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Por un lado, atendiendo el informe de Transparencia Internacional según el cual el índice de percepción de la corrupción ocupamos el puesto 94 entre 174 países encuestados, el Gobierno Nacional se ha embarcado en una reforma a la Fiscalía que la dote de dientes para combatir la corrupción y la impunidad en la administración pública; y por otro, nos asustamos y pedimos que se le restrinjan sus atribuciones, si un funcionario como el procurador se atreve a tomar decisiones drásticas en pro de la transparencia.
Matamos al tigre y le tenemos miedo al cuero.
Juan Maal. Bogotá.
CIDH lo mantendrá
Convencidos de la injusta destitución e inhabilidad política por 15 años al alcalde Gustavo Petro por el superpoder del procurador, por: “Irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo sistema de aseo de Bogotá”. Cuando en el trasfondo hay un caso político y económico que gira alrededor de $2,4 billones anuales. A partir del primer fallo, la popularidad y la solidaridad con el alcalde Gustavo Petro han ido aumentando de manera acelerada y notoria, lo cual indica que la revocatoria es un caso perdido para los que con “vaca” y por revancha desean desconocer el voto popular, democrático, con el cual ganó la Alcaldía de Bogotá. La otra opción para considerar por su importancia y pesadez jurídica es la demanda ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), a la cual se le solicitan medidas cautelares para el alcalde y se revise de fondo la decisión del procurador y la afectación o no de los derechos políticos de los votantes. En caso de otorgar, como lo esperamos, las medidas cautelares para evitar el daño irreparable de la destitución, el proceso se alargaría por actuaciones y dilaciones de las partes y esto dará tiempo para terminar felizmente el mandato. El derecho internacional entregará las suficientes razones a los abogados del alcalde y electores en unos años y, otra vez, los ciudadanos por medio del Estado estaremos condenados a pagar indemnizaciones a granel. Permanecemos ante un superpoder que tendrá que limitarse muy pronto para sostener el pluralismo en una amplia democracia sin acudir al derecho internacional.
Ómar Muriel. Bogotá.
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