Pequeños conflictos, grandes derechos

Ha sido tal su utilidad, que los funcionarios judiciales dedican buena parte de su tiempo a resolver esas solicitudes, dado lo apremiante de sus términos y lo prioritario de su trámite; debido a ello, es frecuente escuchar voces que proponen limitar su campo de aplicación como una forma de descongestionar los juzgados. Sin embargo, un correcto análisis de la situación debería indicar que si las personas recurren a ella para que les sean amparados sus derechos, lo hacen porque son conscientes de que si acuden a los cauces usuales difícilmente tendrán éxito. Esto puede deberse a que cuando es necesario contratar abogados se genera la sensación de que el acceso al sistema judicial no es sencillo; o a que los procedimientos tradicionales son tan largos que sus tardías decisiones se perciben como una denegación de justicia; o a que los reclamos suelen ser menospreciados en su importancia por la jurisdicción ordinaria.

Este último es un tema especialmente sensible, porque mientras los esfuerzos del Estado se enfocan prioritariamente en el combate a la gran delincuencia, suele prestarse menos atención a la solución de conflictos que son valorados como de menor importancia, pero cuya inadecuada atención puede dar lugar a otras manifestaciones de violencia. Las bandas criminales y la guerrilla son sin duda una importante fuente de preocupación; pero la sensación generalizada de inseguridad no depende solo de su existencia, sino también de hurtos de baja cuantía, de las agresiones leves y de conductas abusivas o desconsideradas ante las cuales no suele haber una rápida reacción de las autoridades que reafirme en la ciudadanía la necesidad de acatar las normas y la confianza en que las autoridades las harán respetar.

La congestión generada por la tutela no debe llevar a limitar su campo de acción, sino a trasladar sus ventajas a los demás procedimientos para intentar que sean más ágiles y cercanos a la comunidad; es importante revisar los actuales mecanismos de solución de conflictos para asegurarse de que la población puede acudir fácilmente a ellos, para garantizarle que todas las agresiones de las que sea víctima (por insignificantes que puedan parecer en un contexto global) van a ser castigadas y para cerciorarse de que los reclamos tendrán una solución pronta. Si se consigue acercar la administración de justicia a la gente, facilitándole el acceso a la misma y mostrándole que ella está en condiciones de hacer respetar todas las garantías constitucionalmente consagradas en su favor, no sólo mejorará la baja percepción que de ella se tiene actualmente, sino que se avanzará un poco más hacia una sociedad igualitaria; porque esa es una de las virtudes del derecho: la capacidad de hacer iguales a los hombres.