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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo por fin un anuncio que se esperaba desde hace varios meses: se abre el caso 11, el cual abordará violencia sexual y de género. La magnitud del caso evidencia que hasta ahora hay más de 35.178 mujeres, niñas y personas de género diverso víctimas de una historia de dolor y de horror invisible a los ojos. Son tantas, que con ellas se llenaría un estadio como el Pascual Guerrero de Cali. Desde ya, analistas explican que de todos los casos del sistema de justicia transicional, este podría ser el más complicado de desarrollar, pues las atrocidades cometidas nada tienen que ver con las dinámicas y estrategias de la guerra. Aquí presentamos las cuatro claves del macrocaso 11.
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¿Por qué se abre este caso?
En mayo de 2022 la JEP anunció que iba a abrir un caso solamente para investigar la violencia y las dinámicas de guerra que históricamente han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Lo hizo no solo por la insistencia de las víctimas, sino porque la magnitud y la gravedad de los hechos desbordaron la capacidad de la JEP de ajustar los otros casos a estas conductas. La Jurisdicción se basó en cuatro criterios para abrirlo: la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización, la vulnerabilidad de las víctimas y la representatividad, “que incluye el gran significado simbólico que tiene para un sector de la sociedad la investigación de estas conductas y la posibilidad de superar la brecha de impunidad”, dice el auto.
¿Por qué es una victoria para las víctimas?
Aunque las violencias basadas en género y orientaciones sexuales diversas se evidencian en al menos cinco de los macrocasos ya existentes, no estaban priorizadas como un fenómeno de la guerra individual y de especial atención. Las víctimas, sin embargo, clamaron por ello durante años, a través de peticiones que llegaron en su mayoría del Valle del Cauca, Cesar, Guaviare y Bogotá, y hasta de 13 países del exterior. Exigieron ser individualizadas, pues sus cuerpos y orientaciones fueron utilizados como arma de guerra por guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. Además, porque la JEP podría hacer énfasis en hechos tan particulares y siniestros como la esclavitud sexual, el intento de corrección a la comunidad LGBTI y hasta el despojo de hijos a madres de las FARC.
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La investigación preliminar de la JEP incorporó el concepto de la “masculinidad guerrera”. Se trata de un modo de comportamiento identificado tanto en agentes del Estado como guerrilleros, evidenciado en la búsqueda violenta por mantener los roles de género históricamente asignados. De tal manera que los criminales denunciados sometieron sexualmente a mujeres y hombres con orientaciones femeninas, por ejemplo, al considerarlos objeto de castigo por no mantener las reglas que consideraban moralmente buenas. En otras palabras: el hombre viril y la mujer servil. En ese sentido se escuchó a mujeres que fueron obligadas a ayudar al Ejército y a la guerrilla en labores domésticas, y a hombres gais que fueron violados y obligados al desplazamiento por ser quienes son.
¿Cómo van a investigar?
La JEP deberá darles respuesta a más de 35.178 víctimas. Los principales responsables fueron paramilitares, seguidos de hombres sin identificar y exguerrilleros de las FARC. Hay 500 víctimas que fueron violentadas por múltiples actores. Para decantar su investigación, la JEP dividió este macrocaso en tres partes. La primera, por crímenes cometidos por ex-FARC. La idea es sancionar a los guerrilleros identificados que castigaron a ciudadanos por considerarlos “contrarios a la naturaleza”, solo por su orientación diversa. Asimismo, a los violadores de mujeres y niñas en las zonas de patrullaje, las cuales se rebelaron a las órdenes guerrilleras. Incluso, a rebeldes que tomaron cuerpos de víctimas porque sus esposos no pagaron vacunas en zona de control.
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La segunda parte investiga la victimización por parte de agentes de la Fuerza Pública. De nuevo, funcionarios públicos castigaron a personas consideradas “pecadoras” o “sucias”. El actor armado más peligroso fue el Ejército. Además, agentes del Estado consideraron que las mujeres deberían estar disponibles sexualmente cada vez que ellos quisieran y secuestraban a niñas que eran trasladadas a instalaciones oficiales para ser violadas y amenazadas de muerte si denunciaban. Por último, la tercera parte es sobre la violencia intrafilas en las FARC y en la Fuerza Pública. Mientras los guerrilleros en su mayoría violaron a sus mujeres, el Ejército optó por acceder a hombres. Generalmente, dice la JEP, a jóvenes soldados quienes fueron obligados a cumplir órdenes sexuales, con las cuales los victimarios buscaban “demostrar su competencia sexual”. Y en la guerrilla se destaca la cooptación de mujeres desde niñas para ser utilizadas como esclavas sexuales y de oficios varios, pero también de la violencia sexual intrafilas.
¿Por qué es el más difícil?
Lo complejo de la investigación de esas conductas recae en dos asuntos puntuales. El primero es que se trata de hechos de la intimidad más profunda de las víctimas y victimarios, por lo que no solo el reconocimiento de los segundos es complicado, sino porque también son difíciles la denuncia y la presencia de las personas afectadas por estos hechos. María Cecilia Ibáñez, abogada de la organización Women’s Link, los explicó así en La Silla Vacía: “Es preocupante que por parte de los comparecientes haya una negación sistemática de los casos de violencia sexual”. La advertencia no es para menos: uno de los pilares del sistema en la JEP es el reconocimiento de los delitos.
Y el segundo asunto es que, a diferencia de los otros casos que investiga la JEP, como el de reclutamiento, ejecuciones extrajudiciales o los de violencias territoriales, los abortos o la anticoncepción forzada entre filas de las FARC, los abusos sexuales, o la explotación o esclavización para ejercer labores domésticas, por mencionar algunas conductas, nada tienen que ver con las dinámicas de guerra o las lógicas del combate. Y por eso su justificación es casi imposible de sustentar. Así se abre paso una investigación sin precedentes, en Colombia y en el mundo, para darles respuesta a miles de víctimas y cumplir un objetivo claro: superar el 90 % de la impunidad (una cifra de la propia Fiscalía) que ha reinado estos casos desde hace décadas.Pero no solo es el más complicado, sino que la JEP se juega, ante la comunidad internacional, llevarse el reconocimiento de ser la primera jurisdicción de paz que investiga y judicializa las relaciones dominantes de género en una guerra, y la manera en que el cuerpo de las mujeres se puso al servicio de actores armados y se castigó a personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
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