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Alguna vez el ex presidente Lleras Restrepo dijo que este país estaba descuadernado.
Hoy vuelve a estarlo. En esta misma columna, el 31 de octubre, me permití escribir sobre la amenaza de un fenómeno de deterioro institucional que puede generar efectos deletéreos sobre el Estado de Derecho. En medio de un proceso de paz que avanza en forma esperanzadora, el país se está convirtiendo en un escenario de polarización y de confrontaciones. No son diferencias doctrinarias de las cuales surjan debates políticos, sino peleas con altos contenidos de ofensa personal.
La pelea es en la cumbre de las tres ramas del poder público, de los organismos de control, de los partidos políticos, incluso de organizaciones no gubernamentales. Se enfrentan todos contra todos en un lamentable espectáculo del cual participan algunos ex presidentes de la República. El preocupante sonido de aquellas cumbres borrascosas encuentra eco en medios de comunicación que aúpan el enfrentamiento institucional. La prensa, por supuesto, debe dar testimonio de lo que ocurre y ejercer una crítica que interprete la inconformidad de los diversos sectores sociales. Pero eso es distinto a fabricar opinión o inducir decisiones relacionadas con la vida ciudadana.
El fenómeno se agudiza ahora por cuenta de la decisión del procurador frente al alcalde de Bogotá. O mejor al revés: por cuenta de la reacción del alcalde. Como dice el periodista Antonio Caballero, el llamado a la rebeldía de Petro es una mala señal para la democracia. Aunque dejó constancia de que convocaba a una movilización pacífica, su lenguaje fue sobrecargado, agresivo, visceral. El semanario “The Economist” anota que el procurador y el alcalde son una especie de cruzados morales, el primero estimulado por el tradicionalismo conservador de su talante y el segundo por la veta autoritaria, incluso arrogante, de su personalidad.
Para completar semejante cuadro, la polémica fue atizada por el Fiscal general cuya actitud, en momentos como éste, resulta imprudente. Por fortuna el gobierno, a través del ministro de justicia, declaró cancelado el debate al expresar que “no valida ni invalida la decisión del procurador”. Es una forma de despejar el camino hacia la solución jurídica definitiva, independientemente del derecho que tienen los seguidores del alcalde a expresarle su respaldo político y a manifestar las razones de su protesta.
Desconozco la providencia del procurador. No sé si relaciona los artículos 272 y 323 superiores, o el decreto ley 1421/1993 expedido para Bogotá, con el decreto ley 262/2000 que señala las funciones de la Procuraduría, el cual es posterior al primero. Vale la pena recordar que hay sentencias, como la C-229/95 de la Corte Constitucional, que se ocupan de las facultades del procurador. En todo caso preocupan estas peleas en la cumbre, que se están volviendo crónicas, cuando los colombianos necesitan aclimatar una cultura de la democracia. Nadie puede hacer lo que quiera en un Estado de Derecho. Y las autoridades no sólo deben ser respetuosas de él, sino también parecerlo.
*Ex senador y profesor universitario, @inefable1
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