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En respuesta a la iniciativa legislativa que busca tumbar la prohibición actual del porte de armas, de autoría de los congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés (Centro Democrático), este jueves se anunció un contraproyecto a esa propuesta, que busca, entre otras, una presunción de ilegalidad del porte de armas y una póliza para ese porte.
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Así lo anunció el senador Rodrigo Lara, argumentando que con la presunción de ilegalidad el Estado podría tener un registro detallado de quienes portan armas y evitar la existencia paralela de estos objetos. “Muchas personas tienen armas o las han tenido, y no han renovado los permisos. Incluso, simplemente no los tienen”.
Según el parlamentario, se debe exigir además una póliza de seguro para el porte legal de armas, lo que implica –explicó– que una aseguradora se cerciore de que la persona que va a recibir el arma no tenga antecedentes legales y que además cuente con la capacidad “psíquica, psicológica y la madurez para poder portarla”.
Además, Lara aboga porque se revisen e incluso, aumenten las penas por porte ilegal: “Las armas no son un juguete. Podríamos mirar la posibilidad de aumentar las penas y extenderlo a ciertas armas blancas”.
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El proyecto de ley también contendría disposiciones para que, a nivel comunitario y regional, se promuevan políticas de desarme: “Podría haber incentivos para que los jóvenes entreguen armas y a cambio se les den unos tenis. Sería un proyecto muy bonito”, agregó Lara.
Por último, sumado a programas de pedagogía y planes de desarme comunitario, el proyecto busca que se profundice la acción judicial e investigación financiera de las redes ilegales y el mercado negro de armas.
Si bien desde 2016 Colombia ha prohibido el porte de armas cada año bajo decreto presidencial –siendo tal su éxito, que la restricción se ha prolongado desde entonces–, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley para eliminar la figura del “porte especial de armas”, adoptada en el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que implicaría levantar la medida.
El proyecto le apuesta a una nueva regulación al porte legal de armas –según sus autores– para fortalecer el monopolio del Estado sobre estas, fomentando su registro. El representante Garcés señaló que la intención no es armar a todos los colombianos y alegó que, de las cerca de 400.000 licencias que había en 2016, se pasó a 6.000, “mientras más de 2,5 millones de armas ilegales circulan en el país y son usadas en la gran mayoría de los delitos”.
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Apenas este miércoles Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, advirtió que “las armas no son un derecho” y que la política del Gobierno de Iván Duque es el “desarme general”.
Según argumentó el funcionario, “el camino no es armar a los colombianos, ni promover la compra”, insistiendo en que la Constitución de Colombia señala que “las armas no son un derecho” y que el control riguroso a las armas que tienen permiso, así como el seguimiento y persecución a las ilegales, “contribuye a reducir el delito”.
“En el Estado social de derecho tener permiso de porte o tenencia de un arma de fuego debe ser una situación extraordinariamente excepcional, jamás un derecho. Garantizar el principio constitucional de exclusividad de la fuerza y el monopolio estatal de las armas de fuego, son los parámetros de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana que sustentan avanzar hacia el desarme general”, explicó Guarín.
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