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Imagínese por un momento que entra a la consulta de un cirujano y éste les confiesa un terror escénico a la sangre.
O que acude al colegio con el tutor de sus hijos y este les comunica su profundo desprecio por cualquier tipo de infante o que, al acudir al veterinario a llevar a su mascota, el susodicho profesional reconoce abiertamente su aversión a cualquier tipo de animal. Impensable en un profesional. Si algunos de estos efectos se produjeran, lo normal y razonable es que, quienes sufrieran estas aversiones o fobias, cambiaran de profesión y se dedicaran a tareas más acordes con sus capacidades.
No obstante, fíjense ustedes que no. En Bogotá, hay una profesión, los taxistas, en el que esto es el pan de cada día. Unos tipos que, a cada minuto, confiesan su odio, hartazgo y repulsión por lo que es propio de su oficio: los trancones. Y coincidirán conmigo que, en Bogotá, los trancones son a los taxistas lo que los spaguettis a un chef de un restaurante italiano. Si a este último no le gusta la pasta, mejor que se dedique a otra cosa.
Y a partir del disgusto con el oficio, mil y una conducta impropia que conocemos bien todos los habitantes de la capital del país. A lo largo de mi vida he tomado servicios de taxi en medio mundo y les puedo garantizar que, como usuario, jamás he visto algo parecido. Un taxi, se supone, es un servicio que te transporta a donde el cliente quiere. Pero en Bogotá, no. En Bogotá, en un muy elevado número de ocasiones, el cliente debe ir en la dirección a la que al taxista le conviene. En Bogotá, cuando un taxista le pregunta “¿para dónde va?”, no le está ofreciendo un servicio –como es su obligación- sino que está averiguando si sus rutas convergen y su destino se adecúa a sus intereses.
Esta es la conducta habitual, no la extraordinaria. No es algo que realicen algunos taxistas sino la generalidad de los mismos. Los justos, utilizado en el término bíblico, que existir existen, que no se sientan aludidos. Fíjense cómo será la situación que, en un país donde el público es reacio a interponer quejas y reclamaciones, este gremio –con el permiso de CLARO del que ya hablaremos otro día- se lleva todos los premios. El hartazgo de los bogotanos es evidente. Y lo saben bien en la Secretaría de Movilidad quienes han firmado un Convenio con el gremio de taxistas –créanme que escribo esto intentando aguantar la indignación y la risa- por el cual los taxistas se comprometen a no realizar estas prácticas, esto es, a no realizar la fatídica pregunta con las intenciones señaladas o, simplemente, negarse a prestar el servicio. En estos casos, dice el susodicho convenio, los amarillos podrían ser multados con hasta 800.000 mil pesos. Definitivamente, el papel aguanta lo que le echen. El martes de esta semana por la noche, por poner un ejemplo, a las 8:30 pm en el CC Cafam Floresta –ubicado en una arteria vial de la capital- una ciudadana me contaba que, de manera consecutiva, siete taxistas le hicieron la pregunta en cuestión, negándose a transportarla. Y no se dirigía a un barrio peligroso, alejado o truculento –excusas reinas para la denegación del servicio-; simplemente, no quisieron.
No obstante, si bien es esta la conducta impropia más generalizada, no es la única. Lo saben bien los hoteleros y propietarios de restaurantes de la zona rosa bogotana. A la una o dos de la madrugada es habitual que, muchos clientes, antes de subir al taxi, sean informados por el conductor de que, carreras que generalmente cuestan 8000 ó 10000 pesos, tienen un coste –así por la cara amarilla- de 25000. Y lo hacen con total impunidad. La opción de los pasajeros es escasa: aceptar el chantaje o quedarse en la maldita calle. Y las consecuencias a medio plazo son desastrosas. En la próxima ocasión, dichos pasajeros llevarán su carro, pagarán 25000 pesos de parqueadero por tres horas –otro abuso que sufrimos los bogotanos sin que aparentemente se haga nada- contribuyendo al colapso de las vías a esas horas de la madrugada.
Y lo dejo aquí. No hablaré de lo que sucede cuando los pasajeros son enfermos o minusválidos –yo que vivo en las cercanías de un centro hospitalario y lo veo en mi día a día- o cuando los usuarios son personas mayores que van cargadas. A veces deben esperar horas tras decenas de negativas.
La regulación legal, incluido el susodicho convenio con los taxistas, es papel mojado -ver mi columna anterior- si los ciudadanos, y sobre todo los implicados, no tienen la certeza de que las sanciones son reales y efectivas. Y ello sólo será posible si los usuarios denunciamos estos abusos. Y tenemos la herramienta para ello: la línea 3649416 con los datos del vehículo que cometió la infracción. Si la mitad de quienes sufrimos estos abusos, lo denunciamos, esa línea pronto arderá como Troya. Ya va siendo hora de decir basta y poner coto a esta fiebre amarilla que nos carcome.