Elecciones legislativas: este es el top de candidatos cuestionados a la Cámara

Candidatos cuestionados a la Cámara

El político araucano, quien ha sido alcalde y diputado, enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en la venta de un predio de su propiedad. El ahora candidato, le habría vendido un predio de 12.000 hectáreas a la administración departamental de Ricardo Alvarado Bestene en 2018 por $1.800 millones, cuando el predio se encontraba avaluado por $30 millones. Además, la Unidad de Información y Análisis Financiero le abrió investigación por el presunto lavado de activos. Sin embargo, no se tiene conocimiento del avance del proceso.

La candidata por el Pacto Histórico es esposa de Miguel Rangel Sossa, excongresista condenado por parapolítica. En 2017, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación a Villadiego por el escándalo de Odebrecht. En 2018 se enfrentó a un proceso por compra de votos que la Corte Suprema archivó. En 2019 fue retenida por la Armada Nacional en Magangué con $48 millones el día anterior a las elecciones. La candidata en ese entonces del Partido de la U no pudo dar explicación del monto. Fue dejada en libertad por falta de pruebas.

Es candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Está casada con Álvaro Pacheco, condenado por parapolítica. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exgobernador del Caquetá Álvaro Pacheco, quien venía solicitando ser acogido desde que fue detenido y condenado, en 2019, por vínculos con grupos paramilitares. Arias Pacheco es esposa y heredera del caudal electoral de Álvaro Pacheco.

Diego Caicedo es hijo del representante a la Cámara por Cundinamarca y exalcalde de Zipaquirá, José Fernando Caicedo Sastoque. Según Pares, José Fernando Caicedo Sastoque buscaría legislar en cuerpo ajeno con la aspiración de su hijo al Congreso, tras su huida del órgano legislativo para ser investigado por la justicia ordinaria, por haber cometido presuntos delitos como alcalde. Esto ubica a Diego Caicedo como un heredero del caudal electoral de su padre, en aras de continuar con el legado familiar.

El exdiputado del Magdalena está avalado por el Centro Democrático. Es hijo de Luis Eduardo Vives Lacouture, condenado en 2008 por promover grupos armados al margen de la ley y determinador en alteración de resultados electorales. Esto, por tener vínculos con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Por otra parte, los primos-hermanos de Luis Eduardo Vives Lacouture, Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture, fueron condenados por alterar documentos de predios para recibir subsidios en el marco de Agro Ingreso Seguro.

Este candidato por el Partido Conservador es hijo de María Cristina “Tina” Soto, quien habría tenido una relación política con el condenado exgobernador Kiko Gómez. Según Pares, María Cristina Soto también tendría una relación familiar con "Marquitos" Figueroa, condenado por narcotráfico, así como relaciones comerciales con el Clan Gnecco, María Cristina Soto es representante y buscaría que su hijo la reemplace en la curul. A ella la Corte Suprema le abrió investigación por presunta compra de votos en Maicao en las elecciones del 2018.

El candidato por el Partido Liberal es el heredero y último miembro de la casa política Escrucería, un clan recordado en Nariño. Es el nieto del difunto narcotraficante Samuel Alberto Escrucería Delgado e hijo del primer senador destituido por el Consejo de Estado y condenado por corrupción en 1992, Samuel Alberto Escrucería. Durante el periodo de Rafael Escrucería como concejal en Bogotá estuvo implicado en el carrusel de la contratación, por lo que le fueron embargados y sometidos a extinción de dominio algunos bienes.

Candidato por el Partido Conservador. Según Pares, en medio de su campaña a la Gobernación, se divulgó un video que mostraba una reunión entre Coral y quien en ese momento era el líder de ‘La Constru’, Miguel Bastidas, alias “Gárgola”, en una de las fincas propiedad de Rivas, donde se hablaba de aportes por $150 millones a su campaña. En octubre de 2015 la Fiscalía lo capturó por esos presuntos vínculos con grupos armados ilegales, porque habría financiado con dineros de la administración de Puerto Asís a esa banda delincuencial.

La precandidata a la Cámara de Tolima por la Colombia Humana, dentro de la coalición del Pacto Histórico, es sobrina de Emilio Martínez, condenado por la Corte Suprema acusado de negligencia en un contrato en el que se perdieron $102 millones mientras fue representante. En 2019, Martínez fue denunciado por supuestamente exigir dinero a contratistas de El Espinal para presuntamente financiar la campaña de su hermana, Rosmery Martínez (mamá de Sandra Salazar).

Según Pares, busca ser la heredera en cuerpo ajeno de su esposo, el exrepresentante Edwin Ballesteros que, siendo una de las fichas del Clan Aguilar, se vio implicado por supuestamente haber participado del entramado de corrupción de la Gobernación de Santander mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander. Sobre el perfil de Johanna Milena González Pérez se conoce poco. No ha sido servidora pública ni ha tenido trayectoria política.

Es candidata para la curul afro por el Consejo Comunitario Vereda de los Limones. Es hija de Juan Carlos Martínez Sinisterra, por lo que es considerada heredera de su estructura política. Martínez Sinisterra fue condenado por la Corte Suprema por parapolítica, específicamente por sus nexos con el Bloque Calima de las AUC. Así mismo, en 2016 fue condenado a 48 meses de prisión por favorecer al candidato Francined Cano en las elecciones atípicas de 2012 para la Gobernación del Valle.