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Cuando a cualquier colombiano le ponen una multa por cometer una infracción mientras conduce, el agente de Policía o civil acude al Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002). Esa norma creó, a su vez, el Sistema de Información sobre Multas por Infracciones de Tránsito (Simit), una gran base de datos que condensa todas las sanciones impuestas en vías colombianas, que controla la Federación de Municipios. Y, según la ley, ese sistema debe recibir el 10% de cada multa. Sin embargo, hay una ciudad que se ha negado, desde el comienzo, a transferir ese porcentaje: Bogotá.
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Una tras otra, desde la creación del Simit, las diferentes administraciones que han pasado por la Alcaldía de Bogotá han expresado no estar de acuerdo con transferir ese 10%. Mientras tanto, diferentes decisiones judiciales y hasta la Corte Constitucional ya le han dado luz verde al funcionamiento del Simit y su gestión en manos de Fedemunicipios. Pero la capital sigue sin transferir los recursos, lo que llevó a la Contraloría General a iniciar una auditoría a la gestión fiscal del distrito con el dinero que le entra por las multas.
Según cuentas de Fedemunicipios, lo que supuestamente le debe Bogotá ya asciende a los $300.000 millones. Además, una investigación de la Procuraduría tiene entre mira a los secretarios de Movilidad de la capital, por posibles irregularidades, pues no solo no transfirieron el dinero al Simit, sino que se demostró que la Federación adelantó un sinnúmero de acciones judiciales para hacer efectivo el cobro. Aunque estas investigaciones están en su recta final, el Ministerio Público solo podría terminar sancionando a los secretarios más recientes.
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Fue la decisión del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, de iniciar una auditoría la que revivió esta controversia. El alto funcionario tomó esa determinación luego de que hacia finales del año pasado el abogado de Fedemunicipios, Isnardo Gómez, le pidiera intervenir en la disputa, pues la contraloría distrital no había adelantado acción alguna. Ya hacia 2008 uno de los antecesores de Córdoba, el entonces jefe del ente de control Julio César Turbay Quintero también se había metido en el tema y le había pedido explicaciones a los funcionarios del alcalde de Bogotá de ese momento, Samuel Moreno.
“Están realizando un recaudo de terceros para terceros, y mal haría en incluir en su presupuesto unos recursos que por ley pertenecen a otra entidad”, le dijo entonces la Contraloría a la Alcaldía de Moreno. En respuesta, el secretario general y el de Hacienda de Bogotá, escribieron que, “la mayoría de los multados efectúan el pago dentro de los tres días siguientes a la imposición de la multa, sin que medie ninguna gestión de cobro, esto se considera consecuencia de la cultura de pago generada en los ciudadanos”.
En caso de que el multado no entrara en esa “mayoría”, agregaron los funcionarios, la Secretaría de Movilidad del Distrito iniciaba un proceso de cobro. “Hasta ese momento obsérvese que no hay gestión por parte de la Federación de Municipios”, argumentaron. Palabras más, palabras menos: Bogotá no estaba haciendo uso del Simit, así que no tendría por qué pagar por él. Pero a la Contraloría, desde 2008, esa explicación no le sonó mucho y advirtió que, de no corregir el incumplimiento legal en el que estaba cayendo “se podría incurrir en responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales”.
La Procuraduría busca determinar, por su parte, si los secretarios de movilidad que ha habido tenido Bogotá en la última década incurrieron en faltas. La investigación, que se abrió en 2018, incluye a Ricardo Bonilla, José Alejandro Herrera, Piedad Muñoz Rojas, Beatriz Elena Arbeláez Rafael Eduardo Rodríguez, María Constanza Cabrera y Juan Pablo Bocarejo. A finales del año pasado el ente de control cerró las pesquisas y, según supo este diario, la procuraduría delegada para Bogotá está próxima a tomar una decisión y definir, finalmente, si llama a juicio disciplinario a los exfuncionarios o descarta seguir con el proceso.
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