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Puede que el nombre Telecall le resulte extraño, pues su presencia en el mercado colombiano y en la prensa no ha sido tan protagónico, pero es relevante, porque le adeuda más de $41.000 millones a la nación.
Aunque muchos conocimos Telecall a finales de 2023, cuando se dieron los nombres de las empresas que participaron en la subasta del 5G, junto con Claro, WOM y la unión temporal conformada por Tigo y Movistar, esta empresa ya tiene un largo recorrido en la industria, por ejemplo, en Brasil (de donde es originaria) tiene una experiencia de más de 30 años.
Para entender mejor la novela que contaré, hay que saber que el espectro radioeléctrico es como una carretera con varios carriles (las redes 3G, 4G y 5G), por cuyo uso se debe pagar al ser un bien público.
Telecall se comprometió con el Ministerio de las TIC a pagar $318.333 millones por el derecho a usar, por 20 años, una parte de ese carril. A esto se suman unas obligaciones de hacer, que consisten en brindar acceso a internet a 343 instituciones educativas, desplegar fibra óptica en zonas rurales y brindar cobertura de telecomunicaciones en seis carreteras secundarias de la nación. Además de invertir otros $97.120 millones.
Tras la subasta, todos posaron sonrientes para la foto, pues detrás de este negocio estaba el inicio de una nueva era para las telecomunicaciones en Colombia. La trama de esta historia comenzó a volverse compleja cuando esta empresa incumplió con el primer pago, el cual debió hacer el 12 de noviembre del año pasado por $41.383 millones.
Según le explicó a El Espectador el representante legal de Telecall, Iván Mantilla, los ruidos de inestabilidad en el sector de las telecomunicaciones hicieron que su socio inversionista retirara los fondos de este proyecto, lo que les impidió cumplir con ese pago.
Un breve paréntesis para ponernos en contexto. Es verdad que las turbulencias en la industria de las telecomunicaciones han golpeado a las empresas. Hay que recordar, por ejemplo, que a finales de 2023 Tigo requirió una capitalización por $600.000 millones, sin los cuales habría enfrentado problemas financieros que la hubieran llevado a la bancarrota. También WOM, empresa que entró en reorganización empresarial ante la imposibilidad de pagar sus deudas y se mantuvo a flote tras el salvavidas que le llegó de una firma de inversionistas de Estados Unidos (SUR Holdings). Claro y Movistar tampoco se salvan, pues han sufrido los estragos de la caída de sus ingresos (en lo que los conocedores del sector llaman el ARPU). En todas, la situación es la misma: sin un fuerte brazo inversionista estarían caminando al filo del despeñadero.
Volvamos con Telecall. Mantilla explica que sin esa fuente inversionista, la empresa se vio presionada a reactivar su búsqueda de capital. No lo encontró antes del plazo y, por eso, incumplió su obligación. No obstante, afirma que ese problema de capital ya empezó a solucionarse y que desde noviembre le han manifestado al Ministerio de las TIC (Mintic) su interés de llegar a un acuerdo de cumplimiento que le permita pagar a la nación lo que corresponde; es decir, el primer pago más la indexación (el IPC) y los intereses de mora que se hayan causado (lo que implicaría unos $46.000 millones).
La entidad confirma que Telecall le ha extendido varias propuestas. Una el 12 de diciembre, otra el 27 del mismo mes y una más el 8 de enero de este año. No obstante, todas han sido negadas porque considera que los argumentos presentados “no demuestran un impedimento para cumplir con sus obligaciones”. En decir, a la cartera no le consta que el operador no pudiera hacer el pago.
Mantilla no está de acuerdo, pues argumenta que informaron con antelación al Mintic de sus problemas financieros, así como la imposibilidad de predecir todos los vientos adversos por los que pasó el sector de las telecomunicaciones el año pasado. Añade que le solicitaron un trato similar al de WOM (a la que el Mintic le dio hasta 2029 para comenzar a pagar sus obligaciones, que serían unos $644.000 millones, según explicó en su momento el ahora exministro Mauricio Lizcano), pero que no se lo han brindado.
Sobre esto último hay que aclarar que, a diferencia de Telecall, WOM sí entró en un proceso de reorganización empresarial (lo que para el Ministerio de las TIC es una certeza de una incapacidad de pago, pues es la Superintendencia de Sociedades la que determina si una compañía puede o no acogerse a este principio que permite la ley).
Le preguntamos a Mantilla por qué Telecall no se acogió también a la Ley de Insolvencia, a lo que respondió que lo consideraron, pero que la ley no se los permite porque, en sus palabras, no son una empresa establecida y, por tanto, no cumplen con los requisitos mínimos. “Hicimos la evaluación y por ser un operador que apenas llega, que está en una fase preoperacional y aún no tiene una serie de activos, ingresos ni deudas largas con muchos proveedores, no aplicamos, por eso se descartó”. Le preguntamos a la superintendencia sobre esto y la respuesta fue concisa: “Cualquier empresa puede entrar en reorganización”.
Tras la negativa del ministerio, la cartera abrió una investigación administrativa, mientras Telecall ha insistido en que les acepte una propuesta de pago. “Seguimos haciendo el llamado al ministerio y radicando la información que corresponde para mostrarle el estado en el que estamos”, precisa.
La nueva propuesta de Telecall
La buena noticia es que Telecall ya tiene nuevos inversionistas, la no tan buena es que dependen del Mintic para que estos inyecten los recursos. Mantilla explica que no enviarán la plata hasta que tengan certeza de que la cartera aceptará su propuesta, pues si la respuesta es negativa perderán los costos transaccionales, más el eventual cambio de la divisa.
La propuesta es la siguiente: pagar de manera inmediata $18.000 millones (que corresponden al 40 % de la deuda), y que se dé un plazo de 15 días hábiles (por un tema de dolarización, monetización y cuentas de compensación a través del Banrep) para pagar el resto de la deuda con sus respectivos intereses, así como una póliza de cumplimiento que ya está aprobada por Seguros del Estado. En suma, en un mes y 15 días se resolvería el problema.
Mantilla considera que esta propuesta es legalmente viable, pues, según lo consignado en la Resolución 498 de 2024 (que enmarca la adjudicación del espectro para Telecall), si no pagan el ministerio tendría que declarar un procedimiento administrativo para que el operador cese su conducta de no pago.
“No hemos llegado ni siquiera a la apertura del proceso administrativo sancionatorio, porque por ahora lo que hizo el ministerio fue una verificación del incumplimiento, estamos a tiempo y hemos manifestado con la suficiente antelación nuestro deseo permanente de corregir esta falla y de pagar a la nación lo que corresponde”, concluye.
De momento, Telecall está a la espera de cómo se desenvuelve el asunto. Si una persona desea visitar la dirección que aparece en su registro de Cámara y Comercio se llevará la sorpresa de que le dirán que ahí no quedan oficinas de Telecall, pues allí lo que opera es su back office (que se llama Excelia). Tampoco ha empezado procesos de contratación ni adquisición de activos. Lo que sí tienen, según manifestó Mantilla, son unos contratos con empresas de torres y proveedores de radio para cumplir con sus obligaciones de hacer.
Los próximos pagos que debe hacer Telecall, correspondientes a la contraprestación por el uso del espectro para operar la red 5G en el país, comenzarán a cobrarse en 2028. Serán más de $11.200 millones que tendrá que pagar cada mes de marzo año tras año, hasta 2043. Sus obligaciones de despliegue también implica que, como mínimo, pongan cada año una estación base por cada 100.000 habitantes en Bogotá o en ciudades con una población que supere las 500.000 personas.
También consultamos al Mintic sobre la eventual aprobación de esta y otras propuestas. La cartera fue enfática en decir que, según lo establecido en la resolución, el incumplimiento del primer pago se entiende como una verificación de la condición resolutoria. “Así entonces, dado que en el mismo permiso previa un procedimiento especifico de cara al no pago del 13 % de la contraprestación económica, no es posible aplicar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo. Por ende, desde el punto de vista jurídico, en esta instancia no es procedente la implementación de un acuerdo de pagos”, puntualizó la cartera.
Sobre las acusaciones de Emilio Tapia
Aprovechamos el espacio con Mantilla para preguntarle sobre las declaraciones que hizo en su contra Emilio Tapia (apodado Zar de la Contratación y condenado por corrupción en los casos de Centros Poblados y Emcali). En efecto, Tapia dijo que Mantilla —que era viceministro de Conectividad en el Ministerio de las TIC en la fecha del escándalo de Centros Poblados— fue el responsable de dilatar el proceso para que él, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro se hicieran al famoso contrato a través de la Unión Temporal de Centros Poblados.
Mantilla respondió: “No conozco al señor Emilio Tapia, nunca he estado en contacto con él ni con esas personas. Como viceministro de Conectividad, yo no era responsable de los procesos de ordenación de gasto ni de contratación. Sí fui responsable de la estructuración técnica del proyecto y de su necesidad, mas no de la estructuración de pliegos, ni de la revisión, ni de la evaluación, ni de la revisión de garantías, ni absolutamente nada de ese proceso”.
Añadió que hasta la fecha no ha sido notificado por ninguna autoridad sobre su vinculación a algún proceso de investigación relacionado con ese tema. “Entiendo que la Procuraduría y la Contraloría ya fallaron en esos casos y no fui vinculado a esos procesos”, concluyó.
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