Libertad de prensa, democracia y reparación

Estos crímenes afectaron derechos individuales e impactaron el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a ser informada. En el período citado, periodistas en todas las regiones del país han sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas, atentados, secuestros, desplazamientos forzados, exilio, violencia sexual, obstrucciones a su trabajo y estigmatizaciones. También se han infligido daños a través de actividades ilegales de inteligencia que actualmente son objeto de procesos tanto penales como disciplinarios. Las vulneraciones han provenido de diferentes actores: las guerrillas, el paramilitarismo y servidores públicos.

Estos hechos buscan acallar la verdad y evitar que la sociedad conozca la información disponible y todos los puntos de vista. Pero no lo han logrado. La capacidad de resistencia de las personas que ejercen el periodismo y que han encontrado formas de seguir comunicando y expresando sus opiniones lo ha impedido. Pero el costo ha sido muy alto. Para ellos, para sus familias, para nosotros y para la democracia.

Bajo el marco de la Ley de Víctimas iniciamos un proceso de reparación colectiva. Reparación para superar la impunidad, la censura y la autocensura, reconocer los daños y el sufrimiento que han padecido los periodistas. Se trata de un proceso participativo, pues cuenta con un Comité Nacional de Impulso conformado por periodistas víctimas, familiares, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y asociaciones que están trabajando conjuntamente con la Unidad para las Víctimas.

Ahora bien, el acceso a la justicia de periodistas víctimas, la protección y el esclarecimiento histórico son fundamentales. De allí la importancia del Centro Nacional de Memoria Histórica, que decidió constituir el Grupo de Investigación sobre Violencia y Periodismo y de la Fiscalía.

El rol de la Rama Judicial en esta materia es fundamental si se tiene en cuenta que las amenazas y hechos violentos contra periodistas continúan, y que la sombra de la impunidad cubrió muchos casos, como los de Julio Chaparro y Jorge Torres, periodistas asesinados en Segovia. Y si no se toman medidas inmediatas, puede ser la suerte que corra el de Orlando Sierra y otros casos.

Recientemente la Corte Suprema declaró prescritos los delitos relacionados con la intervención de comunicaciones a periodistas (entre ellos Alfredo Molano, Carlos Lozano, Ramiro Bejarano, Hollman Morris y Claudia Duque), en el juicio contra Jorge Noguera, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el escándalo de las chuzadas. Decisión que desconcertó profundamente a quienes participan en el proceso de reparación, generando un clima de incertidumbre.

Esto muestra que aún la justicia tiene que fortalecer sus acciones. Nos da una esperanza la Corte al haber retomado el planteamiento de las víctimas, según el cual los hechos de persecución podrían haber constituido tortura. Es decir, las interceptaciones y seguimientos terminaron siendo un medio de tortura psicológica. Camino jurídico que sería muy importante recorrer.

En 2005, la CIDH formuló al Estado colombiano ocho recomendaciones sobre libertad de expresión, una de ellas “mantener desde las más altas instancias del Gobierno la condena pública de los ataques contra los comunicadores”. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha dado al Estado la oportunidad para hacerlo. Es el momento de enfrentar decididamente estos graves hechos y hacer justicia. Lograrlo es parte del sueño de la construcción de la paz y la democracia en Colombia. Como Gobierno, no vamos a dejar pasar esta oportunidad. Cumplir la Ley de Víctimas es también cumplirle a la democracia.

Paula Gaviria Betancur *