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En su primera semana de sesiones de 2021, el Congreso dejó un amplio temor en la población frente a las elecciones de 2022. El miércoles se conoció un proyecto que proponía aplazar las justas electorales del próximo año para realizarlas en 2024. Aunque se hundió la iniciativa sin siquiera radicarse, esta sembró dudas sobre los futuros comicios.
Por eso, en el marco de la Cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el registrador nacional, Alexander Vega, trató de despejar las dudas frente al próximo año. “Va a haber elecciones en 2022 para Congreso y Presidencia con COVID, y plan de seguridad, o si el plan de vacunación funciona. Haremos elecciones en 2022”, declaró Vega.
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Para confirmar esta postura, Vega recordó que apenas hace unos días se publicó, en detalle, el calendario para las elecciones del Congreso. Por otro lado, anunció que en los próximos días se publicará el cronograma para las elecciones presidenciales. Ahí se definirá las fechas de inscripción y los tiempos para la propaganda electoral.
Vega celebró que el BID lo invitó para exponer el plan de la “la Registraduría Civil del siglo XXI”. Según el registrador, este plan de acción se enfoca en tres ejes: la reforma electoral, la cédula digital y el registro civil en línea. Sobre el primero, recordó que uno de sus logros es habilitar más mesas en la ruralidad, que en el caso de 2022 se traduce en “10.000 mesas más en Colombia con el objetivo que las personas tengan mayor acceso al voto”.
Una semana política agitada
Mientras se concretaban los últimos puntos de la cumbre del BID, el país tuvo una agitada semana política por cuenta del Congreso. Apenas en su segundo día de sesiones, varios miembros del Partido Conservador intentaron radicar un proyecto que buscaba igualar las elecciones presidenciales y de Congreso con las locales.
Esto en plata blanca implicaba que todas las elecciones se celebraran en 2024 y que los mandatos de Iván Duque y el actual Congreso se prolongaran hasta ese año. Además, el cuestionado proyecto buscaba que los periodos de presidente, congresistas, fiscal, procurador, contralor, defensor del pueblo se prolongaran a cinco años y los de magistrados a 10 años.
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Sin embargo, tras una dura controversia, hubo un rechazo generalizado a esta propuesta, desde redes sociales y de varios congresistas (de oposición y oficialistas). Por eso, varios de los que apoyaron la propuesta retiraron su firma y la iniciativa ni siquiera pudo ser radicada.
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