidir en las decisiones que se tomen en relación con los temas de seguridad y ataque al crimen organizado.
Otros riesgos
En 2019, el peligro por el accionar de grupos ilegales se identificó primero en las localidades del centro: Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria y Puente Aranda. Allí, según las alertas, las Agc estarían usando menores de edad y personas de poblaciones vulnerables, como habitantes de calle, desplazados y trabajadoras sexuales, para la venta de drogas, sicariato y extorsiones.
Luego, mediante otra alerta sobre las localidades del suroccidente (Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy), la Defensoría empezó a hablar de una “tendencia hacia la urbanización en la forma de operar de Grupos Armados Ilegales en zonas urbanas” y esbozó que para ejercer control sobre el tráfico de drogas en zonas específicas y estratégicas de la ciudad estos grupos estarían ejecutando actos violentos contra la ciudadanía. La alerta más retumbante se hizo sobre Ciudad Bolívar, pues debido a las montañas de la localidad y su potencial minero, el organismo aseguró que eran un eventual atractivo para la financiación de esos grupos ilegales, entre los que identificaron a las Agc, los “Rastrojos comandos urbanos”, las “Águilas negras bloque capital”, “Los Paisas” y el “Frente Urbano de Guerra Nacional” del Eln.
La primera alerta al respecto se hizo en 2018 y se enfocó en las localidades del suroriente capitalino (Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe), donde estarían haciendo presencia presuntos integrantes de grupos armados ilegales que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De esa organización criminal, dice la Defensoría, surgieron al menos tres grupos, pero uno de estos, “Los Paisas”, estaría ejerciendo desde entonces el control sobre los circuitos de venta de droga en el sur de la ciudad y en Soacha.
¿A reenfocar las estrategias de seguridad?
Ante un posible fortalecimiento de las estructuras criminales que operan en las goteras de Bogotá, expertos recomiendan iniciar un trabajo articulado no solo entre el Distrito y el Gobierno Nacional, sino con los alcaldes de los municipios aledaños, donde se estarían robusteciendo estos grupos criminales. Para el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, la iniciativa debe venir del Gobierno Nacional, “que tendría que rediseñar las estrategias de seguridad ciudadana, pues la que se hizo estaba pensada en otro escenario anterior a una pandemia”.
Por parte del Distrito, si bien destaca los enfoques de la estrategia de seguridad ciudadana, muy basados en derechos humanos, cree que los diagnósticos se están quedando cortos frente a la realidad y que es clave reforzar el trabajo con los municipios al sur. “Está muy dividida la información que maneja Bogotá y Soacha. Hay desarticulación, porque la diferencia son dos cuadras, y ese es el mayor corredor de ingreso de droga, así que se debería actuar mucho más de la mano”.
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