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El 8 de octubre de 2020, ad-portas de cumplirse un mes de la muerte violenta del abogado Javier Ordóñez, a manos de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda en el CAI Villaluz de Bogotá, Medicina Legal entregó una prueba definitiva en medio del juicio disciplinario contra ambos uniformados en la Procuraduría: las heridas mortales provocadas en el cuerpo de la víctima corresponden a un homicidio. El crudo desenlace de Ordoñez provocó una ola de protestas en la capital del país el 9 y 10 de septiembre en la que hubo una agresiva respuesta de la Policía y en la que murieron otras 12 personas. Ese caso no es el único. De acuerdo con la ONG Temblores, entre 2017 y 2019, la Policía Nacional habría cometido 289 homicidios, según datos de Medicina Legal.
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Las estadísticas recopiladas por el Observatorio de Violencia Policial de Temblores son alarmantes. De acuerdo con la información revelada, lograda a través de gestiones documentales, búsqueda en archivo y entrevistas a profundidad, la Policía sería responsable por el 45.2% de los homicidios atribuidos a la Fuerza Pública en Colombia. La ONG estableció que en 2017 ocurrieron 97 hechos, en 2018 hubo 103 y en 2019 la cifra se ubicó en 89, por lo cual podría definirse como una conducta consistente. “La Policía cometió un asesinato cada 3,8 días y casi dos asesinatos por semana. Es necesario preguntarnos el porqué de estas cifras tan altas en los homicidios cometidos: ¿responden a conductas dolosas? ¿son resultado de usos desproporcionados de la fuerza?”, dice el informe conocido por El Espectador.
La ONG encontró que ha sido limitada la respuesta de la Fiscalía para los hechos de homicidios atribuidos a la Policía. El ente investigador reportó que, de los 289 casos citados, se abrieron 103 investigaciones penales por homicidio doloso, en los cuales los uniformados tendrían plena consciencia de sus actos; tres investigaciones por feminicidio doloso; una por homicidio preterintencional -el cual se da cuando el resultado de la conducta violenta excede la intención del victimario-; y 20 por homicidio culposo, que podría imputársele a un uniformado que, por omisión o sin intención, termine con la vida de un ciudadano. Sin embargo, Temblores revela que de las 103 pesquisas solo se han impuesto dos condenas, lo que corresponde al 0,69% del total.
Sobre este asunto, la Fiscalía no entregó respuesta a El Espectador. Por otro lado, durante el periodo 2017-2019, Antioquia fue el departamento más golpeado por los índices de “violencia homicida” policial, pues en tal territorio 56 personas habrían muerto a manos de uniformados. Luego siguen Atlántico y Bolívar, con 46 y 37 crímenes respectivamente. De acuerdo con Medicina Legal, el escenario donde la Policía habría cometido el mayor número de crímenes de “violencia homicida” ha sido la vía pública, pues, de los 289 casos, 192 se presentaron allí. Esto representa el 66% del total, muy por encima del 7,9% que se estableció para incidentes dentro de viviendas, que es la segunda locación en la escala. Un ejemplo, en la protesta del “9S” los uniformados dispararon en la calle contra los manifestantes.
Durante aquella jornada, más de 200 personas resultaron con lesiones personales, producto de enfrentamientos con la Policía y extralimitación de las funciones públicas de los mismos uniformados. Uno de ellos, el estudiante de periodismo Diego Patiño, recibió una fuerte golpiza por cubrir los hechos en el CAI Santander de Fontibón. “Aún tengo cicatriz en el ojo derecho. Se hizo una denuncia contra la institución, porque no se pudo localizar al policía que me golpeó. Es complejo porque ninguno tenía su número de identificación y aparte tenían tapabocas”, dijo a este diario. Así como Diego Patiño, según la investigación de Temblores, entre 2017 y 2019, Medicina Legal reporta un total de 39.613 hechos de violencia física.
“De estas cifras podemos afirmar que se cometieron en promedio 36 hechos de violencia física policial al día y 253 a la semana. Es decir que, según estos cálculos, en Colombia cada mes ocurren más de 1.000 casos de violencia física policial”, explicó la ONG. Por otro lado, Temblores encontró que miembros de la institución serían responsables de 102 hechos de violencia sexual, cuyas principales víctimas serían las mujeres: el 80%. En el informe, además, se advierte que tales datos podrían ser mucho mayores, debido al subregistro de las autoridades. “Existe un silenciamiento significativo alrededor de la violencia sexual porque culturalmente está normalizada, muchas veces se traslada la culpa de esta a las víctimas, las instituciones responden con estigma y revictimización o no registran los hechos si no hay pruebas físicas”, advirtió la ONG.
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Según datos de Medicina Legal, Bogotá es la ciudad donde más se han registrado presuntos hechos de violencia sexual por parte de la Policía, con un total de 21 casos entre 2017 y 2019. El segundo departamento en el listado es Antioquia, donde se habrían presentado 10. A diferencia de la “violencia homicida” y física, en cuyos casos el principal escenario es la vía pública, Temblores logró establecer que en las viviendas se perpetran la mayoría de los crímenes de violencia sexual: el 37,3%: “En este sentido, la Policía actúa de manera diferencial frente a las mujeres no solamente por el tipo de violencia que utiliza contra ellas, sino porque reproduce sobre sus cuerpos las opresiones espaciales que las confinan a lo privado para allí domesticarlas”.
El pasado 19 de abril, durante la cuarentena obligatoria declarada por la emergencia nacional por Covid-19, una mujer fue detenida por agentes de la policía en Cali, quien denunció haber sido abusada sexualmente por miembros de la institución en un CAI al sur de la ciudad. De acuerdo con su versión, fue detenida en compañía de su pareja por infringir el aislamiento preventivo obligatorio y, luego de que el hombre saliera del centro de atención, pagando una suma supuestamente requerida por las autoridades, los uniformados se habrían aprovechado para accederla. “Tan pronto me enteré del presunto hecho, acudí a la Fiscalía para que ellos empezaran la investigación judicial”, explicó en su momento el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
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De acuerdo con Temblores, Medicina Legal le entregó un reporte de 102 hechos de violencia sexual atribuidos por los denunciantes a miembros de la Policía, de los cuales la Fiscalía decidió abrir un total de 42 investigaciones penales. La mayoría de tales pesquisas están relacionadas con el delito de acoso sexual: 29. Sin embargo, el ente investigador le explicó a la ONG que 10 de estas noticias criminales se archivaron y, a la fecha, no hay condenas en firme. “Cuando una mujer que es violentada acude a alguna de las rutas estatales de emergencia, es la Policía quien tiene potestad de entrar a su hogar para socorrerla. Sin embargo, paradójicamente, según los datos aquí demostrados, parece que dejar entrar a La Policía a la casa es estar en riesgo de sufrir violencia sexual”, agrega Temblores.
La ONG explicó, además, su proceso de investigación: “las conversaciones sobre el título del informe (”Bolillo, Dios y Patria”) y sobre los datos que recopilamos durante el proceso nos llevaron por el camino de imaginar otro Estado posible, en el cual el bolillo no sea el terror de quienes protestan, el Dios solo sea de quienes lo profesan y la Patria sea lo que nos prometieron en 1991: un Estado social de derecho”. La Policía Nacional, por su parte, y acatando una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre abuso de fuerza estatal, expidió un nuevo protocolo para responder oficialmente en la protesta social. En el documento, la institución se comprometió a escoger el diálogo y mediación por encima de cualquier caso.
Además, miembros la Policía recibirán capacitaciones en derechos humanos y principios básicos sobre el uso de la fuerza. Así mismo, los uniformados deberán dar aviso previo del uso de la fuerza a las personas que eventualmente se manifiesten en vía pública, “excepto en caso de inminente infracción penal o policiva, donde el policial debe actuar con base en el mandato constitucional, legal o reglamentario”. El artículo 34 de la nueva normativa indica que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) será la última instancia para controlar los posibles actos de violencia ciudadana y, entre otras determinaciones, miembros de la Policía no podrá utilizar armas de fuego en la prestación del servicio.
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En su momento, el entonces director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, se ha referido al accionar de sus unidades en casos de manifestaciones públicas, como en el Paro Nacional de 2019. Atehortúa explicó en diálogo con La W que “el grupo antidisturbios evitó que se generaran más catástrofes”, pues la protesta se tornó violenta y, además, estaba en riesgo la vida de la ciudadanía. “Nosotros vamos escalando, usamos las armas menos letales para evitar confrontaciones, pero cuando ya se están violando los derechos humanos actuamos con más contundencia”, agregó en entrevista radial.
Así mismo, tras las protestas del 9 de septiembre de 2020, producto de la muerte de Javier Ordóñez, el entonces director encargado de la Policía, el general Gustavo Moreno, explicó que “nadie dio orden de disparar, absolutamente nadie. Aquí están las autoridades que acompañan el ejercicio de la Policía Nacional; esto no es una anarquía esto es una democracia”, señaló en un puesto de mando unificado. Además, el entonces director de Seguridad Ciudadana, el general Jorge Luis Vargas -nuevo director general de la Policía- explicó que varias personas en el centro de Bogotá estaban haciendo actos de vandalismo con bombas molotov y “agredieron no solo a miembros de la Fuerza Pública, sino que afectaron familias y vendedores ambulantes”, señaló en rueda de prensa.
Por otro lado, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, en respuesta a las críticas que recibió como jefe de las Fuerzas Armadas, tras los desmanes del “9S”, explicó que la institución tiene toda la disposición para esclarecer hechos que puedan deshonrar el uniforme. “Y por supuesto que la Policía está dispuesta a continuar contribuyendo al mejor avance de las investigaciones para que las autoridades penales tomen las decisiones que correspondan según el nivel de responsabilidad que tengan, y de igual manera se viene actuando con otros policías que puedan estar presuntamente involucrados en violaciones a la ley”, explicó en una sesión que duró 7 horas.
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