La carta del superfinanciero

Una presentación de Power Point es hoy por hoy la piedra angular en la defensa de Gerardo Hernández, superintendente financiero. Con ella busca revertir la decisión adoptada el pasado 28 de noviembre por la Procuraduría General de la Nación, que decidió destituirlo e inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos por 12 años tras determinar que tanto el funcionario como la entidad no actuaron a tiempo para impedir la quiebra de la comisionista Interbolsa y la afectación a más de 250.000 clientes que hoy buscan salvar una parte de sus ahorros en los estrados judiciales.

Según Hernández, quien ayer presentó recurso de reposición ante el Ministerio Público, la determinación está basada en un informe presentando en su despacho el 18 de julio de 2012 en donde se abordaron las operaciones realizadas en el mercado con la acción de Fabricato (cuyo intercambio descontrolado llevó al descalabro de la comisionista). Tal como se argumenta en el fallo, desde ese momento el regulador financiero debió haber procedido a suspender la acción y no cuatro meses después, cuando estalló el escándalo.

Pero la defensa del funcionario tiene otro punto de vista. “En esa fecha no existía en la entidad la información completa sobre las operaciones con títulos de Fabricato”, aseguró Jaime Camacho, el abogado defensor, para quien la decisión adoptada por el procurador Alejandro Ordóñez “es subjetiva. A juicio de un funcionario no técnico se debió tomar una decisión técnica con información que se terminó de recabar después”.

Por su parte, Hernández confió en que los alegatos presentados ante el ente de control, única instancia de apelación, servirán para reversar la decisión en su contra: “Si se confirma mi destitución, se producirá un grave precedente en la regulación financiera del país y podrían afectarse los mercados”.

De hecho, si el procurador Ordóñez confirma su decisión, el país sufriría un obstáculo en su proceso de entrada a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), al igual que iría en contra de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la regulación financiera.

Ambos bancos multilaterales aterrizaron este año en el país para iniciar las evaluaciones del Programa de Valoración del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés), diseñado en 1999 a partir de la crisis asiática para asegurarse que los miembros de la OCDE cumplan con los más altos estándares internacionales de calidad. En ellas se señaló la débil figura del Superfinanciero colombiano, que no cuenta con término fijo en su nombramiento ni autonomía ni mucho menos protección legal a la hora de tomar decisiones.

Para llegar a ese escenario de recomendaciones, la Constitución Política tendría que darle a la entidad el mismo régimen de independencia del Banco de la República, el cual tendría que apoyarse en la aprobación de leyes sobre su proceder. Se trata de un esfuerzo que puede tomar varios años en desarrollarse, pero necesario para que Colombia esté en las mismas condiciones de países que han fortalecido a esta figura, como Canadá, Estados Unidos o Chile.

Asimismo, y en palabras del propio Hernández, la confirmación de su destitución podría generar una oleada de desconfianza entre los inversionistas extranjeros con negocios en el país, la cual derivaría en bajas cotizaciones dentro del mercado bursátil. “Aquí estoy trabajando, y seguiré haciéndolo sin ninguna restricción”, afirmó el funcionario, quien ahora dependerá de la decisión en segunda instancia que, según los términos de la ley, deba tomar la procuraduría en los próximos 20 días hábiles.

Mientras tanto, el descalabro de Interbolsa comienza a producir sus primeros resultados en las instancias administrativas. La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que a partir del próximo viernes comenzará el proceso de pago a los 1.022 reclamantes que hacen parte del Fondo Premium, afectados por la comisionista. La entrega de los cerca de $9.000 millones se realizará a través de las oficinas de Bancolombia en todo el país.

dmayorga@elespectador.com