El nuevo escenario de las telecomunicaciones

Una decisión que debían tomar las dos más grandes empresas del negocio, tanto la española Telefónica, como la mejicana Claro; antes de que se les venciera el contrato de concesión por diez años que el Gobierno les había entregado en 2004 y con el que tuvieron la posibilidad de participar activamente en el negocio. Y aunque el plazo oficial culmina en marzo de 2014, los dos operadores debían radicar dicha carta tres meses antes.

El gobierno colombiano le entregó en concesión, a los dos grandes jugadores de las telecomunicaciones, una porción de espectro (25 Megahertz en la banda de 850 y otros 15 Megahertz en la de 1.900, para la española. A la mejicana los 15 Megahertz se le entregaron en 2004 por 9.8 años y los 25 restantes en el mismo tiempo que a su competidor y en las mismas bandas) que termina, por fecha, el año que entra. Por eso, previendo ese escenario, en la administración de Álvaro Uribe y bajo la dirección de la ministra María del Rosario Guerra, se expidió la ley 1341 de 2009, con la que se aseguraba, independientemente de que se acabara la concesión, la continuidad de los servicios de comunicaciones en Colombia.

Entonces se creó la figura de autorización, que se divide en Título Habilitante y Permiso de uso, que no es más que pasar de una concesión a una autorización de uso del espectro por parte de los operadores (un escenario en el que están Tigo, Une, DirecTv y Avantel) y con la que todos los usuarios de estas dos compañías, podrán seguir utilizando, por ejemplo, sus teléfonos. Por eso, tanto Telefónica como Claro, debían hacerle saber, por medio de una carta, su interés de mantenerse en el negocio y, además, de seguir adelante ya no con una concesión sino con esta autorización en donde el gobierno les da el permiso de uso y la posibilidad de poder prestar el servicio.

Ahora, el turno es para el gobierno, quien debe sacar cuentas y decirle tanto a Telefónica como a Claro, cuánto deben pagar por usar ese espectro para los próximos 10 años y la forma en la que van a pagar esas autorizaciones. Una opción es hacer en un solo pago, la otra probable es que hagan un primer giro del 20% del total y el 80% diferido hasta que se cumpla el período autorizado, que en este caso serían otros diez años.

Bajo este nuevo escenario, el gobierno podría recibir, si se toma como base el precio que pagaron estos mismos operadores en la pasada subasta de hace dos años, aclarando que eran condiciones de mercado distintas, unos US$100 millones por la banda de 1.900. Quedaría faltando la porción de la de 850, otro millonario pago en donde hay más porción de espectro y que tendrá que ser analizado con calma.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que con 10 años más de autorización, los operadores mantendrían sus planes de inversión e, incluso, los elevarían, más aún ahora que tanto Tigo como Telefónica anunciaron su entrada formal en la red de cuarta generación, con la que están en la capacidad de ofrecer a sus usuarios una velocidad de navegación y transmisión de datos 10 veces más rápida que la primera que se tuvo en Colombia.

Al cierre de esta edición, Claro estaba a punto de radicar su respectiva carta, pues por ley los dos operadores tienen hasta el 31 de diciembre de este año para hacerla conocer ante los jurídicos del gobierno y quienes reciben este tipo de documentos hasta ocho días antes de la fecha permitida. El ministerio, por su parte, “está dando el trámite al tema”, le dijo otra fuente cercana de la cartera a El Espectador.

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@EdwinBohorquezA