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Desde junio de 2018 la Fiscalía radicó en la Corte Suprema el escrito de acusación para llevar a juicio al entonces gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por el esquema de corrupción conocido como el “cartel de la hemofilia”. Según el ente investigador, se trata de un entramado criminal del que habría participado el hermano del condenado congresista Musa Besaile, que, al parecer, giró dinero público a una IPS para tratar a personas que, en el papel tenían esta condición, pero que en realidad no existían. Año y medio después de culminadas las pesquisas, Besaile sigue sin ser llamado a juicio.
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El Espectador conoció detalles de los recursos, demoras y hasta trabas que han ralentizado el caso. El meollo del asunto está en el rol del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien quedó al frente del expediente en la Sala de Primera Instancia, pero manifestó estar impedido, pues antes de llegar a ese cargo había sido procurador y, en esas funciones, intervino en las audiencias de imputación y medida de aseguramiento de Besaile, cuando recién el proceso comenzaba. El impedimento de Caldas sirvió, ahora, para que la Sala Penal pusiera reglas de cómo proceder en casos así.
Antes, un poco de contexto. De acuerdo con la Fiscalía, Besaile participó directamente en el cartel de la hemofilia y por eso debe responder por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. El ente investigador asegura que, con el visto bueno del entonces gobernador, se pagaron más de $1.500 millones a la IPS San José de la Sabana para atender a pacientes de hemofilia que nunca existieron. El dinero, al parecer, se utilizó para financiar su campaña política a la Gobernación. Por este caso, Besaile fue suspendido de su cargo y hasta sancionado por la Procuraduría.
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En un par de meses, la Fiscalía imputó a Besaile y tuvo listo el escrito de acusación para llevarlo a juicio. Este documento fue radicado en la Sala Penal de la Corte en junio de 2018 y cayó en el despacho del magistrado Eyder Patiño. Sin embargo, un mes más tarde ya estaba en funcionamiento Sala de Primera Instancia, creada por una reforma a la Constitución para darle la posibilidad a congresistas y altos funcionarios de impugnar sus condenas. Así las cosas, Patiño remitió el caso a la nueva sala y allí llegó a la oficina de Caldas, quien apenas en febrero de este año manifestó estar impedido.
Resulta que, siendo procurador, Caldas pidió que enviaran a Besaile a la cárcel de manera preventiva, algo que no terminó ocurriendo. Y, cinco meses más tarde, en julio, sus compañeros de la Sala de Primera Instancia revisaron el impedimento y decidieron que no procedía, obligando al magistrado a seguir al frente del caso. “Esa intervención carece de la connotación suficiente para configurar la causal impeditiva invocada, dado que en la audiencia de imputación no se cuenta con pruebas en el sentido estricto y puede suceder que los elementos materiales no lleguen a incorporarse en el juicio”, concluyeron entonces.
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Pero cuando en septiembre de este año iba a iniciarse la audiencia en la que se llamaría a juicio a Besaile, las actuaciones previas de Caldas salieron otra vez a flote. La defensa del exgobernador lo recusó y pidió que se declara la nulidad de todo lo actuado desde que se negó el impedimento. A las pocas semanas Caldas negó el recurso y envió el asunto a sus compañeros de sala. El 7 de octubre siguiente, la Sala de Primera Instancia se opuso a lo que pedía Besaile y negó que Caldas estuviera impedido, aunque, el propio magistrado escribió en la decisión: “mi imparcialidad sí se vio comprometida por haber intervenido sustancialmente en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento”.
El abogado de Besaile apeló esta nueva decisión y fue así que el asunto llegó a la Sala Penal, año y medio después de que había salido de allí el expediente. Según la defensa del exgobernador, no eran los dos compañeros de sala de Caldas quienes debían determinar si él estaba impedido o no, sino sus superiores: los magistrados de la Sala Penal. Al magistrado Luis Antonio Hernández le correspondió, entonces, determinar si la Sala de Primera Instancia se había equivocado y aprovechó para definir si, en el futuro, podría decidir sobre impedimentos y recusaciones de sus miembros.
En la decisión, la Sala Penal escribió: “cuando el impedimento sea manifestado por un Magistrado de la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia, lo conocen los demás que conforman la Sala, quienes se pronunciarán en un término improrrogable de tres días. Aceptado el impedimento, se complementará la Sala con quien le siga en turno y si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez. Si no se aceptare el impedimento, la actuación pasará a la Sala de Casación Penal para que dirima de plano la cuestión”. Es decir, los magistrados debieron enviar el tema a sus superiores, pero no lo hicieron.
Así las cosas, el abogado de Besaile terminó teniendo la razón y la Sala Penal anuló todo lo actuado desde que Caldas se declaró impedido. Ahora, la Sala de Primera Instancia deberá volver a estudiar el tema y darle el trámite que definieron sus superiores. Un trámite que traerá una nueva demora al caso del exgobernador de Córdoba, quien desde el comienzo del proceso se ha declarado inocente y continúa en libertad, pese a las varias sanciones que acumula por la corrupción que marcó su gestión.
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