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Posiblemente esta semana se conocerán las condiciones bajo las cuales Claro y Movistar seguirán prestando los servicios de comunicaciones móviles Después de 20 años, en marzo próximo terminan sus contratos de concesión y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) deberá definir —en función del interés público— el valor que esos operadores deben pagar por el derecho a seguir utilizando las frecuencias que actualmente tienen asignadas, el cual, según se especula, podría estar cercano a los mil millones de dólares.
Coincide también la definición de este valor con la de un asunto no menos delicado y trascendente: la reversión, a favor de la Nación, de las redes y otros bienes afectos a la concesión, como consecuencia de una controvertida sentencia de la Corte Constitucional, de la cual apenas se conoce un comunicado de prensa. ¿Se quedará el Estado con esas redes y bienes? Si esa reversión es imposible técnicamente, ¿cuál es el valor que los operadores deberán pagar en compensación y cuándo deben hacerlo?
Esas vistosas y multimillonarias decisiones pendientes no deberían disimular la grave afectación del bienestar de los consumidores, si las nuevas condiciones de prestación de los servicios móviles no impiden el abuso de la posición dominante y el irrespeto a los usuarios.
Tampoco puede pasar de agache la anunciada fusión de Tigo con Une. En los términos de la transacción, pendiente de aprobación por parte de las autoridades del sector, no solo está involucrado el patrimonio de empresas de capital público, sino que puede afectarse seriamente la competencia y, en consecuencia, en muchas ciudades los usuarios tendrán que soportar tarifas injustificadamente altas.
Por el lado de la televisión también hay temas trascendentales pendientes de definición. Lamentablemente —a diferencia del sector de las TIC, en el que existe una clara política de Estado y una reconocida fortaleza institucional— la televisión está en manos de la gris Autoridad Nacional de Televisión, mal diseñada y mal conformada, sin que el Gobierno Nacional pueda hacer mucho al respecto. Se seguirá pues dando tumbos y despilfarrando el patrimonio público. Los legisladores ni siquiera se inmutarán; están ocupados en hacerse reelegir.
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