“Incidencia fiscal: de Dinamarca a Cundinamarca»

Sin duda es sobresaliente, que en medio de paros, la economía colombiana superase un crecimiento del 5%. Se notan en dichos resultados el buen desempeño de las construcciones de obras civiles, de edificaciones y de la inversión privada. De igual forma son muy buenos los comportamientos del sector agropecuario, aunque muy concentrados en café. Finalmente sigue siendo preocupante el comportamiento de la industria que no levanta cabeza, ni siquiera en el tan esperado mes de octubre, no obstante lo cual hay buenos indicios que el último trimestre será ligeramente mejor en este sector. Esta noticia anticipa un muy buen desempeño para el 2014, año en el cual el país va a crecer por encima del 5%, jalonado por sectores como las construcciones, la minería, las exportaciones (con una tasa de cambio más cercana a los 2.000) y posiblemente con la recuperación industrial.

Estas buenas noticias se completaron con la sanción presidencial de las Leyes de Presupuesto y de Incidencia Fiscal, que en el primer caso significará una cifra record en inversión pública. Pero quiero detenerme especialmente en la Ley de Incidencia Fiscal, que se convierte en un pasaporte de responsabilidad con la hacienda pública.

A la fecha es común oír escándalos de la Rama Judicial y altas cortes por “carruseles de pensiones”, montos de pensiones más allá de lo razonablemente aceptable, extraños acuerdos en el curso de la Reforma a la Justicia, tráfico de influencias, y muchos otros temas que le han restado la tradicional dignidad que tenía la Rama.

Pero era menos evidente, para la sociedad en general, el tremendo problema que la Rama Judicial le generaba a las Finanzas Públicas, con sentencias, y decisiones de tutelas, que se convertían en “huecos negros de las finanzas de la nación”, con un serio inconveniente para el futuro del país y para las generaciones más jóvenes que veían como el Estado debía meterse en costos imposibles de pagar en el mediano y largo plazo. Para no ir muy lejos basta revisar el trabajo de Sergio Clavijo en 2004, en el que se evalúa el impacto regresivo de las decisiones de la Corte Constitucional al generalizar la mesada 14 en las pensiones con un costo de 0,2% del PIB, o al invadir el resorte del Congreso de la República y del Banco de la República en los temas de vivienda y de tasas de interés (hecho que no es raro pues la Corte está acostumbrada a invadir los terrenos del Congreso en muchos más asuntos).

La ley de incidencia fiscal por lo menos deja en claro que debe haber límites o cuidado en la posición garantista de las Cortes, así como en la “tutelitis aguda” que lleva a preocupaciones de muchos economistas de cuando la Corte Constitucional en sus decisiones, propicia un gasto, ordena atender pacientes que no cotizan, ordena nivelaciones salariales que atentan contra el Estado y las Empresas, entre otros temas. 

La sostenibilidad fiscal es un principio casi tan importante como el de derechos fundamentales, porque en el mediano plazo una irresponsabilidad fiscal limitará los derechos fundamentales de las siguientes generaciones. Estamos pues generando un desequilibrio inter-generacional, que posiblemente no le importa a muchos, pero que hará por ejemplo que para la actual juventud vaya a ser muy difícil su vejez por las dificultades en sus beneficios sociales, justamente por los abusos de hoy.

Pues a partir de ahora, la salud fiscal de la Nación debe ser tenida en cuenta al tomar una decisión judicial o al proferir una sentencia, pues podrá ser objetada por el Gobierno o el Procurador por su impacto en las finanzas públicas. No significará esto violentar los derechos fundamentales, pero sí modular, diferir o darle gradualidad fiscal a la protección de dichos derechos, en función de los derechos de otros que esperamos vivir en una nación responsable fiscalmente con su propio futuro.

Este paso, significa que reconozcamos que el presupuesto nacional y la posibilidad de satisfacer necesidades y derechos en Colombia, reconocen que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca.