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La investigación denominada "El cambio climático no tiene fronteras" fue realizada por especialistas en la materia de la Universidad del Pacífico del Perú, quienes contaron con el apoyo de centros de investigación de los demás países andinos, así como con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Ambiente de ese país europeo.
El estudio asegura que los efectos del cambio climático en las cuatro naciones de la Comunidad Andina costarán 30 mil millones de dólares anuales, en el año 2025, si no se toman medidas urgentes para congelar el deterioro del medio ambiente.
En otras palabras, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador en menos de 20 años podrían pagar por el desgaste de su entorno el 4,5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que comprometería el desarrollo potencial de las cuatro naciones.
En el periodo comprendido entre 2002 y 2006, según los resultados de dicho trabajo, las sequías, las heladas, las inundaciones y los deslizamientos, se duplicaron con relación a los registrados entre 1987 y 1991.
Desde 1970, además, ningún departamento o provincia de los países andinos ha sido ajeno a sufrir los efectos de por lo menos un desastre meteorológico.
La situación es aún más preocupante cuando las consecuencias del cambio climático en esta región se evidencian de manera más rápida que en otros lugares del planeta. En 1990, en el mundo se presentaron variaciones en la temperatura global de 0,2 grados centígrados por década, mientras que desde 1974 hasta 1998 en la región de los Andes Centrales, el cambio fue de 0,34 grados centígrados, lo que significó un 70 por ciento por encima del promedio global.
Carlos Amat y León, ex ministro peruano de Agricultura y coordinador del equipo investigador, sostuvo que si la temperatura se incrementa en 2 grados centígrados en la zona Andina, "la Amazonía podría empezar a colapsar y los glaciares acelerarían su retroceso, afectando la oferta hídrica".
Otros efectos adicionales que ya se están presentando y que incrementarían su poder destructor y su frecuencia serían las inundaciones y el fenómeno de El Niño.
Si no se toman medidas inmediatas para contener el cambio climático, explica el informe, en 2020, mínimo 40 millones de personas correrían el riesgo de perder el acceso al agua para consumo humano, la agricultura y la hidroenergía, como efecto de la desglaciación de los Andes. Las ciudades más afectadas con esta problemática serían La Paz, Lima y Quito.
La investigación agrega que la actual población que tiene menos de 33 años será la que viva con todos estos fenómenos, es decir, el 64 por ciento de los seres humanos que están vivos hoy, serán los testigos del deterioro de la región Andina.
Amat y León y los demás investigadores consideran que aún se está a tiempo de detener el cambio climático y que para ello se deben implementar "medidas sustantivas" que incluyan transferencia de tecnología para generar energía limpia; disposición y aportes de recursos financieros de acuerdo a la magnitud de la problemática; compartir conocimientos y capacidades; fortalecer la capacidad de gobernar, especialmente en las regiones, para garantizar la implementación de una infraestructura económica y social acorde con los retos que presenta la problemática y la adecuación de procesos productivos bajo los parámetros que impone el cambio climático.
A estas políticas se debe, además, sumar el compromiso de la reducción de emisiones en cada uno de los países andinos, así como la inclusión del diseño y desarrollo de mecanismos que garanticen la conservación de los bosques y la biodiversidad de la región, de acuerdo con los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica y del Plan de Trabajo de Bali sobre cambio climático, explica la investigación.
El secretario general de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, afirmó que un estudio, que se basó en el informe de Stern, la Huella Ecológica y el Banco Mundial, establece que las cuatro naciones andinas podrían recibir de los países industrializados miles de millones de dólares por los servicios ambientales que los bosques tropicales amazónicos le brindan al mundo entero, situación que puede convertirse en "una fuente fundamental de negociación con la comunidad internacional" por parte de las cuatro naciones.