La realidad y las leyes

No obstante, pareciera lo contrario. Pareciera existir la creencia de que, las leyes, como instrumentos mágicos dotados de poderes inconmensurables, fueran capaces de cambiar la realidad. Y la realidad, cuando se refiere a conductas sociales arraigadas y fuertes, no se cambia con leyes o, al menos, no se cambia de manera radical.  El pulso natural de las cosas es que cambiemos la sociedad –generalmente a través de adecuadas políticas públicas- para que, una vez admitidas dichas conductas, podamos regularlas, a través de la ley, adecuadamente.

Pero miren ustedes que no.  Y para muestra, un botón…o mejor dos. La ley contra los conductores ebrios y la regulación de violencia intrafamiliar. Suceden varios hechos lamentables en Bogotá –en el resto del país también ocurren pero apenas tienen repercusión- en el que se ven involucrados conductores borrachos que producen víctimas mortales y se forma el escándalo. La primera solución propuesta –la que parece gustar para casi todo- es el aumento de las penas y, sobre todo, las penas de cárcel. Con cárcel se arregla prácticamente todo. Y por eso corría tanta prisa aprobar la ley para las Navidades. Ya se sabe, con ley, la solución mágica, ya no habrá borrachos conduciendo ni más tragedias familiares. No obstante, la realidad es otra. Los conductores ebrios son el ejemplo clásico de infractores culposos, gente que infringe la ley sin querer hacerlo porque están convencidos de que, a ellos, el beber no les afecta. Eso es una cosa que les pasa a otros. Y por eso tienden a reincidir en sus conductas independientemente de las sanciones o de la cárcel. Son gente que cree que, aún bebidos, pueden conducir porque “saben beber”. Lo saben bien los franceses y los españoles que, además de tener legislaciones adecuadas, llevan décadas haciendo campañas de prevención y concienciación y que, sólo tanto tiempo después, comienzan ahora a ver sus frutos. Hacer entender que el saber manejar con tragos no existe, es mucho más difícil que promulgar una ley.

Y qué decir de la violencia intrafamiliar o de la violencia de género. A pesar de la dureza de la ley, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y toda clase de violencia contra las mujeres es una realidad indudable. En las Comisarías de familia de todo el país, no es extraño ver madres o padres que agreden a sus hijas adultas, no sólo no arrepintiéndose de sus actos execrables sino enorgulleciéndose de ellos; esposos que violan a sus compañeras de vida convencidos de que están en todo su derecho porque para eso se casaron o niñas que – como declaraba hace unos meses en la revista Semana (21 al 28 de octubre de 2013) la activista María Cristina Hurtado- crecen creyendo que el pegar a las mujeres es tan natural como la lluvia. Cuando hechos criminales de estas características, especialmente si son mediáticos y aterradores –como la violación, empalamiento y asesinato de Rosa Elvira Cely- se producen, la reforma o promulgación de la ley milagrosa vuelve a surgir a la palestra. Poco importa que las penas ya fueran altísimas. Siempre se reclama más. Como si estos criminales –que muchas veces no tienen conciencia de serlo- actuaran viendo de reojo la ley milagrosa. Nadie habla de las causas de esas conductas. Nadie habla de políticas de igualdad activa que enseñen que los hombres y mujeres son, no sólo sobre el papel sino en la vida diaria, sujetos de los mismos derechos y obligaciones. Nadie reclama una Ley de Publicidad –como existe en Alemania, España o en el Reino Unido- que prohíba la publicidad sexista y denigratoria contra la mujer colocándola, generalmente en tono humorístico, en conductas estereotipadas o discriminatorias. Nadie enseña que no hay una sola mujer en Colombia que sea propiedad de un hombre. Y luego nos extrañamos de los asesinatos sobre mujeres porque “era mía” o de las agresiones sexuales porque “llevaba falda y me provocaba”.  Eso sí, la ley poderosa aplicará sus penas durísimas hasta que el próximo caso vuelva a producirse porque, si algo resulta evidente, es que entre sus poderes no se encuentra el disuasorio. La disuasión sólo se logra con educación, con políticas públicas correctas que brillan por su ausencia.

Definitivamente, las leyes deberían promulgarse de manera reflexiva conforme a políticas públicas y criminales coordinadas y definidas; no a golpe de noticiero. No obstante, y a pesar de todo, sigo coincidiendo parcialmente con Bismark: prefiero seguir sin saber cómo se hacen las salchichas.