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En San Carlos de Guaroa, un municipio llanero a 89 kilómetros de Villavicencio, en el Meta, con un poco más de once mil habitantes, el ambiente electoral por los comicios regionales que se avecinan está lleno de tensiones y posibles irregularidades.
Una de ellas quedó en evidencia cuando en el grupo de WhatsApp llamado “Secretarios Despacho” el alcalde de este municipio, César Alfonso Muñoz, les ordenó a sus secretarios ir a su casa para hacer llamadas de invitación a un evento político del candidato a la alcaldía para los próximos comicios, Carlos Alberto Pineda.
El primer mensaje lo escribió el 26 de agosto de 2023 el alcalde Muñoz y comprobaría lo que es una verdad a voces en este pueblo: la posible participación indebida en política para favorecer y hacerle campaña al candidato Pineda.
Después, en un video grabado por el alcalde Muñoz, se ve algunos de los funcionarios que llegaron hasta su casa “para hacer las llamadas”. Al final, se tomó una foto en donde aparecen los funcionarios que hicieron parte de la jornada.
En diálogo con El Espectador, Muñoz negó que las fotos, chats y videos de esa jornada sean participación indebida en política. Dijo, por el contrario, que se trató de una actividad “normal de la administración”. Cuando este diario le pidió más detalles atinó a decir que no se acordaba cuál era esa actividad.
César Alfonso Muñoz es un político de vieja data en San Carlos de Guaroa. A esta Alcaldía llegó con el aval del Partido de la U, en alianza con Cambio Radical, Mira y ASI. Cuando fue escogido alcalde para el periodo 2008 – 2011, también por el aval del partido de la U, fue suspendido un año antes de terminar su mandato e inhabilitado para hacer política por un proceso de responsabilidad fiscal, por irregularidades en la contratación de ese municipio, según la Contraloría. En 2014, le removieron la inhabilidad y buscó de nuevo llegar a la Alcaldía, pero solo lo logró para el periodo de 2020 -2023.
¿Contrato de campaña?
Los ojos de los entes de control y la ciudadanía de San Carlos de Guaroa también están hoy puestos en un contrato que el propio alcalde Muñoz diseñó hace menos de un mes. En el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) quedó registrado el contrato que el propio alcalde César Alfonso Muñoz publicó para “Transporte y suministro de material seleccionado de río para el mejoramiento de vías rurales” en este municipio, por un monto de $ 1,096,549,928, que según el cronograma se adjudica dos semanas antes de las elecciones de octubre.
Este diario pudo establecer que detrás de ese contrato, calcado de otros similares, hay un posible interés indebido de apropiación de recursos del municipio para hacer campaña a favor de Pineda. De hecho, varios funcionarios de la Alcaldía han ido alejándose de esta administración, antes de ver comprometida su carrera por las actuaciones de los entes de control, y otros le confirmaron a este diario que sí se han sentido coaccionados a votar por Pineda.
“Lo que va a pasar en ese contrato es predecible: el 30% se utiliza en maquinaria para tapar y alisar huecos, no se lleva ningún suministro de material adicional y así el otro 70% queda para hacer campaña las últimas dos semanas. Es común usar ese objeto contractual porque es muy difícil que las entidades, que suelen llegar seis meses después, puedan probar algo”, le dijo a este diario un ciudadano de este municipio que conoce a fondo cómo está la movida política.
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Consultado sobre el tema, el alcalde Muñoz aseguró que se trata de una contratación “normal”. “Eso es para mejorar las vías rurales, especialmente y no es la primera vez que lo hacemos. Siempre hemos estado muy atentos de las vías de nuestra gente”, dijo. Cuando se le cuestionó sobre si no consideraba que tiene un monto excesivo para el objeto del contrato, mencionó: “Son muchas vías del municipio las que se van a mejorar” y que solo se pagará en noviembre o diciembre, de acuerdo con la ejecución del mismo.
¿Permisos amañados para difundir propaganda?
En la Misión de Observación Electoral (MOE) reposan varias comunicaciones que señalan que el actual alcalde Muñoz también ha favorecido abiertamente a la campaña de Pineda en la difusión de propaganda en el municipio. “Se entrevé participación indebida en política por parte del alcalde y el secretario de gobierno, por cuanto aseveran que la Coalición San Carlos Avanza cuenta con autorización desde hace dos meses para difundir publicidad en sitios estratégicos del municipio, no obstante; dicha candidatura nació hasta hace un mes (el 29 de julio), lo cual comprueba lo direccionada que se encuentra la administración, que recepciona solicitudes sin que exista candidatura”, dice uno de los escritos, firmado por Luis Hernando Buitrago Cabeza, el gerente de la campaña “Somos todos por San Carlos”, que también tienen las entidades de control.
La campaña de Pineda se ha defendido diciendo que esto no es cierto que hayan sido favorecidos y que han seguido el conducto regular para solicitar estos permisos. “Obramos en derecho e hicimos la solicitud a la Alcaldía. Los puntos de publicidad están instalados donde se nos asignó”, dijo recientemente el candidato, quien llegó con el aval del Partido de la U, en alianza con el partido Fuerza de la Paz y Colombia Justa y Libre.
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El alcalde Muñoz le reconoció a El Espectador que en un principio sí se le dio un permiso a la campaña de Pineda para poner su propaganda en las calles, pero que luego se realizaron los comités de seguimiento electoral en donde “se realizó el respectivo sorteo con todos los interesados en estos comicios regionales”. “Estos comicios se están adelantando con total imparcialidad y transparencia para que todo el mundo pueda asistir a este certamen electoral”, agregó.
Participación en política, un mal extendido
La participación indebida en política por parte de funcionarios no es un mal que solo está enturbiando las elecciones regionales en este municipio llanero. De acuerdo con los reportes de la MOE, se han registrado 892 irregularidades electorales a través de la herramienta de Pilas con el Voto y 311 de ellas hacen referencia a la participación indebida en política por parte de funcionarios públicos, desde el 29 de octubre de 2022 a la fecha.
“Estos casos se refieren a la utilización de recursos de la administración para favorecer campañas, así como las presiones que se generan sobre subalternos o particulares para que voten en un determinado sentido o respalden alguna campaña, como la obligación a asistir a eventos o la utilización de redes para favorecer a ciertos candidatos”, detalló Camilo Mancera, coordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE, la plataforma de organizaciones de la sociedad civil, que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
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Por Natalia Herrera Durán
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